Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo

Los negocios de Glencore en la RDC han provocado protestas a lo largo de la última década. En esta imagen, personas de la RDC y otros países protestan frente a la sede de la multinacional Glencore, en Zug, Suiza, el 23 de julio de 2018. Keystone / Urs Flueeler

Después de que la Fiscalía suiza multara al grupo de materias primas Glencore con 2 millones de francos suizos (2,3 millones de dólares) y le condenara a pagar una compensación de 150 millones de dólares por corrupción en la República Democrática del Congo (RDC), un legislador suizo se ha hecho eco de las demandas de las ONG congoleñas de que al menos una parte de estas indemnizaciones se destine a la RDC, en lugar de quedarse en las arcas del Estado suizo.

Tras una investigación de cuatro años, el Ministerio Público de la Confederación (MPC) dictó una orden penal contra Glencore el 5 de agosto de 2024, declarándola culpable de no haber tomado todas las medidas necesarias para prevenir la corrupción en la RDC.

La fiscalía concluyó que se pagaron sobornosEnlace externo por la adquisición de derechos mineros en la RDC en 2011. Las investigaciones del MPC revelaron que alrededor de 26 millones de dólares se dirigieron desde cuentas suizas a un empresario extranjero, una figura cercana al gobierno de la RDC. De esta suma, unos 10 millones se entregaron en efectivo directamente al asesor más cercano en minería del entonces presidente Joseph Kabila

El órgano federal suizo de investigación y enjuiciamiento encargado de los delitos contra el Estado federal y de los procedimientos relacionados con la delincuencia internacional y económica confirmó que con estos sobornos la empresa con sede en Suiza pudo obtener una ventaja económica significativa en su participación mayoritaria en la fusión de dos empresas mineras de cobre y cobalto, misma que GlencoreEnlace externo anunció en julio de 2013.

Con estas últimas sanciones anunciadas en Suiza en agosto, Glencore, con sede en el cantón de Zug, habrá pagado al menos 1.700 millones de dólares para resolver diversas investigaciones sobre sobornos y corrupción en todo el mundo.

La empresa se declaró culpable en 2022 de casos de corrupción y manipulación del mercado en Estados UnidosEnlace externo y el Reino UnidoEnlace externo, admitiendo que había pagado sobornos para conseguir negocios en Sudán del Sur, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Brasil, Venezuela y la RDC.

El exjefe de petróleo de Glencore, Alex Beard, y otros cinco exempleados de la comercializadora suiza de materias primas serán juzgados en un tribunal británico en 2027 por cargos de soborno en Nigeria y Camerún.

Multas reducidas por cooperación

La cooperación de Glencore con las autoridades fiscales suizas durante la investigación le ha permitido beneficiarse de una reducción de la sanción, según el MPC. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado en el que indicaba, a la letra: «Glencore no admite las conclusiones del MPC, pero en aras de resolver este asunto ha acordado no recurrir la orden penal dictada por la fiscalía suiza.

«El MPC declaró en la orden de sanción sumaria no haber identificado a ningún empleado de Glencore que tuviera conocimiento del soborno por parte del socio comercial, ni que Glencore se beneficiara económicamente de la conducta del socio comercial», agregó en su comunicadoEnlace externo.

Con la decisión de Glencore de no recurrir, la orden de sanciónEnlace externo se convierte en una sentencia penal firme y ejecutable, aunque la empresa nunca haya sido juzgada, ya que Suiza es el único país en el que los fiscales tienen potestad para imponer una condena sin que intervenga un juez. La llamada orden penal funciona como una «oferta de veredicto». Si el acusado no presenta un rechazo en el plazo de diez días, la orden penal se convierte en sentencia firme.

Procedimiento simpflificado en Suiza

La orden de sanción sumaria es un procedimiento escrito simplificado. No hay procedimiento público ante un tribunal ordinario. En su lugar, esta orden es emitida por la fiscalía. Sin embargo, el acusado puede exigir una evaluación judicial de su caso oponiéndose a la orden penal.

Estas órdenes penales se dictan por escrito y sin justificación. Alrededor del 90-98% de los casos penales se resuelven de esta manera, aunque generalmente se utiliza para tratar casos poco graves.

Según la legislación suizaEnlace externo, las fiscalías, incluido el Ministerio Público de la Confederación (MPCEnlace externo), tienen potestad para imponer penas de prisión de hasta seis meses, así como multas y sanciones. La OAG tiene incluso derecho a embargar activos financieros ilimitados.

1.000 millones de dólares perdidos

Se calcula que los tres acuerdos mineros en la RDC en los que participó Glencore privaron a la población local de casi 1.000 millones de dólares en ingresos públicos. La RDC ha recibido relativamente pocas compensaciones. Como parte de un acuerdo por una década de actividades que han sido objeto de varias investigaciones en la RDC, su gobierno recibió 180 millones de dólares directamente de Glencore en diciembre de 2022. La empresa y el Gobierno de la RDC alcanzaron un acuerdoEnlace externo cubre todas las posibles reclamaciones derivadas de cualquier presunto acto de corrupción de Glencore en ese país entre 2007 y 2018.

Se trata de un acuerdo que ha sido objeto de críticasEnlace externo en el país africano, ya que no sólo su contenido se ha mantenido en secreto, sino también los fines para los que se utilizó este dinero.

