El principio de justicia universal se está aplicando cada vez más: así es cómo funciona
El principio de universalidad exige la persecución de delitos graves en todos los Estados del mundo. Establecido después de la Segunda Guerra Mundial, su uso empezó a generalizarse todavía en los últimos años, también en Suiza. ¿Por qué es así? ¿Y cómo funciona?
Suiza necesita un punto de conexión si quiere perseguir un delito y llevar a juicio a sus autores. Existen dos condicionantes: los hechos deben haberse cometido en Suiza o bien los presuntos autores o víctimas del delito tienen que poseer la ciudadanía helvética.
El denominado principio de jurisdicción universal rompe con estos prerrequisitos. En el caso de delitos muy graves, todos los Estados están autorizados a perseguir y a denunciarlos, incluso si no concurre ninguno de los tradicionales puntos de conexión.
La idea detrás es que algunos crímenes son tan graves que la entera comunidad internacional tiene un interés en perseguirlos. Bajo el principio de jurisdicción universal caen, por lo tanto, los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y la tortura.
En tiempos recientes han aumentado las causas judiciales basadas en el principio de universalidad, sobre todo en Suiza. A continuación, ofrecemos respuestas a las preguntas más importantes en torno a esta cuestión.
¿Cómo surgió el principio de justicia universal?
El principio de jurisdicción universal se instituyó después de la Segunda Guerra Mundial. Se asentó por primera vez en las Convenciones de Ginebra de 1949. También tratados internacionales posteriores incorporan el principio, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Sin embargo, los Estados empezaron a recurrir al principio de universalidad todavía en los años 1990. “Después de los Procesos de Núremberg y Tokio en los años 1940, el derecho internacional perdió impulso”, explica Anna Petrig, profesora de Derecho Internacional y Derecho Público en la Universidad de Basilea. La Guerra Fría, con el enfrentamiento entre los dos bloques, impidió en gran medida el ulterior desarrollo del derecho internacional y también del derecho penal internacional porque las instituciones internacionales no podían hacer su trabajo, comenta la experta.
No fue hasta la caída del telón de acero que los debates en torno al desarrollo del derecho penal internacional se intensificaron en el ámbito mundial. Los gobiernos y la comunidad científica empezaron a elaborar diferentes principios jurídicos y cada vez más Estados incorporaron el principio de universalidad a sus códigos penales, lo cual es una condición necesaria para celebrar los juicios en sus propios tribunales.
El éxito definitivo llegó en 1998 con la acusación del exdictador chileno Augusto Pinochet por las autoridades fiscales españolas: se trató del primer proceso que se llevó a cabo basándose en el principio de jurisdicción universal. Este procedimiento sirvió de modelo a otros Estados y elevó la presión para encausar penalmente a los responsables de delitos contra el derecho penal internacional.
Augusto Pinochet, ex presidente de Chile, fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 a raíz de
una orden de detención cursada por un tribunal español que lo acusaba de violaciones de derechos humanos
—como asesinatos, torturas y desapariciones— cometidas durante su mandato en Chile entre 1973 y 1990.
España solicitó la extradición de Augusto Pinochet para que fuera procesado en España. Bélgica,
Francia y Suiza también cursaron solicitudes de extradición.
Los abogados de Augusto Pinochet impugnaron la detención y la extradición alegando que su condición
de exjefe de Estado lo hacía inmune al procesamiento.
En marzo de 1999, la Cámara de los Lores, tribunal de máxima instancia del Reino Unido, resolvió que el proceso de extradición a España debía continuar, pero Pinochet fue devuelto a Chile en marzo del 2000 con el argumento de que no estaba en condiciones de
salud para soportar un juicio. No obstante, la resolución de la Cámara de los Lores sentó un importante precedente sobre la inmunidad y la jurisdicción universal.
(Fuente: Amnistía Internacional, AIEnlace externo)
¿Por qué hay cada vez más causas que se basan en el principio de jurisdicción universal?
En los últimos años, la aplicación del principio de jurisdicción universal se ha extendido ampliamente. En la Unión Europea, el número de casos ha aumentado un 44 %Enlace externo entre 2016 y 2021; y a escala mundial, se registró un aumento del 33 % entre 2022 y 2024Enlace externo.
En Suiza hubo una evolución similar. Durante mucho tiempo, el país alpino no era muy activo, reconoce Petrig. Pero esto cambió cuando el Tribunal Penal Federal en Bellinzona condenó por primera vez a una persona sobre la base del principio de justicia universal en 2021. Entonces, el tribunal declaró culpable al comandante liberiano Alieu Kosiah por crímenes contra la humanidad.
Luego, en mayo del presente año, el Tribunal Penal Federal condenó al exministro gambiano del Interior Ousman Sonko por diversos crímenes contra la humanidad a una pena privativa de libertad de 20 años.
Según Petrig, ha comenzado un proceso de “normalización” del principio de jurisdicción universal: “Con cada causa que los Estados llevan a los tribunales, aumenta la aceptación y normalización de este tipo de procedimientos”, señala. Entretanto, muchos países han creado unidades especializadas para perseguir y enjuiciar los delitos del derecho penal internacional, insiste la jurista.
¿Qué papel tienen las ONG?
Otro factor que contribuye al aumento de los procedimientos son las ONG, que denuncian cada vez más casos ante las autoridades judiciales, señala Petrig. Una ONG líder en este campo es Trial InternacionalEnlace externo, que se fundó en Ginebra en 2002 para que las violaciones del derecho internacional no se quedaran impunes.
