Suiza dejó escapar a un presunto cerebro del genocidio de Ruanda

La defensa de Kabuga —a quien vemos en su comparecencia inicial ante el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de La Haya— argumentó con éxito que no podía ser juzgado debido a su demencia. UN-MICT/ICTY

En 1994, cuando estaba en suelo helvético, Suiza no detuvo a Félicien Kabuga, conocido como “financiador” del genocidio de Ruanda. 30 años después, mientras Berna comienza a trabajar en un informe que revisa este episodio, SWI swissinfo.ch analiza el caso y sus consecuencias.

Félicien Kabuga estuvo 25 años huido. Durante gran parte de ese tiempo, y después de que la fiscalía internacional le acusara de ayudar a instigar el genocidio contra la etnia tutsi en 1994, Estados Unidos ofrecióEnlace externo por su cabeza una recompensa de 5 millones de dólares (4,5 millones de francos suizos).

Cuando fue detenido en Francia, en 2020, Kabuga ya tenía más de ochenta años. El año pasado los jueces de La Haya consideraron que no era apto para ser juzgado por los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Se puso así fin a un proceso judicial contra él esperado durante mucho tiempo. 

Pero la historia de Kabuga podría haber tomado un rumbo diferente. En julio de 1994, cuando el genocidio tocaba a su fin, Kabuga entró en Suiza con un visado. Por razones que todavía no están claras, Suiza lo expulsó a Zaire, actual República Democrática del Congo, cuatro semanas después. Tras lo cual desapareció.

“Suiza es una de las razones por las que durante tanto tiempo Kabuga pudo eludir la justicia. Es muy probable que Suiza hubiera tenido la oportunidad de detenerlo en 1994”, señala la parlamentaria del Partido Verde Christine Badertscher.

Durante su cuarto de siglo fugado, se rumoreó que Kabuga había sido visto, entre otros lugares, en Alemania, Kenia y Zaire. UN-MICT/ICTY

Ahora Suiza se dispone a revisar el asunto. El Parlamento en febrero aprobó la petición de Badertscher de que el Gobierno realice un análisis histórico detallado que aclare el papel que el país alpino ha jugado en el caso. Dispone de dos años para elaborar este informe.

Distribución de machetes y difusión de propaganda

A principios de la década de 1990 Kabuga era un miembro rico y bien relacionado de la etnia mayoritaria hutu de Ruanda. Formaba parte del círculo íntimo del presidente Juvénal Habyarimana gracias al matrimonio de dos de sus hijas con los hijos del presidente —también hutu—. Sin tener ningún papel oficial en el Gobierno, Kabuga ejercía el poder político, tal y como afirma César Murangira, presidente de la organización de víctimas del genocidio Ibuka Suisse.

Las matanzas comenzaron el 7 de abril de 1994, un día después del asesinato del presidente Habyarimana. Los extremistas hutus del aparato político y militar culparon de su muerte a la minoría tutsi y orquestaron ataques mortales contra la población tutsi. Uno de estos extremistas fue Kabuga, según razonó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en acusacionesEnlace externo emitidas en 1998 y 2011.

“Se le ha llamado el ‘financiador’ del genocidio. Formó parte del grupo de personas que planearon y dieron a la milicia los medios materiales e ideológicos para ejecutar el genocidio”, dice Murangira de Ibuka Suisse.

En abril de 1994, Kabuga ayudó a crear el Fondo de Defensa Nacional (FDN) que se utilizó para comprar armas y munición para la milicia juvenil del partido gobernante ruandés que participó en las matanzas, Interahamwe. Como presidente del comité del FDN, Kabuga recaudó donaciones para el fondo en múltiples ocasiones.

A través de su empresa Kabuga ETS, también importó machetes y los distribuyó a la milicia Interahamwe para que cometiera atrocidades en Gisenyi, al oeste de Ruanda, y proporcionó a los milicianos uniformes y vehículos para transportar armas a los lugares de las matanzas.

El ICTR de la ONU alegó que Kabuga también participó en actividades de propaganda. Con el objetivo último de aniquilar a la población tutsi, Kabuga y sus socios acordaron difundir mensajes antitutsi en la tristemente célebre emisora de radio RTLM (Radio Televisión Libre de las Mil Colinas), que cofundó en 1993. Tal y como defienden muchos historiadores, al incitar al odio e incluso al nombrar a personas concretas, los programas de la emisora contribuyeron a movilizar a la población hutu de a pie contra la población tutsi.

