Obtener la ciudadanía suiza es más difícil para algunos grupos
El difícil camino hacia la ciudadanía suiza cada vez es más selectivo. Un estudio muestra que las personas inmigrantes bien educadas y de posición acomodada tienen ventaja a la hora de obtener el pasaporte suizo.
Adquirir la nacionalidad helvética puede ser una odisea, a no ser que la persona en cuestión se haya casado con alguien con nacionalidad suiza o su padre o su madre la tengan. El periodo mínimo de residencia para las personas adultas es de diez años. Los costes son, a veces, elevados. Y luego están esas preguntas del examen poco claras (¿Qué lago es más grande el de Neuchâtel, el de Lucerna o el de Zúrich?) y las impredecibles razones por las que una persona podría ser rechazada, como cortar el céspedEnlace externo en días festivos (aunque los tribunales han anulado algunas de las objeciones más cuestionables).
Tras revisar las normas en 2018, el proceso no está siendo más fácil o al menos no para todo el mundo, según un estudioEnlace externo de la Comisión Federal para la Migración, órgano consultivo del Gobierno.
De acuerdo al mismo, de 2018 a 2020, de entre las “naturalizaciones ordinariasEnlace externo” la proporción de personas con titulación universitaria era del 57 %, frente al 33,5 % con la ley antigua. Mientras que el número de personas con estudios básicos que adquieren la ciudadanía pasó del 23,9 % al 8,5 %. Durante ese período también descendió el número total de naturalizaciones, aunque desde entonces la cifra ha vuelto a aumentar.
Las observaciones de las autoridades encargadas de la ciudadanía confirman la tendencia, según el estudio, que dibuja una caricatura de la persona “típica” que adquiere la ciudadanía suiza: tiene entre 20 y 40 años y buena educación, vive en una zona exclusiva y es consciente de las reglas asociadas a la solicitud.
Requisitos lingüísticos
El estudio apunta tres razones principales para el cambio. En primer lugar, aunque la reforma de 2018 recortó el periodo de residencia necesario para obtener la nacionalidad de 12 a 10 años, también estipuló que ahora solo pueden solicitarla quienes tienen la residencia permanente (titulares del permiso C). Esto excluye a alrededor de una quinta parte que, con arreglo a la antigua ley, tenían permisos de corta duración o provisionales; también favorece a quienes pertenecen a un selecto grupo de Estados europeos con los que Suiza ha firmado acuerdos para facilitar la residencia.
Otro factor es el “cambio de paradigma”, que se centra en el grado de integración de quienes aspiran a la ciudadanía. Junto a las preguntas del examen sobre geografía, historia y sociedad, ahora se exige un nivel mínimo en una de las lenguas nacionales suizas: B1 hablado, A2 escrito. El informe reconoce que para muchas personas es especialmente difícil alcanzar este nivel escrito, mientras que anima a quienes ya hablan una lengua suiza, como es el caso de quienes proceden de Alemania, Francia o Italia.
Aunque la nueva normativa ha dado un “marco jurídico más preciso” a la cuestión de la naturalización, los 26 cantones suizos siguen gozando de gran libertad para establecer normas, como los requisitos lingüísticos o la independencia financiera. Hay grandes diferencias: algunos cantones excluyen a quien haya recibido asistencia social en los últimos diez años; otros, fijan este listón en tres años. “Puede ser más caótico que federalista”, afirma Manuele Bertoli, presidente de la Comisión Federal para la Migración.
¿Discriminación estructural?
El informe, sin embargo, viene con algunos matices o advertencias y dice, por ejemplo, que el corto periodo de tiempo estudiado significa que “hace falta más investigación”. Está también la cuestión de si el cambio en los perfiles de ciudadanía podría basarse en factores demográficos: desde que en 2002 se introdujo el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, ha crecido con fuerza la inmigración general a Suiza procedente de países de la UE (a menudo gente bien formada).
No obstante, para Bertoli “el aumento de solicitantes con estudios superiores, junto con el descenso de quienes tienen menor cualificación, es tan grande que resulta difícil explicarlo solo por los patrones de inmigración”. Asimismo, el informe, elaborado por personal investigador de las universidades de Neuchâtel, Basilea y Ginebra, sugiere claramente que el requisito de poseer un permiso C dificulta las cosas a “grupos ya marginados”, como son las personas solicitantes de asilo.
Quienes han realizado la investigación apuntan que, aunque ciertos criterios son inevitables, la “alta selectividad de las nuevas normas va más allá de lo permisible” y representa un caso de “discriminación estructural”.
Barbara von Rütte, una de las coautoras del estudio, en una entrevista reciente con SWI swissinfo.ch, fue todavía más clara. El sistema, al endurecer las condiciones para que las personas extracomunitarias puedan obtener la nacionalidad, corre el riesgo de discriminar a las personas “no cristianas y no blancas” del Sur Global. Y añadió que las normas sobre asistencia social también podrían afectar injustamente a las mujeres solteras, que dependen de estas ayudas de manera desproporcionada. Bartoli y von Rütte coinciden en que hace falta un debate más amplio. “¿Queremos solo ciudadanía altamente cualificada? Las repercusiones sociales de un escenario así deben formar parte de un debate político, que aún no se ha iniciado”, señaló von Rütte.
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Debates que están por venir
Dicho esto, en Suiza los debates sobre la ciudadanía y cómo obtenerla no son desconocidos. Se plantean periódicamente ideas en el Parlamento, como un intento fallido en 2021 de conceder la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo suizo. El pueblo a través del voto también ha dado su opinión: y, una vez más, la mayoría de las propuestas para facilitar la naturalización han fracasado, pero en 2017, el 60 % de la población suiza respaldó una reforma para facilitar el procedimiento a los nietos de inmigrantes.
Mientras tanto, una campaña de la sociedad civil aboga por una ambiciosa ampliación de derechos. El movimiento “cuatro cuartas partes” —que toma su nombre del 25 % de residentes en Suiza que no tienen la nacionalidad helvética— quiere que se vote públicamente la posibilidad de nacionalizarse tras cinco años en el país, independientemente de la situación.
Al presidente del movimiento, Arber Bullakaj, no le han sorprendido los resultados del estudio de la Comisión Federal para la Migración. Bullakaj ha reconocido a SWI swissinfo.ch que, por las normas lingüísticas y de integración, grupos enteros están “excluidos de facto” del proceso de ciudadanía. Y añadió que la ley de 2018 fue un “golpe para toda la clase trabajadora”, y fue una de las razones por las que su grupo lanzó la iniciativa. Tienen de plazo hasta noviembre para recoger 100.000 firmas para una votación pública. En cuanto al estudio de la Comisión Federal para la Migración, según Bertoli, se remitirá, entre otros, al Gobierno, al Parlamento y a la Secretaría de Estado para las Migraciones. Las diversas ideas del informe sobre modelos inclusivos de ciudadanía servirán de “base” para la próxima reunión de la Comisión Federal para la Migración, donde podrían formularse recomendaciones formales a las autoridades.
Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff
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