Respecto a la pena de muerte, Suiza no es neutral

Irán es el segundo país del mundo que más ajusticiamientos registró en los últimos años, por detrás de China. En el Estado persa también se ejecutan a menores. Getty Images

Un objetivo declarado de la política exterior suiza es la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Aquellos países que la defienden, sin embargo, se aferran a la soberanía nacional, postura con la que pretenden distanciarse de supuestos valores occidentales.

Suiza se había propuesto contribuir a erradicar la pena de muerte en el plano global en 2025. El país alpino se había fijado este objetivo hace 11 años. “Mientras exista la pena de muerte, la seguiremos combatiendo”, sostuvo el entonces ministro de Exteriores Didier Burkhalter en 2013.

Este objetivo no se logrará, aunque la tendencia hacia la abolición es clara desde hace tiempo. Hoy, la pena de muerte sigue vigente en un grupo reducido de unos veinte Estados, que siguen aplicándola con regularidad.

La gran mayoría de países, en cambio, ya la ha derogado o suspendido.

No obstante, aún estamos lejos de un mundo sin ejecuciones. Países como China, Irán, Arabia Saudí o Estados Unidos siguen ejecutando a muchas personas.

Amnistía Internacional informó que en el año 2023 se contabilizaron 1.153 ejecuciones confirmadas, un incremento del 31% con respecto al año anterior y la cifra más alta en una década. Sin embargo, la cifra de ejecuciones desconocidas es bastante más alta.

Los Estados que mantienen la pena de muerte defienden su postura, en primer lugar, con la soberanía nacional, un argumento que emplean para seguir aplicándola. Efectivamente, el derecho internacional público no prohíbe expresamente la pena capital.

Muchos de los países que la defienden, consideran que su abolición es un postulado de Occidente que no es compatible con sus propios valores y sistemas legales.

Dicen que Occidente solo quiere imponer sus propios valores y cimentar su hegemonía, un argumento recurrente en la política internacional y que aparece en distintas variantes.

La abolición de la pena capital no es una demanda exclusiva de Occidente

“Todas las personas tienen el derecho a la vida. La pena de muerte está prohibida.” Así lo establece la Constitución FederalEnlace externo suiza desde 1999, y en esta disposición de la carta magna también se sustenta la política exterior del país alpino.

El principio por el cual la pena de muerte queda prohibida categóricamente y bajo cualquier circunstancia constituye una prioridad de la política exterior helvética desde 1982.

Las últimas ejecuciones que tuvieron lugar en Suiza se remontan al año 1944. Sin embargo, la pena de muerte siguió siendo, paradójicamente, una opción legal del derecho penal militar suizo hasta 1992. Este dato demuestra que la cuestión de la pena capital es más compleja de lo que parece.

De todas maneras, fueron activistas de la sociedad civil y no los políticos quienes se comprometieron con la lucha contra la pena de muerte a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.

Después de la hecatombe que supuso esta contienda global, se fundó la ONU y, junto a ella, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos que define el derecho a la vida, principio y condición constitutivos para prohibir la pena de muerte. Fueron sobre todo redes transnacionales de la sociedad civil quienes promovieron el movimiento abolicionista, como por ejemplo Amnistía Internacional, que se convirtió en una de las voces más importantes a nivel mundial.

Desde la sede londinense de Amnistía InternacionalEnlace externo, Chiara Sangiorgio coordina la campaña global contra la pena de muerte. Llama la atención sobre el hecho de que, después de la Segunda Guerra Mundial, solo existía un puñado de Estados que habían abolido ya la pena de muerte.

Se trataba casi exclusivamente de países latinoamericanos, donde la pena de muerte se asociaba, principalmente, con la represión colonial. En esos países, su abolición supuso un paso más en el proceso de emancipación nacional.

El primer Estado moderno en abolir la pena de muerte fue Venezuela en el año 1864. “Es importante recordar que el movimiento abolicionista no era, precisamente, una misión exclusiva de los países occidentales”, enfatiza Sangiorgio.

