Informe sobre Colombia de Amnistía Internacional

Una protesta de activistas de derechos humanos delante del Congreso en Bogotá. Keystone

El documento, de 122 páginas, que reúne cifras, balances comparativos y numerosos testimonios, es considerado por los autores como el "estudio más exhaustivo y actualizado" sobre el estado de los derechos humanos en ese país sudamericano.

Dos expertos suizos opinan sobre el informe ‘¡Déjennos en paz! – La población civil víctima del conflicto armado’, hecho público este martes.

«La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos del mundo. Sufriendo los ataques de las fuerzas de seguridad, de los paramilitares y de los grupos guerrilleros, mientras que el Gobierno no toma medidas de peso para brindarle una protección efectiva», comenta a swissinfo Marta Fotsch, coordinadora del trabajo sobre Colombia en la sección suiza de Amnistía Suiza.

Momento oportuno

El Informe de Amnistía Internacional (AI) «es excelente, serio y contundente en cuanto a contenido» y «llega en un momento político muy oportuno», señala, por su parte, Stephan Suhner, corresponsable de la ONG Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.

Y es que en las últimas semanas «se ha intensificado la represión contra los movimientos sociales, sean éstos los pueblos indígenas o los trabajadores cañeros del Cauca», prosigue.

«El Gobierno colombiano no expresa una voluntad política real para negociar con los sectores sociales que se movilizan por sus propias reivindicaciones. Y aunque éstos no tienen nada que ver con la guerrilla, el poder los reprime con el pretexto de estar manipulados por los grupos armados», explica a swissinfo Suhner.

Uno de los principales problemas actuales –y que se refleja en cierta forma en el Informe de AI– es «el tratamiento que da el Gobierno a cualquier oposición social. No lo acepta. No hay matices medios. O se está con el poder o contra él».

Violaciones en aumento

En 2007 se produjeron al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en 2006. De aquellos en los que se pudieron identificar sus autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de 260.

Si en 2006 se contabilizaban 220.000 desplazados como producto del conflicto, un año más tarde este número ascendió a 305.000.

En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad y de los paramilitares o se encuentran en paradero desconocido, después de ser secuestradas por grupos de la guerrilla. Es decir, un 5% más que en 2006.

‘¡Déjennos en Paz!’ constata que si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el transcurso de los años -por ejemplo, el número de secuestros que pasó de 3.570 en 2000 a algo más de 520 en 2007 o la seguridad en algunas ciudades como Bogotá o Medellín-, otros han empeorado.

«Las autoridades colombianas están dando una versión muy optimista de la situación sobre los derechos humanos en ese país, a pesar que cada vez son más los informes sobre desplazamiento forzado, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidio cometidos por las fuerzas de seguridad», apunta Marta Fotsch quien visita regularmente Colombia.

Realidad y ficción

«Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país, prefiriendo definir las hostilidades en el marco de la guerra contra el terror internacional», señala el comunicado de prensa que acompaña la presentación del estudio.

Esa constatación implica dos problemas adicionales, según Fotsch. «Por una parte, ¿cómo se va a resolver un conflicto si se niega la existencia? Por otra, negar la existencia del conflicto puede significar que los actores involucrados no se sientan obligados a cumplir con el derecho internacional humanitario».

El capítulo ‘Distinguir entre mito y realidad’ de informe se centra en la naturaleza misma de la etapa que atraviesa Colombia.

«Según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado se define como las hostilidades en las que participan las fuerzas gubernamentales de un país o un grupo armado no gubernamental», recuerda AI en su estudio.

Y enfatiza que «los conflictos armados no internacionales se definen como las hostilidades que se producen dentro del territorio de un único Estado, sin que fuerzas armadas de otros Estados luchen contra el gobierno».

En ese caso, «la violencia debe ser prolongada y el grupo no gubernamental debe estar organizado, contar con una estructura de mando y controlar territorio».

Este desacuerdo político y conceptual sobre la naturaleza del conflicto en Colombia incidirá luego en aspectos colaterales de importancia clave.

«De un modo similar no hay consenso respecto a cuestiones tales como el papel de los grupos de derechos humanos o la gravedad de la situación de los derechos humanos», subraya el Informe de AI.

Según el documento, una de las consecuencias más dramáticas de este conflicto – en el centro del cual se encuentra el controvertido problema de la tierra-, es que la población civil sigue siendo la principal víctima de la crisis de los derechos humanos. De ahí el título del informe, ‘¡Déjennos en paz!’.

«Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el Gobierno y los grupos guerrilleros tienen que apartar del conflicto a la población civil», concluye Marta Fotsch.

swissinfo, Sergio Ferrari

Dos años de trabajo

El Informe de Amnistía Internacional fue realizado entre 2006 y 2008 por delegados y delegadas de ese organismo que visitaron diversas regiones de Colombia, incluidos los departamentos del Chocó, Arauca, Antioquia, Guaviare, Meta, Cesar y Putumayo.

Recoge elementos vertidos en centenares de entrevistas y encuentros con personas de base – muchas veces víctimas directas- y representantes de sectores de la sociedad civil.

Asimismo los temas tratados en reuniones sostenidas con responsables de agencias internacionales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Incluso, con funcionarios nacionales de primer nivel, entre ellos el vicepresidente de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del programa presidencial.

LAS ALTERNATIVAS

«La tragedia del largo conflicto de Colombia estriba en la falta de voluntad política mostrada por todas las partes para acabar definitivamente con el pernicioso ciclo de vulneraciones del derecho internacional humanitario y de homicidios y otros graves abusos contra los derechos humanos», señala Amnistía abriendo su acápite de ‘Conclusiones y Recomendaciones’.

Y «aunque no será fácil encontrar una solución duradera…», existe un camino para alcanzarla, destaca el documento que propone pistas de acción concreta a todos los actores involucrados.

Para Amnistía, la propuesta para una alternativa futura reside «en las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas en repetidas ocasiones por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», concluye Marta Fotsch, de la sección suiza de AI.