La ciudadanía suiza rechaza la expansión de autopistas y más derechos para propietarios

La autopista A1 en Suiza.

No a las autopistas más grandes, sí a un nuevo modelo de financiación sanitaria, no a los desalojos más fáciles y a normas más estrictas para los subarrendamientos: la ciudadanía suiza se pronunció el domingo sobre un conjunto de votaciones con resultados ajustados.

Los institutos de encuestas y las grupos de expertos en análisis político habían anticipado una jornada reñida, y, finalmente, acertaron. De los cuatro temas sometidos a votación este domingo, la mayoría más amplia parece alcanzar el 53,3% (financiación sanitaria). Aunque las autoridades suizas consiguieron evitar una derrota en los cuatro temas –un resultado que también se había anticipado–, sufrieron un revés importante en la votación principal: la propuesta ampliamente respaldada para ampliar las autopistas del país.

Autopistas: la ciudadanía rechaza el proyecto de ampliación de 5.000 millones de francos suizos

Los planes del gobierno para la infraestructura vial han sufrido un revés definitivo: el 52,7% de la ciudadanía rechazó este domingo un paquete de ampliación de autopistas valorado en 5.000 millones de francos suizos (5.600 millones de dólares). Las propuestas, aprobadas por el parlamento el año pasado, contemplaban el ensanchamiento o la construcción de nuevas carreteras en seis puntos clave del sistema de autopistas del país, en particular en la A1, cerca de la capital, Berna, y en un tramo de alto tráfico entre Ginebra y Lausana.

El recorrido de la autopista más larga de Suiza, la A1. Swissinfo

El domingo, el Partido Verde celebró lo que calificó como un rechazo histórico a «una política de transporte obsoleta». Junto con grupos de izquierda y ecologistas, los Verdes habían hecho campaña destacando el impacto ambiental del proyecto y argumentando que unas carreteras más grandes solo generarían más tráfico. Exigen ahora que los fondos se destinen al transporte público, la movilidad activa y la renovación de las autopistas existentes.

Quienes respaldaban el proyecto argumentaron que los atascos han aumentado considerablemente en los últimos años y que era necesaria una inversión para responder al crecimiento de la población suiza. Las nuevas carreteras debían entenderse como parte de una estrategia global que ya incluye inversiones en transporte público y otras formas de movilidad, afirmó el ministro de Transporte, Albert Rösti, en declaraciones a la televisión pública en alemán SRF durante la campaña.

Sin embargo, el impulso inicial de los partidarios se desvaneció durante la campaña, según revelaron las encuestas, lo que condujo a una derrota final. Fabio Regazzi, político del Partido del Centro e implicado en la campaña, comentó a la radio SRF que el resultado refleja “un cierto cambio” entre la población suiza. Hace unos años, este tipo de propuestas se habrían aceptado fácilmente, consideró Regazzi.

Rechazos ajustados a las modificaciones en la ley de arrendamientos en Suiza

La mayoría de la ciudadanía suiza (53,8%) rechazó una propuesta para facilitar a las propietarias y los propietarios la finalización anticipada de contratos de alquiler con el fin de utilizar las propiedades para sus propios fines. Paralelamente, un 51,6% también rechazó un plan para implementar controles más estrictos sobre el subarriendo de viviendas y propiedades comerciales.

Ambas iniciativas generaron gran interés, dado que las leyes de arrendamiento afectan a la mayoría de la población suiza. Aproximadamente el 60% de las personas residentes –el porcentaje más alto de Europa– vive en régimen de alquiler.

La medida para flexibilizar los desalojos fue rechazada en casi todos los cantones de habla francesa, con un rechazo destacado en Ginebra (67,8% de la población), una región que padece una escasez crónica de vivienda. En la Suiza germanoparlante, los cantones de Lucerna (51%) y Basilea Ciudad (65,9%) también votaron “no” a esta iniciativa.

Por otro lado, la propuesta de endurecer las normas sobre subarriendos obtuvo apoyo en varios cantones de habla alemana, como Schwyz (60,5%) y San Galo (55,9%). Sin embargo, fue rechazada en Ginebra (64,8%), Basilea Ciudad (61,5%) y Vaud (58,7%).