Pena de muerte en España

Este castigo se empleó sin interrupción hasta 1932, cuando fue abolido por una reforma del Código Penal en la Segunda República. Fue restablecido en octubre de 1934 para delitos de terrorismo y bandolerismo. Francisco Franco la reincorporó plenamente a la legislación penal en 1938 con el argumento de que su supresión no era compatible con el buen funcionamiento de un Estado «fuerte y justiciero».

En marzo de 1974 fueron ejecutados con garrote Salvador Puig Antich (anarquista catalán condenado por un tribunal militar por la muerte de un guardia civil) y Heinz Chez (condenado por asesinato), en un intento de las autoridades franquistas de confundir a la opinión pública para que identificara la violencia común y la violencia por motivos políticos.

Las últimas penas de muerte en España, por motivos políticos, ocurrieron el 27 de septiembre de 1975. Tres miembros de ETA y tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fueron fusilados por la dictadura.

La Constitución de 1978 (Art. 15) dio fin a la pena capital, con una excepción, como se indica, a la letraEnlace externo: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.»

En 1995, la pena capital fue suprimida de la legislación militar.

Fuente: AIEnlace externo, caja informativa: Patricia Islas

Un factor importante en el proceso global de la abolición de la pena de muerte fue la democratización de cada vez más países en el transcurso del siglo XX. En este contexto, Estados Unidos es una excepción importante, aunque va decreciendo cada vez más el número de personas ejecutadas en ese país.

La pena capital es considerada como un instrumento de represión, control social y opresión de la oposición política. Además, hay que tener en cuenta que “no existen estudios científicos que demuestren que produce efectos positivos sobre la prevención de la delincuencia y la seguridad y que es más efectiva que otras penas severas”, refiere el “Plan de Acción 2024-2027” de la política exterior helvética sobre la abolición mundial de la pena de muerteEnlace externo.

Cada año se ejecutan en China a miles de personas. Se desconocen las cifras exactas porque el Partido Comunista Chino no las comunica. 2004 China Photos

Soberanía nacional contra derechos humanos

Los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte suelen invocar el argumento de la mano dura contra los criminales. Quieren transmitir a la población la voluntad del Estado de castigar a los culpables y de combatir los “crímenes con dureza”, afirma Aurélie Plaçais, directora de Coalición Mundial contra la Pena de MuerteEnlace externo (WCADP, por sus siglas en inglés).

“En última instancia, se trata de dar una respuesta sencilla a la criminalidad y a problemas complejos”, señala. Para contextualizar, conviene recordar que, en el año 2022, el 37% de las penas capitales ejecutadas a escala mundial estaban relacionadas con el tráfico de drogas.

La WCADP es una organización central internacionalEnlace externo con sede en Francia que reagrupa 185 organizaciones y que lucha por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Muchos de sus miembros sufren persecución en sus respectivos países por su lucha contra la pena de muerte.

La estrategia de comunicación hacia el exterior funciona de manera distinta, explica Plaçais. En el ámbito internacional, los Estados no ponen el énfasis en la lucha contra la delincuencia, insisten en la soberanía nacional y en el hecho de que el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, por lo que cada Estado tiene el derecho de aplicarla, explica la directora.

Llama la atención que los Estados, con frecuencia, suelen apoyarse en este argumento en las negociaciones que tienen lugar en el ámbito de las Naciones Unidas. Critican que no se respete la diversidad de los sistemas jurídicos y políticos y de que, de este modo, se ponga en riesgo el equilibrio entre los Estados. A fin de cuentas, se trata de imponer un orden mundial y valores específicos, reiteran esos países; lo cual es una crítica evidente a Occidente que, a su modo de ver, domina el sistema multilateral. Estos Estados no respetan explícitamente la universalidad de los derechos humanos.

¿Qué países ejecutan al mayor número de personas?

Existen muchas disparidades entre los Estados que más penas de muerte ejecutan. Por un lado está China, un Estado comunista con un sistema de partido único que castiga con la pena de muerte un número elevado de hechos delictivos.

Se desconocen muchos pormenores, porque China guarda mucho secretismo en torno al tema. A través de los canales oficiales se comunica muy poco. También se desconoce la cifra exacta de ejecuciones realizadas. “Creemos que cada año se lleven a cabo miles de ejecuciones”, dice Aurélie Plaçais.