Ferdinand Nahimana (izquierda) fue uno de los colaboradores de Kabuga en la emisora de radio RTLM y ocupó el cargo de director. En 2003, fue condenado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por genocidio (posteriormente anulado en apelación) e incitación a cometer genocidio. KEYSTONE

Fuga efímera a Suiza

En pleno genocidio, el 6 de junio de 1994, Kabuga solicitó en la embajada suiza de Kinshasa, en el vecino Zaire, visados para él, su esposa y sus siete hijos. Los visados se expidieron tres días después. Hasta el 14 de junio —momento en el que las autoridades intentaron anular el visado— el Ministerio de Asuntos Exteriores, según revelaríaEnlace externo más tarde el Gobierno suizo en el Parlamento, no “se dio cuenta de quién era Kabuga”. Aunque para entonces él ya tenía los documentos en su poder y estaba de vuelta en Ruanda.

Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ordenó a la Oficina de Inmigración que impidiera la entrada de Kabuga en Suiza. Pero la prohibición de entrada nunca llegó a aplicarse. Mientras más de 800.000 personas yacían muertas en Ruanda a causa de las matanzas, el 22 de julio la familia entró en Suiza.  

Dos semanas después de llegar a Suiza, se presentó en París una demanda por genocidio contra Kabuga, quien al día siguiente solicitó asilo en Suiza.

Al parecer fue entonces cuando los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores supieron que Kabuga estaba en Suiza. Rápidamente el departamento de justicia ordenó a Kabuga y a su familia que embarcaran en el aeropuerto de Ginebra en un avión con destino a Kinshasa. El clan partió el 18 de agosto, dejando en Suiza muchas preguntas sin respuesta y una facturaEnlace externo de 21.302 francos suizos (23.500 dólares): el coste de los billetes de avión que se negaron a pagar y que las autoridades sufragaron para garantizar su rápida partida.

Razones oficiales para no detener a Kabuga

De cara al análisis histórico, la cuestión principal es por qué nunca se detuvo a Kabuga. Hasta ahora el Gobierno suizo solo ha dado respuestas parcialesEnlace externo al Parlamento. Es verdad que en 1994 el contexto jurídico era diferente, pues por aquel entonces, el único modo de juzgar a alguien acusado de violar los Convenios de Ginebra, que rigen los conflictos armados, era en virtud del código penal militar. 

El Gobierno para ello necesitaba una “presunción concreta de que se había cometido un acto condenable”. Pero, aunque Kabuga figuraba en una lista de “personas indeseables” establecida en junio de 1994 y el Gobierno conocía su participación en la emisora RTLM y la naturaleza de sus emisiones, el ejecutivo argumentó que en verano de 1994 no tenía indicios de que Kabuga hubiera “violado personalmente” los Convenios de Ginebra.

Es más, hasta el 17 de agosto (un día antes de que Kabuga fuera deportado) el Ministerio de Asuntos Exteriores no señaló que quería estudiar las posibilidades legales para detenerlo; es decir, demasiado tarde.

Condenas suizas y oportunidades perdidas

Suiza ha logrado detener a algunos de los principales responsables del genocidio de 1994. En 1999, por ejemplo, en virtud del código penal militar, el tribunal militar condenó por asesinato, incitación al asesinato y crímenes de guerra cometidos durante el genocidio a un alcalde ruandés, Fulgence Niyonteze. Fue el primer caso ruandés juzgado por un tribunal extranjero que terminó en condena. En 2001 el tribunal militar de casación confirmó su condena a 14 años de prisión.

En julio de 1994 el director de una fábrica de té, Alfred Musema, acusadoEnlace externo de participar en varios ataques contra la población tutsi durante el genocidio, huyó de Ruanda y solicitó asilo en Suiza. En febrero de 1995 Suiza lo detuvo e inició un proceso penal. Un año más tarde, a petición del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), fue trasladado a Arusha, Tanzania, para ser acusado ante el ICTR. En 2000 fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y condenado a cadena perpetua.

