Indígenas de Colombia, víctimas en muchos frentes
Luego de tres años de investigaciones, recolección de testimonios y análisis documentales, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) determinó que en Colombia persisten serias violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas alerta sobre el riesgo de desaparición de 18 comunidades indígenas colombianas como consecuencia del conflicto armado.
Víctima de todos los actores armados: Ejército, paramilitares y guerrilla, la población indígena sufre también el embate de trasnacionales apoyadas por las políticas oficiales. Bruno Rütsche, juez suizo del TPP, habla con swissinfo.
«La complicidad de autoridades y trasnacionales se produce en detrimento de los pueblos indígenas, cuya existencia muchas veces queda en peligro por la explotación irracional de los recursos naturales, la contaminación y el despojo de sus territorios».
Bruno Rütsche, del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, integró el grupo de cuatro jueces occidentales -además de 12 indígenas-, que participaron en la audiencia sobre pueblos indígenas. Esa fue la última de seis reuniones que, a lo largo de tres años, analizaron la situación del país andino. Una pre audiencia sobre Nestlé tuvo lugar en 2005, en Berna.
De 2006 a 2008, Colombia estuvo, por segunda vez, en el banquillo de los acusados. Entre 1989 y 1991 el Tribunal había enjuiciado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en un ciclo de conferencias que involucró a 12 países de América Latina. En Colombia arrancó y concluyó el evento.
Incremento de asesinatos
En esta ocasión, el Jurado del Tribunal, estuvo encabezado por el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. El organismo sometió a examen, de nueva cuenta, situaciones graves que afectan la vida y los derechos fundamentales de la mayoría de la población colombiana.
«El Tribunal, a lo largo de las audiencias realizadas y a través de los numerosos testimonios orales y escritos recibidos, ha podido hacerse una idea de la magnitud extremadamente grave de las violaciones de derechos humanos en Colombia, hasta el punto de que puede hablarse de un cuadro generalizado de violaciones de la mayor parte de los derechos humanos, respecto de amplios sectores de la sociedad», anota el fallo del TPP.
A partir del 2002, en Colombia se registra un promedio de 148 víctimas de muertes violentas por año, un aumento del doble con respecto a diez años antes. Muchas de las personas asesinadas son líderes sindicales o autoridades indígenas.
«Atacan a curanderos, sabios, a aquellos que tienen un alto perfil en la comunidad. Sin sus líderes, los indígenas quedan en la orfandad, sin saber cómo desarrollarse y muchas veces se dividen, y el gobierno aprovecha para proponerle sus megaproyectos» a través de los cuales pierden sus territorios, asienta nuestro entrevistado.
A guisa de ejemplo, Rütsche se refirió a la reciente inauguración de un Pueblo Nuevo entre los indígenas arhuacos mediante un compromiso por el que éstos pueden vivir en esa aldea con presencia del Ejército y nadie más puede entrar en ella. A cambio, tienen que ceder su territorio para un proyecto de Etnoturismo.
Estrategia de despojo
Se trata de una estrategia de seguridad y de contención de la guerrilla, pero en la que los legítimos propietarios de la tierra se convierten en meros inquilinos.
«De 102 pueblos indígenas, 28 están en inminente peligro de extinción», advierte nuestro interlocutor y precisa que la explotación indiscriminada de recursos naturales: oro, níquel, carbón, petróleo, en territorio indígena se hace sin el menor respeto de los derechos indígenas, inscritos en la Constitución.
Por otro lado, y en el marco del combate a las plantaciones de droga, las autoridades fumigan y contaminan las tierras de cultivo de los indígenas, el agua, el medio ambiente en general. «Y para los indígenas, que tienen una estrecha relación con la Naturaleza, dañarles sus ecosistemas es privarlos de la base de su supervivencia».
«Estamos alarmados de saber que según la Organización de Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), al menos 18 pueblos están en riesgo de desaparición», señala por su parte el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bruno Moro.
Destaca que se trata de una «urgencia humanitaria» aunque reconoce «importantes avances» en la protección de las poblaciones indígenas.
Amenazan con suicidio colectivo
En tales condiciones, los pobladores naturales de las zonas afectadas se ven obligados a desplazarse, lo que significa que pierden su tierra, su cultura su identidad y en muchas ocasiones se convierten en mendigos en las zonas urbanas.
La situación es tan grave que los indígenas Uwas -unos seis mil ubicados en parte de Boyacá y Arauca, en el oriente del país- han advertido que si se consuma la pretensión de explotar el petróleo de su territorio, van a proceder a un suicidio colectivo.
«Y tengo la impresión de que lo harían, porque expulsarlos de su tierra es condenarlos también a un suicidio, pero en forma lenta».
Los grupos armados
Pero para los indígenas colombianos, las amenazas no sólo vienen de los intereses económicos y de las políticas que los apoyan. También son víctimas de los grupos armados del país: la guerrilla, el Ejército y los paramilitares, de éstos dos últimos, «muchas veces ‘defendiendo’ los intereses de multinacionales.
«Si se compara el mapa donde hay desplazamientos, donde están los actores armados y más que todo, los paramilitares a veces en connivencia, tolerancia o abierta colaboración con la fuerza pública, son territorios donde hay yacimientos de petróleo, minerales, o son zonas estratégicamente importantes».
Pero la guerrilla también les aporta su dosis de violencia: en la audiencia sobre pueblos indígenas se denunció de manera reiterada el reclutamiento forzado, tanto de niños como de niñas, y la instalación de minas. Indica Bruno Rütsche que en junio pasado, unos menores que iban a pescar murieron víctimas de una explosión.
La guerrilla busca «confinar» a las comunidades indígenas mediante la instalación de los artefactos explosivos. «No pueden salir ni a pescar, ni a cazar, quedan encerrados en sus propios pueblos».
La lista de denuncias es extensa: violaciones de mujeres, uso de la población como escudos humanos. «El Ejército emplea a los indígenas como ‘guías’ con lo que, además, son ellos los que tienen más riesgo de pisar las minas».
El Fallo del TPP, transmitido a las autoridades colombianas a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU, es, a decir de Bruno Rütsche:
«Un grito desgarrador del pueblo indígena, que pide respeto a sus derechos y que cese el ataque del Estado y de las multinacionales contra sus territorios y sus comunidades, contra su existencia misma. Es un grito conmovedor, pero también un grito de esperanza».
swissinfo, Marcela Águila Rubín
Según la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, en Colombia existen 102 comunidades naturales, pero otras instituciones hablan de 84.
El conflicto armado ha dejado sólo este año un total de 2.117 desplazados, 25 personas asesinadas, dos desaparecidas y tres muertos por la explosión de minas antipersonales, de acuerdo con la ONIC.
Establecido en 1979, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene como antecedentes los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y aquellos sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976).
Su misión es: garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos que no encuentran respuestas institucionales a escala nacional o internacional.
Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia.
La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el período neoliberal.
Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y
colombianas viven en la pobreza, y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.
Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7%.
Fuente: TPP
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