Cuando el matrimonio se vuelve un calvario
Suiza se enfrenta también al fenómeno de los matrimonios forzados, expandido sobre todo en el seno de las comunidades inmigrantes con patrones patriarcales.
De acuerdo a Lathan Suntharalingam, activo en la lucha contra esta práctica, se trata de un problema de integración que no puede ser minimizado en nombre de la multiculturalidad.
Contraer matrimonio contra su voluntad puede volverse una tragedia. Estas relaciones terminan con frecuencia en actos de opresión o de violencia que pueden tener consecuencias físicas y psicológicas graves.
En Bellinzona, un paquistaní, de 26 años, golpeó con un martillo el cráneo de su mujer, de 22 años. Ella quería el divorcio luego de cuatro meses de unión. Casada contra su voluntad con su primo, la joven vivía en el cantón suizo del Tesino desde los tres años de edad.
El asesino fue condenado a 18 años de prisión en noviembre de 2006.
En Suiza existen alrededor de 17.000 casos de matrimonios forzados, según una encuesta realizada en 2006 por la Fundación Surgir, con sede en Lausana.
Un tercio de las mujeres afectadas serían menores de edad. Incluso habría niñas de 13 años implicadas. Cabe señalar que también los jóvenes se ven afectados, obligados a tomar por esposa a una mujer que la familia elige por él.
El diputado del Parlamento cantonal de Lucerna, Lathan Suntharalingam, originario de Sri Lanka, afirma que este tipo de uniones es, sobre todo, un problema existente entre las comunidades extranjeras de tradición patriarcal.
Problema de integración
«Si bien los casos no se pueden delimitar a personas provenientes de un lugar específico o de una religión determinada, es innegable que el matrimonio forzado representa un problema de integración», afirma Suntharalingem, miembro de una asociación activa en la lucha contra este tipo de uniones conyugales.
Los tamiles de confesión hindú (provenientes de Sri Lanka), los armenios, los kosovares musulmanes y católicos, los judíos ortodoxos, los turcos sunitas y los kurdos son los grupos de inmigrantes en Suiza acostumbrados a seguir esta forma de unión determinada por terceros.
«La imposición del matrimonio con una persona del mismo lugar de origen es resultado de una costumbre cultural. Muchos tamiles, por ejemplo, realizan actividades laborales modestas y hablan con mucha dificultad alguno de los idiomas nacionales de Suiza, lo que los aleja de los modelos de vida occidentales, que miran con temor y escepticismo».
«Al planificar el matrimonio de sus hijos, los padres están convencidos de que los ayudar y actúan por su bien», subraya el político de Lucerna.
Las uniones con personas que no pertenecen al grupo étnico de la familia están vistas como un riesgo. Los familiares buscan entonces que esa relación se disuelva para evitar «la desaprobación de su comunidad, que ejerce un control social muy fuerte».
Demasiada indulgencia
Lathan Suntharalingam denuncia lo que considera una gran indulgencia de los medios políticos que ignoran la gravedad del problema al calificarlo de un hecho que tiene su origen en la «diversidad cultural».
Tal actitud puede tener graves consecuencias, afirma: «Muchas personas que se ocupan profesionalmente de temas relacionados con la inmigración no se involucran, puesto que temen ser acusados por discriminación».
«Nosotros, jóvenes suizos de origen extranjero, no queremos ignorar el problema. Queremos hablar de él y trabajar seriamente para remediarlo. De esta forma realmente nos podremos sentir en igualdad», afirma el joven de origen tamil.
Llamado a las autoridades
¿Cuáles son las soluciones propuestas? «Los matrimonios forzados deben ser considerados como una violación y deben ser sometidos a disposiciones jurídicas adecuadas», responde.
Una solicitud compartida por varios políticos. La senadora Trix Heberlein –en una moción presentada a finales de 2006 y que debatirá en su sesión actual la cámara baja del Parlamento- exhorta al gobierno a que adopte sin tardaza todas las medidas legislativas y una estrategia global para evitar este tipo de uniones.
Derecho y sensibilización
En noviembre de 2007, el gobierno suizo aprobó un informe sobre la punibilidad de los matrimonios forzados. En síntesis, el Consejo Federal (gobierno suizo) reconoce la necesidad de actuar, pero retiene que sobre todo se debe intervenir en el ámbito del derecho civil.
«La introducción de una norma penal relativa al matrimonio forzado podría sensibilizar más a la opinión pública sobre el problema. Aún es poco probable que una señal al respecto pueda surgir entre los responsables y las víctimas»
El gobierno estima que no es fácil terminar con las dificultades para verificar si, efectivamente, hay una actitud forzada en el matrimonio de una pareja, puesto que es muy complicado que las víctimas den su testimonio.
Como medida inmediata, las autoridades decidieron que no se reconocerán ya los matrimonios entre parejas menores de 18 años.
De acuerdo a las autoridades, se pueden establecer medidas preventivas de competencia federal y cantonal. Entre ellas, la realización de campañas de sensibilización entre las comunidades de inmigrantes afectadas y de ayuda a las víctimas.
Se necesita la participación activa de los inmigrantes
Estos proyectos son bien recibidos por Lathan Suntharalingam, aunque advierte: Los inmigrantes bien integrados deben también participar activamente en su difusión».
El político considera paradójico que las cuestiones relativas a la integración sean con frecuencia debatidas – y a veces instrumentalizadas- por personas o partidos que tienen poca experiencia en la materia.
De lo contrario, «sería como disponer de una oficina para la igualdad de género que se ocupe únicamente de los hombres», concluye.
swissinfo, Andrea Clementi
(Traducido por Patricia Islas Züttel)
En Suiza no existe una definición jurídica sobre el matrimonio forzado o la unión por complacencia.
El matrimonio es considerado como forzado si uno de los dos cónyuges no da su consentimiento para casarse.
En el caso de la boda por complacencia, se trata de un matrimonio organizado por terceros, pero con el acuerdo de los interesados.
El Código Penal helvético no contiene disposición alguna que castigue los matrimonios forzados, sino que se contemplan como casos de coacción y pueden ser perseguidos de oficio.
La amenaza, el secuestro y la violencia (física, sexual o psicológica) son los delitos que se enmarcan en estos casos.
Nació en Sri Lanka en 1974 y llegó con su familia a Suiza en 1988 en calidad de refugiados. Huían de la guerra civil.
Suntharalingam obtuvo la nacionalidad suiza en 2004 y se convirtió en diputado del Legislativo de Lucerna por el Partido Socialista. Tres años más tarde alcanzó un escaño en el Parlamento Cantonal de Lucerna.
Actualmente trabaja como enfermero en cuidados intensivos del hospital de Lucerna. También tiene un diploma en «comunicación intercultural». Junto con otros jóvenes de origen extranjero, fundó la plataforma en contra de los matrimonios forzados www.zwangsheirat.ch.
Está casado y es padre de una niña.
La moción ‘en contra los matrimonios forzados y los matrimonios convenidos’, depositada en diciembre del 2006 por la senadora radical Trix Heberlein, será discutida en el Consejo Nacional (cámara baja) el próximo 12 de marzo.
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