El Gobierno suizo, sin embargo, ha sido acusado de no detener, acusar o extraditar a otros ruandeses buscados en relación con el genocidio. Además de Félicien Kabuga, está Gaspard Ruhumuliza, exministro de Medioambiente. En agosto de 1994 solicitóEnlace externo asilo en Suiza, pero —debido a las sospechas de que había cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad— no lo consiguió. Suiza abrió una investigación penal, aunque en mayo de 2005 cerró el caso. En 2009, alegando de que no había garantías de que sus derechos humanos fueran respetados, rechazóEnlace externo una solicitud de extradición de Ruanda.

En junio de 1994, el coronel Pierre Célestin Rwagafilita, presunto miembro del círculo íntimo del presidente Habyarimana, entró en Suiza con un visado.

Al parecer, Rwagafilita había pedidoEnlace externo armas a un general del Ejército francés para “liquidar” al pueblo tutsi. La Interpol, en julio de 1995, emitió una orden de detención contra él, pero, por lo visto, ya había abandonado Suiza. Nunca fue juzgado y se creeEnlace externo que ya no vive.

En 2000 Suiza añadió a su código penal el genocidio, y los crímenes contra la humanidad, en 2011. En 2001 la Confederación ratificó la convención para la Corte Penal Internacional. Estos cambios legales, que facilitan la capacidad de Suiza para procesar a quienes han cometido delitos graves en el extranjero, se produjeron, en parte, como resultado del caso Kabuga, tal y como indica la parlamentaria del Partido Verde Badertscher.

A examen los estrechos lazos entre Ruanda y Suiza

La propia presencia de Kabuga en Suiza se convirtió también en fuente de debate tras su marcha. Un informe que a mediados de los 90 encargó el Ministerio de Justicia —la única investigación oficial hasta la fecha sobre el caso Kabuga y que solo se centró en el visado— señalaba errores administrativos: la oficina de inmigración no había examinado a fondo su solicitud de visado ni había ejecutado una prohibición de entrada.

Cargó con la culpa el entonces jefe de la oficina de inmigración, Alexandre Hunziker, que fue jubilado anticipadamente en diciembre de 1994 “por motivos de salud”. Tenía 59 años. Se dice que Hunziker expidió personalmente el visado a Kabuga y no comunicó a la policía de fronteras la prohibición de entrada. Hunziker era amigo de Fabien Singaye, yerno de Kabuga, que trabajaba en la embajada ruandesa en Berna, y había cenado varias veces con él. Singaye fue expulsadoEnlace externo en agosto de 1994 por espionaje ilegal.  

No es ninguna sorpresa que Kabuga eligiera Suiza para su huida. Desde la década de 1960, el país alpino mantuvo estrechos lazos con Ruanda, un Estado prioritario para la cooperación al desarrollo suiza. Esta relación fue objeto de investigación tras el genocidio: un informe de 1996 que encargó el Ministerio de Asuntos Exteriores concluyó que antes de abril de 1994 la agencia de desarrollo suiza no había tomado ninguna medida política para aliviar la escalada de tensiones. 

“Tener a Kabuga aquí y seguir su caso tal vez habría llevado a un amplio debate sobre el papel de Suiza en Ruanda”, afirma el historiador Thanushiyah Korn, de la Universidad de Basilea. Pero, hasta que el Gobierno no levante el velo sobre sus acciones pasadas, todo son especulaciones, añade Korn, que está examinando las acciones de los donantes internacionales en la preparación del genocidio.

30 años de decepción

Para Murangira, Kabuga es uno de los muchos presuntos autores del genocidio que han logrado escapar a la justicia —algunos incluso siguen huidos— a pesar de que pesan órdenes internacionales de detención sobre ellos. A las víctimas se les hace insufrible el impacto de la desaparición de Kabuga durante tanto tiempo, para luego ser considerado no apto para ser juzgado.

“Es una decepción que ha durado 30 años, porque la justicia internacional ha fracasado por completo”, apunta Murangira, quien también es superviviente del genocidio. “El paso del tiempo no favorece a la víctima. Muchos supervivientes y testigos ya han muerto”.

En Berna, Badertscher espera que el análisis histórico ofrezca cierta “reparación simbólica” por cómo Suiza gestiono el asunto Kabuga.

“Lo que ocurrió ya no puede volver atrás, pero una reevaluación histórica puede ayudar a clarificar el papel de Suiza: una reconciliación con lo que exactamente ocurrió para que podamos entenderlo mejor”, afirma.

Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff

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