El segundo puesto lo ocupa Irán, un régimen teocrático autoritario, que desde la Revolución Islámica ha recurrido y sigue recurriendo a la pena de muerte como instrumento represivo, por épocas incluso de forma masiva, como se pudo observar después de las revueltas que se sucedieron tras el asesinato de Jina Mahsa Amini.

Al igual que en la monarquía saudí, los principales tipos penales castigados con la pena de muerte son el tráfico de drogas y los delitos religiosos.

Estados Unidos es una de las pocas democracias del mundo que sigue practicando ejecuciones, aunque es verdad que en los últimos tiempos han disminuido las cifras y que muchos Estados federados ya han prohibido o suspendido la pena capital.

“El denominador común de todos estos países es que se distinguen por su elevado grado de violencia estatal”, sostiene Plaçais. La represión y una política discriminatoria en el ámbito nacional, así como conflictos militares en el exterior son rasgos característicos para estos Estados, concluye.

Entre mercadotecnia y abolicionismo real

Luego hay Estados como Arabia Saudí, que de cara al exterior trata de mostrar una imagen modernizadora, mientras se ha disparado el número de ejecuciones en el país.

“La situación es peor que nunca”, denuncia Taha Alhajj, director jurídico de la Organización Europea-Saudí para los Derechos HumanosEnlace externo (ESOHR, por sus siglas en inglés).

Desde que Mohamed bin Salmán es el hombre fuerte del reino saudí, han cambiado muchas cosas en el país. Se han suavizado las normas sociales, se ha limitado la influencia de la religión y se han abierto las fronteras al turismo extranjero.

Para Alhajj todo esto es puro marketing: “Arabia Saudí está invirtiendo miles de millones en deporte, música e influenciadores para lavar su imagen. Al mismo tiempo, el régimen ha ajusticiado a más personas que nunca.”

Protestas delante del consulado saudí en Nueva York por la ejecución de religiosos musulmanes en junio de 2019. 2019 Anadolu Agency

Todo eso lo hace la monarquía, al tiempo que desacata las normas más fundamentales, condenando a personas sin permitir que estén asesoradas por un abogado o ejecutando a menores, reitera el director.

Además, el catálogo de delitos tipificados es más amplio que nunca; ahora ya se ejecutan a personas por sus conductas políticas o por ofensas a la religión, añade Alhajj.

“En el panorama internacional, Arabia Saudí declara estar a favor del respeto a los derechos humanos. Pero eso es mentira y una manipulación evidente”, resume.

Lo que esto significa para la sociedad civil, lo sabe muy bien la ESOHR, porque sus integrantes lo han vivido en sus propias carnes: el fundador fue perseguido y encarcelado, y todos los miembros de la organización tuvieron que exiliarse como consecuencia de las persecuciones. “Las penas que pueden caer son draconianas; en el país ya no quedan defensores de los derechos humanos que luchan contra la pena de muerte”, insiste Alhajj.

Habrá más ejecuciones

¿Cómo continuarán las cosas en el futuro? Para Chiara Sangiorgio y Aurélie Plaçais la tendencia es clara, porque hay cada vez menos países que aplican la pena de muerte. “Actualmente, varios países están legislando sobre leyes que prevén la abolición de la pena de muerte”, afirma Plaçais.

Al mismo tiempo ha aumentado el número de ejecuciones en los últimos años, como en Arabia Saudí, añade. Tanto la coordinadora como la directora esperan que esa misma tendencia continúe en el futuro: es decir, menos países que incluyen en su sistema legal la pena de muerte, pero más ejecuciones.

Y parece que se mantendrá el secretismo. En 2002, el Gobierno chino aclaró su posición, diciendo que la “abolición definitiva de la pena de muerte a nivel mundial” será “la consecuencia inevitable del desarrollo histórico”.

A día de hoy, China sigue siendo el país que más penas de muerte ejecuta, y con diferencia.

Artículo editado por Benjamin von Wyl, adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela y Carla Wolff