Desmovilizados este año 1.300 guerrilleros en Colombia
Frank Pearl, Alto consejero presidencial de Colombia para la reintegración, de visita oficial en Suiza, informó sobre el proceso de resocialización de los alrededor de 46.000 ex participantes en grupos armados de su país.
Durante su estancia en Suiza, en la que busca recaudar fondos, se entrevistó con la ministra de Exteriores, Micheline Calmy-Rey. Suiza respalda los trabajos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
«Frank Pearl informó a la ministra Micheline Calmy-Rey sobre los desafíos y avances del proceso y también abordaron cuestiones actuales, la posibilidad de relanzar el proceso de paz en la situación actual», explicó Thomas Greminger, responsible del Programa de Política en favor de la Paz de la División IV del Ministerio de Exteriores.
«Suiza, junto con España y Francia, seguimos disponibles para participar como facilitadores en el proceso de paz, pero ahora esperamos por parte de las FARC una respuesta sólida ante nuestros intentos de contacto», comentó Greminger sobre la eventual liberación de los rehenes políticos de las FARC.
Thomas Greminger moderó un panel con la presencia de Frank Pearl, el Alto consejero presidencial de Colombia para la reintegración, quien «quiso informarnos sobre la situación del proceso de integración, en especial, sobre los paramilitares desmovilizados».
Aunque el funcionario helvético advirtió que el gobierno suizo hasta ahora no ha respaldado el proceso de reintegración, no está descartado que pudiera hacerlo en el futuro, aunque para tal medida se requeriría de una eventual evaluación de las autoridades competentes.
No obstante, Greminger puntualizó que el interés de las autoridades suizas se ha centrado hasta ahora «en el trabajo de la Comisión de Reparación y Reconciliación y de la Comisión de Memoria Histórica, y en este contexto subrayamos el papel de las víctimas y en ésto está implícita la reparación, establecer la verdad y el derecho a la justicia y también a que no se repitan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado».
Por su parte, el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración en Colombia, Frank Pearl, conversó con swissinfo después de sus encuentros con parlamentarios suizos y miembros del gobierno suizo.
swissinfo: Sr. Pearl, ¿a qué obedece su visita a Suiza?
Estamos haciendo una visita con dos objetivos, uno de tipo político, reuniéndonos con autoridades, como la ministra de Relaciones Exteriores y miembros del Parlamento y, el otro, con personas que trabajan con fondos del sector privado y que eventualmente estarían interesados en invertir en el proceso de paz en Colombia creando oportunidades de negocios con contenido social.
swissinfo: ¿Su viaje a Suiza forma parte de una gira europea?
Frank Pearl: Sí. Vamos a Holanda donde tendremos oportunidad de reunirnos con funcionarios del gobierno y vamos a ir a la Corte Penal Internacional.
swissinfo: ¿Con la ministra suiza de exteriores Michele Calmy-Rey de que se habló?
F. P.: Hicimos un recuento del proceso de paz en Colombia, de cómo viene funcionando la ley de justicia y paz, de sus avances, de cómo la decisión de extradición no impide ni imposibilita la reparación de las víctimas gracias al acuerdo que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, de cómo se vienen desarticulando y debilitando las FARC y estas personas han entrado a un proceso de reintegración que cada día está más fortalecido y está siendo la semilla de la paz en Colombia.
swissinfo: La gente que ha sido extraditada a Estados Unidos forma parte del proceso de justicia, lo que provoca críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo enmarca usted la justicia en este proceso que ha venido a explicar?
F. P.: Estos procesos tienen tres componentes, el de verdad, el de justicia y el de reparación, los cuales facilitan la garantía de no repetición.
En cuanto al proceso de verdad, no se va a ver afectado. ¿Por qué? Por dos razones: en Colombia hay más de 670 personas que hacían parte de estas organizaciones con cargos de responsabilidad que conocen los hechos que cometieron, están presos hoy y hacen parte de un grupo de 3.000 personas que van por la Ley de Justicia y Paz y que con sus declaraciones a la Fiscalía van a contribuir a que se sepa la verdad. Y a ello se agrega el hecho adicional de que hay una provisión en un acuerdo con los Estados Unidos para que los procesos de la justicia colombiana puedan ir en paralelo con los de la justicia estadounidense.