«Glencore compró permanentemente su escape de todas las acusaciones de corrupción de una manera poco transparente», explica Mouna Algelly, asesora legal de la ONG suiza Public EyeEnlace externo, una organización que lucha contra la prosperidad económica suiza a expensas de otros países.

«Suiza no fue la víctima»

Tras la orden de indemnización de 150 millones de dólares dictada por la fiscalía suiza contra Glencore, 14 ONG congoleñas han enviado un mensaje al poder legislativo suizo en el que afirman lo siguiente:

«Las víctimas de la corrupción relacionada con las actividades de Glencore en la República Democrática del Congo tienen derecho a una indemnización. Las organizaciones de la sociedad civil exigen la implicación de la Asamblea Federal suiza».

Este es el mensaje en X publicado por estas ONG congoleñas:

#RDCEnlace externo : Les victimes de la #corruptionEnlace externo liée aux activités de #GlencoreEnlace externo en R.D #CongoEnlace externo ont droit à une indemnisation. Les organisations de la #sociétéEnlace externo civile demandent l’implication de l’#AssembléeEnlace externo #FédéraleEnlace externo #SuisseEnlace externo @AmbSuisseRDCEnlace externo @USAmbDRCEnlace externo @ConstantMutambaEnlace externo @publiceye_chEnlace externo @PWYPtweetsEnlace externo pic.twitter.com/pQTuOF2gNuEnlace externo

— OEARSE RDC (@OearseRdc) September 21, 2024Enlace externo

«Debemos partir de la lógica de que los hechos de los que ya se ha culpado a Glencore tuvieron lugar en la República Democrática del Congo. Esto significa que se privó al pueblo congoleño, a través de la corrupción, de un dinero que debería haberle sido destinado. Suiza no fue la víctima directa de los actos de los que se acusa a Glencore, sino la RDC», declaró a SWI swissinfo.ch Jean-Claude Katande, presidente de la Asociación Africana de Derechos Humanos, unaEnlace externo de las 14 organizaciones firmantes de la carta a Berna.

Desde Kinshasa, añadió: «Esperamos que Suiza destine al menos una parte de la indemnización reclamada en el caso contra Glencore a financiar inversiones sociales, como escuelas u hospitales, en las comunidades de la RDC afectadas por los actos de corrupción sacados a la luz por la investigación suiza. La corrupción es un atentado contra la democracia y los derechos humanos porque priva a los gobiernos de los medios que necesitan para mejorarlos».

Un legislador suizo se hace eco de los llamamientos de las ONG de la RDC para que las indemnizaciones se destinen al país. Christian Dandrès, legislador del cantón de Ginebra por el Partido Socialdemócrata, de izquierda, ha presentadoEnlace externo un postuladoEnlace externo en el que pide al Gobierno de Suiza que estudie medidas para garantizar que los bienes confiscados y las indemnizaciones impuestas a las multinacionales con sede en el país alpino por delitos cometidos en el extranjero beneficien a las poblaciones de los países donde se cometieron dichos delitos.

Para Dandrès, Suiza debería replantearse su forma de tratar estos casos de corrupción.

«Tales multas y cantidades compensatorias no deberían seguir estando condicionadas a que los Estados hayan colaborado en los procedimientos que condujeron a esas sanciones. El Consejo Federal también deberá examinar la posibilidad de destinar esos fondos a proyectos humanitarios, de desarrollo o de derechos humanos dirigidos por la sociedad civil de esos países o por la cooperación bilateral o internacional», declaró Dandrès a SWI.

638 millones de francos suizos

En los últimos diez años, el Ministerio Público de la Confederación ha condenado a nueve empresas en procedimientos de responsabilidad empresarial relacionados con la corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Las indemnizaciones reclamadas en estos casos ascendieron a 638 millones de francos suizos, explicó el Gobierno suizo en una respuestaEnlace externo parlamentaria a Dandrès. Actualmente, este dinero se dirige a las cajas del Estado suizo.

Para Dandrès, ya es hora de que esto cambie: «De ahí la importancia de iniciar debates sobre cómo contribuir a un mejor equilibrio de las cantidades recaudadas por actuaciones corruptas de nuestras empresas en el extranjero. Sé que estamos al principio y que existe un gran lobby comercial de materias primas en Suiza, pero también en esos sectores se buscan actualmente soluciones para limpiar la reputación de Suiza.»

Votación en el Parlamento suizo

En cuanto a su postuladoEnlace externo, tendrá que esperar hasta el año que viene para ver el resultado. Presentado el 25 de septiembre, se espera que el Consejo Federal, es decir, el Gobierno de Suiza, se pronuncie a finales de noviembre.

«Como el texto no se someterá a votación hasta la sesión de primavera o verano, el grupo parlamentario del Partido Popular Suizo no decidirá sobre esta propuesta hasta el año que viene», afirma Thomas Aeschi, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes y presidente del grupo parlamentario del derechista Partido Popular Suizo, el mayor partido del Parlamento y conocido también, por su nombre en francés, como Unión Democrática del Centro.

Dandrès es optimista. «Tengo fe en el cambio y hay mucho que analizar para evitar que estas cantidades vuelvan a manos de regímenes corruptos. Empecemos el debate».

Editado por Lindsey Johnstone/vm