El principio de justicia universal es un elemento primordial de la misión de Trial Internacional. La ONG ha iniciado varios casos en Suiza, Francia y en otras partes del mundo. Mantiene una base de datos sobre los casos en curso y los ya concluidos y publica cada año un informe. Además, interpone demandas. La causa contra Ousman Sonko, por ejemplo, se abrió gracias a una denuncia de Trial Internacional.
“Gracias a nuestra red de contactos obtenemos información sobre la presencia de personas sospechosa en Suiza o en otros países. En nuestro sitio web ofrecemos también un formularioEnlace externo, a través de cual pueden ponerse en contacto con nosotros sobre todo las víctimas o los testigos. También desarrollamos investigaciones propias”, expone Benoit Meystre, asesor jurídico de Trial Internacional.
En Suiza, la organización solo puede presentar una denuncia si la persona inculpada se encuentra en territorio nacional. Es solamente en este supuesto que las autoridades judiciales helvéticas están habilitadas para abrir diligencias.
Es por este motivo que la ONG investiga si un potencial criminal se encuentra en el país alpino o cuándo tiene previsto visitarlo. Dado que muchas organizaciones internacionales tienen su sede en Suiza, es algo que ocurre con regularidad, por ejemplo, cuando una persona buscada asiste a una conferencia o acude a una cita con su banco, señala Meystre.
¿Qué relevancia política tienen los procesos judiciales?
Otra cuestión es si las autoridades realmente abren diligencias y con qué ambición las llevan adelante. Petrig destaca la importancia de la situación política: “Según el caso, puede haber temores sobre posibles rupturas de las relaciones diplomáticas o tensiones con el Estado de origen del potencial criminal”, señala.
También hay ciertos Estados que conscientemente protegen a otros Estados, explica Petrig. El presidente ruso Vladímir Putin, por ejemplo, viaja al extranjero a pesar de la orden de detención por crímenes de guerra que se decretó contra él. Sin embargo, solo visita los países amistosos de Rusia, donde sabe que no tiene que contar con ser arrestado.
En la celeridad y exhaustividad de las diligencias que una autoridad judicial conduce, también influye el cuerpo de funcionarios. Desde enero de 2022, Stefan Blätter dirige la Fiscalía de la Confederación. Declaró que el derecho penal internacional sería una de sus prioridades. Desde que Blätter asumió el cargo, estamos observando una “evolución positiva”, reconoce Meystre.
¿Qué podría hacer mejor Suiza?
A pesar de ello, Meystre ve aún mucho margen de mejora en Suiza. Francia, Alemania y los Países Bajos, por ejemplo, disponen de muchos más recursos en el derecho penal internacional. “En comparación, Suiza lleva mucha desventaja”, dice.
Si hubiese más personal especializado en Suiza, tardarían menos las diligencias y serían más eficaces. También Petrig atribuye importancia a este factor. Si consideramos que los delitos denunciados muchas veces fueron cometidos hace ya varias décadas, existe el peligro de que sus perpetradores fallezcan antes de que se dicte sentencia, recalca.
Petrig menciona el caso reciente del exministro de Defensa argelino Khaled NezzarEnlace externo: esta causa se hubiese dirimido en los tribunales suizos en junio y julio de 2024, doce años después del inicio de las diligencias. Sin embargo, el reo falleció a finales de diciembre de 2023, razón por la que se tuvo que suspender el juicio.
En la causa contra Ousman Sonko, Meystre ha detectado otro déficit del procedimiento suizo: “La traducción ha sido deficiente.” Trial Internacional solicitó la traducción al inglés del entero procedimiento. El tribunal, sin embargo, determinó que solo se tradujera lo esencial.
“Las querellantes, el imputado, pero también los periodistas gambianos no entendieron nada, y eso a pesar de lo fundamental que hubiese sido una información adecuada sobre el proceso en el lugar de comisión de los delitos”, lamenta Meystre.
¿Cómo evolucionará el principio de universalidad en el futuro?
Tanto Anna Petrig como Benoit Meystre creen que la aplicación del principio de jurisdicción universal se extenderá cada vez más a los procesos contra empresas, como la causa judicial contra dos exjefes de la multinacional petrolera Lundin que se está instruyendo en Suecia desde 2023.
Ambos exdirigentes son sospechosos de haber pagado al Ejército de Sudán durante la guerra civil en aquel país para que expulsara a la población de las regiones ricas en recursos petrolíferos, despejando así el terreno a Lundin para que pudiera hacer allí buenos negocios. Con Alex Schneiter, exconsejero delegado de la empresa, también está encausado un ciudadano suizo.
También la protección del medio ambiente podría convertirse, progresivamente, en un asunto para el principio de jurisdicción universal, vaticina Meystre. En la actualidad, Trial Internacional registra tres causas judiciales en este ámbito, que tienen que ver con el saqueo de madera y otros recursos naturales en zonas de guerra. El aumento de los casos y la extensión de su aplicación demuestran que el principio de jurisdicción universal sigue vivo y que se están sancionando los delitos contra el derecho internacional.
Se trata de un mensaje potente, opina Petrig: “Actualmente, es imposible abrir un periódico sin leer algo sobre violaciones masivas del derecho internacional. Pero llegará la hora en que al menos algunos de los responsables tendrán que pagar por ello, aunque haya que esperar décadas”. El principio de justicia universal al menos puede ofrecer esa esperanza a las víctimas de los conflictos, concluye.
Texto adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela / Carla Wolff
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