En segundo lugar, el tema de la justicia, pues habrá sentencias en Estados Unidos y es posible que haya procesos en Colombia. Y en el tema de la reparación se hizo una provisión con EE UU de un acuerdo para que todos los bienes que sean identificados y decomisados como parte de los procesos en Estados Unidos, tengan dos condiciones, la primera, que se queden en Colombia, y la segunda, se pueden utilizar únicamente para reparar a las víctimas.
Con este panorama el gobierno colombiano fortalece el proceso además, deja sin ningún piso los argumentos en el sentido de que el gobierno tenía algo que esconder y por eso no extraditaba a las personas quienes hoy en Estados Unidos están libres para contar toda la verdad, caiga quien caiga, y además, va a facilitar, digamos, el acceso rápido a estos bienes para que puedan ser entregados a las víctimas.
swissinfo: ¿Es difícil para usted responder a estos cuestionamientos sobre los extraditados, que se dice serán incriminados por narcotráfico y no por los crímenes de lesa humanidad de los que tal vez son culpables?
F. P.: No, yo creo que es muy fácil. Lo que pasa es que hay mucha desinformación. Cuando las personas entienden porqué se tomaron las decisiones, conocen las provisiones de los acuerdos, ven que realmente el enfoque del gobierno colombiano es tener un proceso integral donde las víctimas sean reparadas, pero también donde quienes se desmovilizaron tienen una oportunidad para reintegrarse y las comunidades se beneficien, las personas van entendiendo y van aceptando.
Pero, inclusive, si los testimonios de estas personas no fueran considerados para la reparación de las víctimas -estamos hablando de 14 personas; muchas de ellas no cometieron directamente esos crímenes-, quienes los cometieron están en la cárcel. Y están obligados a pasar por un proceso judicial en Colombia. Y hay más de 2.000 personas adicionales a las casi 700 que están detenidas, que tienen que pasar por el mismo proceso y son ellos quienes de primera mano saben cuáles fueron los delitos, los crímenes, las desapariciones que cometieron, que van a servir para, juntando toda esa información, lograr que las familias sepan que pasó con sus seres queridos, la principal preocupación de las víctimas.
swissinfo: ¿Puede resumir el proceso de reintegración?
F. P.: Nosotros sabemos y tenemos la plena convicción de que los colombianos estamos cansados de la violencia. Las personas que están en los grupos al margen de la ley cada día están más cansadas y más frustradas y por eso se salen; porque ven que allí no hay un proyecto político detrás, hay delincuencia común dedicada al narcotráfico y eso no tiene sentido para ellos. Queremos que tengan una oportunidad de volver a la sociedad bajo ciertas condiciones. Que asuman responsabilidad por lo que hicieron.
Necesitamos el apoyo y compromiso de los ciudadanos que deben ver beneficios tangibles de ese proceso y por eso la estrategia que estamos implementando es de desarrollo comunitario, donde las personas de bajos ingresos, afectadas por la violencia, también se benefician de las oportunidad que brinda el proceso de reintegración. En las ciudades y municipios donde ha habido más violencia en Colombia estamos trabajando para facilitar las condiciones para que la sociedad se reconcilie.
swissinfo: Un ejemplo de ese trabajo…
F. P.: Le puedo dar varios, pero le doy uno: en Chigorodo, en Urabá, donde hace un año juntamos a personas en una misma mesa: desmovilizados del M19, del EPL, de las FARC, de las autodefensas, un sobreviviente de una masacre, la rectora de un colegio, el alcalde, líderes cívicos… Hacen un inventario de cómo está su pueblo. A través de psicólogos, trabajadores sociales y antropólogos que trabajan en la Alta Consejería Presidencial nosotros facilitamos el proceso para que procesen el pasado con respeto y con responsabilidad.
Con el inventario identifican proyectos concretos: escuelas, parques. En este caso había un caño de aguas negras, los niños se estaban enfermando y deciden que en lugar de eso quieren un parque. En este año, en un proceso constructivo, definido por la comunidad, se arregla el caño y los desmovilizados construyen un parque para y con sus vecinos y que hoy es un símbolo de la reintegración y del proceso de reconciliación. Y ese es el tipo de cosas que estamos haciendo en 24 de los 80 municipios. A finales de este año ya estaremos trabajando en los 80.
swissinfo: ¿Por qué ahora podría ocurrir un cambio a través de este programa?