La votación del domingo se celebró tras la ratificación el año pasado por parte del parlamento de dos modificaciones en la ley de arrendamientos, propuestas por políticos de derecha en favor de los propietarios. Asloca, la poderosa asociación nacional de inquilinos, lanzó un referéndum, criticando los cambios como un ataque por parte del lobby inmobiliario.

La oposición al cambio en los desalojos advirtió que facilitaría a las propietarias y los propietarios la rescisión de los contratos de alquiler y el desalojo de las inquilinas y los inquilinos bajo el pretexto de uso personal. Los acusaron de querer aprovechar la escasez de vivienda para volver a alquilar los apartamentos a precios más altos. Los círculos inmobiliarios y la derecha argumentaron que las revisiones legales eran específicas y justas, y que aclaraban la legislación actual.

Según la disposición sobre subarriendos, los propietarios tendrían mayor margen para evitar que los inquilinos subarrendaran sus apartamentos. Los propietarios podrían rechazar subarriendos «abusivos», por ejemplo, si duraban más de dos años o si el apartamento se subarrendaba a un precio excesivo.

SRF describió los resultados como «un aviso» para los partidos de centroderecha que inicialmente apoyaron los cambios en la ley de arrendamientos.

«La ciudadanía es crítica con las intervenciones en la ley de arrendamientos a favor de los propietarios», afirmó. El parlamento debatirá más elementos de la ley de arrendamientos en 2025. Nuevas normas que dificultarían que los inquilinos emprendan acciones legales contra los alquileres elevados serán discutidas. Hasta ahora, una mayoría en el parlamento se ha ido formando a favor de los cambios. Pero la votación de hoy podría llevar a algunos políticos a «reconsiderar la situación», dijo SRF.

Sanidad: la ciudadanía aprueba la reforma del sistema

Finalmente, el 53,3% de la ciudadanía aprobó una compleja propuesta para la sanidad, destinada a aumentar el volumen de procedimientos ambulatorios y desincentivar la atención hospitalaria costosa, es decir, aquellos tratamientos que requieren pasar al menos una noche en el hospital.

Este resultado implica que un nuevo modelo de financiación entrará en vigor en los próximos años, donde los cantones y las aseguradoras financiarán los diferentes tipos de tratamientos sanitarios según un modelo estandarizado. Actualmente, los cantones cubren el 55% de los costos de atención hospitalaria, pero no contribuyen en absoluto a los servicios ambulatorios; en el futuro, la división de costos será la misma para ambos: al menos un 26,9% a cargo de los cantones y como máximo un 76,3% a cargo de las aseguradoras.

Regine Sauter, del Partido Radical-Liberal de centroderecha, declaró el domingo que el resultado representa un “hito para el sistema de salud suizo”. No solo aumentará los tratamientos ambulatorios, sino que también demuestra que el sistema es “reformable”, afirmó en la televisión pública suiza, SRF. Al igual que con las pensiones, las reformas propuestas al sistema sanitario suizo suelen tener dificultades para superar la aprobación de la ciudadanía.

La oposición, la cual no cuestionó los beneficios de la atención ambulatoria, argumentaron que la reforma no haría lo suficiente para abordar el problema central: el aumento constante año tras año del coste del seguro obligatorio. Los sindicatos, que lanzaron el referéndum contra la reforma, también expresaron su preocupación de que una mayor influencia de las aseguradoras privadas en los hogares de ancianos pudiera tener un impacto negativo en la calidad de la atención.

Aunque lograron convencer a una mayoría en el sur y oeste de Suiza de habla francesa, los opositores fueron superados en general gracias a un mayor apoyo en las regiones de habla alemana. Mientras tanto, se consideraban claros desfavorecidos: se enfrentaban a «uno de los grupos de lobby más poderosos de Suiza» – las aseguradoras de salud y otras asociaciones del sector, dijo el político socialdemócrata David Roth a SRF.

Adaptado del inglés al español por José Kress.