¿Qué significa que Berna sea “puerto seguro” para las personas migrantes?
Yendo en contra de la política nacional, la capital suiza se ha unido a una red de ciudades alemanas que se declaran “puertos seguros” para personas refugiadas y migrantes.
Las islas Canarias son un destino vacacional para turistas de toda Europa. Aunque este enclave recibe también otro tipo de personas en la actualidad. Procedentes de África Occidental, más de 7.000 personas llegaron en enero a estas islas españolas. Y lo hicieron hacinadas en pequeñas embarcaciones tras hasta 15 días de travesía. Otras, murieron en el camino. Mucha de esta gente procedía de Senegal, donde se está viviendo un período de inestabilidad política. Las autoridades canarias, después de que este tipo de migración se incrementara en un 150 % en 2023, se esfuerzan por hacer frente a la situación.
Berna —a unos 3.500 kilómetros de distancia al nordeste y sin salida al mar— quiere ayudar. Las autoridades de la capital suiza han declarado recientemente que la ciudad es “puerto seguro”. Es decir, que está dispuesta a “admitir y acoger de inmediato a las personas rescatadas en el mar” y a admitir, en general, a más personas refugiadas. La declaración [adoptada el 31 de enero] es “un paso más en el compromiso de Berna en favor de una política de asilo y refugio humanitaria y activa”, dice en su sitio web.
Dado que Berna está a 450 kilómetros de la costa más cercana, no puede abrir ningún puerto a los barcos. Y tampoco puede acoger —de manera unilateral— a más personas solicitantes de asilo, ya que, en Suiza, antes de repartir a las personas solicitantes entre los 26 cantones, las autoridades federales deciden las admisiones.
La responsable de Asuntos Sociales de Berna, Franziska Teuscher, en declaraciones al diario Der Bund, admitió que —en términos de capacidad jurídica— la declaración no cambiaba nada, aunque dijo que no se trata de una cuestión únicamente simbólica. Ya que reforzará los esfuerzos de Berna por integrar e incluir a las personas refugiadas una vez lleguen. Y Teuscher afirmó que ofrecemos un puerto seguro a través de “una cultura de acogida”.
La declaración también es un modo de presionar por tener mayor poder local en la política migratoria, que Berna considera “demasiado limitada”. Se basa así en la “alianza de ciudades y municipios para admitir personas refugiadas”, una iniciativa —de abril de 2020— de las ocho ciudades más grandes de Suiza que, de manera conjunta, se declararon dispuestas a acoger a más personas refugiadas de las que se les asignan. “Aunque estas ciudades [desde entonces su número ha aumentado a 16] están dispuestas a alojar y atender a más personas refugiadas, lamentablemente, el Gobierno federal no ha aceptado la oferta”, escribe el Departamento de Asuntos Sociales de Zúrich en su página web. El argumento que sistemáticamente las autoridades federales esgrimen es que el marco legal no lo permite, señala el diario WOZ.
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“Condiciones indefendibles”
Berna —la primera ciudad suiza en declararse “puerto seguro”— ha traspasado fronteras y se ha adherido a un proyecto de Seebrücke (“Puente marítimo”) —un grupo de la sociedad civil alemana— que reclama una “política migratoria basada en la solidaridad” y el fin de las “condiciones indefendibles en las fronteras exteriores de Europa”.
Seebrücke se considera parte de un “contramovimiento” local en contra de la política migratoria nacional y europea. La iniciativa “puerto seguro”, como uno de sus proyectos, establece para las ciudades una lista de ocho objetivos. Como, por ejemplo, acoger a más personas refugiadas, trabajar en red con otras ciudades y apoyar misiones de salvamento marítimo. Cuenta con 322 miembros, entre los que se encuentran grandes ciudades como Berlín y Múnich. Todas menos dos —Salzburgo, en Austria, y ahora Berna— están en Alemania. Resulta difícil medir el impacto concreto de la iniciativa, aunque más de la mitad de las ciudades han cumplido solo uno o dos de los ocho criterios; y ninguna, ha cumplido los ocho. La organización escribe que esto es así sobre todo porque las ciudades están “bloqueadas” por las políticas nacionales para acoger a más personas refugiadas.
Financiación de misiones de rescate
En los últimos años, las ciudades —y no solo las de la red Seebrücke— se han enfrentado de otras maneras a la política nacional. Después de que el Gobierno italiano tomara medidas enérgicas en 2018, Nápoles y Palermo abrieron sus puertos (literalmente) a los barcos de rescate de migrantes. Ciudades como Milán y Barcelona acogieron a personas migrantes consideradas “ilegales”. Berna, el año pasado, financiando con 70.000 francos (79.420 dólares) el barco de rescate en el Mediterráneo “Sea-Eye 4”, adoptó medidas concretas.
Aunque este tipo de donaciones también pueden ser controvertidas, ya que apoyan misiones de rescate humanitario que, por ejemplo, van en desacuerdo con las políticas de Italia (país vecino de Suiza) o Libia (cuyos guardacostas han recibido apoyo de la Unión Europea).
La organización SOS Méditerranée que lleva a cabo este tipo de misiones de rescate, contactada por SWI swissinfo.ch, no ha hecho ningún comentario sobre los esfuerzos de Berna. En cuanto a las reivindicaciones políticas, su director general adjunto, Elliot Guy, ha declarado que SOS Méditerranée reitera sus peticiones de “un mecanismo de salvamento y desembarco coordinado para reducir la mortalidad en el mar y facilitar nuestra misión humanitaria”, es decir, de crear un “centro de coordinación de salvamento marítimo operativo y eficaz” con “suficientes medios aéreos y marítimos”.
“Aumento del sufrimiento”
La política migratoria —a escala europea— podría estar coordinándose más, pero no como les gustaría a todos los grupos activistas. La Unión Europea (UE), justo antes de Navidad, acordó un “Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo” para hacer que en el bloque procedimientos, como el examen de las solicitudes de asilo, sean más uniformes.
El plan pretende que haya más solidaridad a la hora de repartir entre los Estados miembros 30.000 nuevas personas migrantes cada año, pero también pretende reprimir la migración irregular y acelerar la tramitación de las solicitudes, incluidas las de aquellas personas “recogidas en el mar”. ONG como Amnistía Internacional —que alertó de un “aumento del sufrimiento” en los campos para personas refugiadas en las fronteras exteriores de Europa— han criticado duramente este pacto.
El acuerdo también suscitó reacciones encontradas en Suiza, país no miembro de la UE. Mientras que el Consejo Suizo para las personas refugiadas se hizo eco de las críticas de Amnistía Internacional, la ministra suiza de Justicia, Elisabeth Baume-Schneider, acogió con satisfacción el “importante paso político”. Las autoridades suizas de migración examinarán ahora qué aspectos de sus políticas deberán adaptar al nuevo enfoque de la UE.
Ya se han detectado indicios de que Suiza está endureciendo su política de asilo. La Secretaría de Estado de Migración (SEM) ha confirmado recientemente que en 2023 se devolvieron a sus países de origen más solicitantes de asilo que nunca, gracias —entre otras cosas— a la cooperación con Gobiernos de países como Argelia. El pasado 15 de febrero el Gobierno anunció que elaborará un informe de viabilidad sobre la posible expulsión de solicitantes de asilo a terceros países.
La postura de Berna, como puerto seguro, ante todos estos cambios, parece clara: lamenta “una política europea de personas refugiadas basada en la disuasión, el cierre y el mirar hacia otro lado”.
Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo/Carla Wolff
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