F. P.: Precisamente porque nosotros miramos no la foto, sino la película. En el 2002, 8 de cada 10 colombianos no tenían acceso a la salud; hoy, 5 años después, 8 de cada 10 tienen acceso, sólo para dar un ejemplo de cómo hemos evolucionado. La Constitución de 1991 permite una sociedad pluralista y una sociedad basada en la restitución de derechos a los ciudadanos.
Creo que la sociedad colombiana está lista para reconciliarse, para pasar la página con responsabilidad.
Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo en el país porque estamos adelantando el proceso de justicia transicional más ambicioso del mundo: obligar a quienes cometieron los crímenes a reparar a las víctimas con sus bienes personales; en segundo lugar, juzgar a más de 3.000 personas en un proceso donde hay que tener un balance entre justicia y paz; asumir como gobierno los costos de reparación administrativa, lo que va a tener un costo de 3.500 millones de dólares en el presupuesto nacional y además, desmantelar los grupos al margen de la ley a través de la acción responsable de las fuerzas militares y de la policía, respetando el Derecho Internacional Humanitario y dando a las personas la oportunidad de que se reintegren a la sociedad asumiendo un papel diferente y digno, que vuelvan a una sociedad de la cual nunca debieron salir.
swissinfo, Patricia Islas Züttel
La prensa suiza e internacional se concentra en saber si se acerca el fin de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Frank Pearl, el Alto consejero presidencial de Colombia para la reintegración dijo a ese respecto que 1.300 guerrilleros han decidido deponer las armas en lo que va de este 2008.
Algunas organizaciones de defensa de derechos humanos suizas critican en concreto que se pida financiación para la reintegración, mientas las fortunas de los jefes paramilitares serían millonarias por sus vínculos con el narcotráfico. Se dice que se apoderaron de varios millones de hectáreas de tierra fértiles y que si se cumpliera la Ley de Justicia y Paz, con la devolución de esas tierras se podría financiar la reparación y reinserción. El hecho de que 14 de estos líderes haya sido deportado a Estados Unidos también es origen de preocupación.
Suiza y Colombia celebran este 2008 el centenario de sus relaciones bilaterales. En julio, la ministra de Exteriores, Micheline Calmy-Rey tiene en agenda un viaje a ese país sudamericano.
Miembros de grupos armados irregulares desmovilizados: cerca de 46.000
Desmovilizados en colectivo: 31.000
Desmovilizados de forma individual: 15.000
5% de los desmilitarizados han vuelto a la actividad criminal (3.000)
36.000 personas desmovilizadas pertenecerían a cuerpos paramilitares
11.000 más a grupos guerrilleros.
7.000 personas han terminado su participación en el programa de reintegración.
Alrededor de 37.000 están activos en ese proceso de reinserción.
Diariamente ingresan al programa 10 personas.
Fuente: Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas
El Alto consejero presidencial para la reintegración en Colombia, Frank Pearl, busca respaldo en inversiones para sostener la tarea de la reintegración.
Él explica que en el proceso de integración, el sector privado puede participar a través del financiamiento de nuevas oportunidades de negocios a través de fondos de inversiones e iniciativas empresariales con opciones de inversiones rentables con contenido social.
El concepto es empezar a generar polos de desarrollo para alejar el delito y la violencia. El canal de comunicación con los inversionistas es directo.
En el proceso de reconciliación, Suiza y otros países apoyan las tareas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
A través de consultas públicas, la Comisión busca dar la palabra a las víctimas,a la sociedad civil, a las instituciones del Estado, a las autoridades locales, a las organizaciones sociales y a las iglesias.
Un ejercicio que se abre como una oportunidad de reconciliación en la búsqueda de consensos, acuerdos y pactos que den vida a la reconstrucción de una sociedad que urge soluciones.
La Comisión es una instancia de naturaleza mixta creada por el legislativo.
Su autonomía y posibilidades de acción no deben estar atadas exclusivamente a decisiones gubernamentales, por el contrario, debe actuar dentro del marco asignado por la ley, con miras a construir políticas de Estado.
A la Comisión pertenece el Grupo de Memoria Histórica, encargado de presentar al país un informe sobre las razones del surgimiento y evolución de los grupos armados en Colombia.
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