La Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum de independencia para el 1 de octubre que el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar. A dos semanas de la consulta siguen abiertos muchos interrogantes. Más de 220 000 catalanes residen en el extranjero, de los cuales cerca de 12 000 en Suiza. ¿Van a votar?
Francesc reside desde hace cinco años en Suiza, pero no está registrado en el Censo Electoral de los Españoles AusentesEnlace externo (CERA). Este ingeniero industrial de 38 años sigue empadronado en un pueblo de la provincia de Lleida a donde se desplazará para votar. “Creo profundamente en la democracia directa. Proponer, debatir, votar y responsabilizarse de las decisiones colegiadas por todo el pueblo es la auténtica democracia. Es una manera de que hagamos lo público más nuestro y dejar de culpar a ‘los políticos’ de lo que no nos gusta. Y Suiza es un ejemplo a seguir”, dice.
La ley del voto electrónico que impulsó el Gobierno de la Generalitat para facilitar la participación de los catalanes en el exterior no se ha promulgado a tiempo para el referéndum. Francesc lo lamenta. “Sin duda no hace ningún favor a la participación y obliga a viajar o hacer trámites incómodos a todos aquellos que estamos viviendo lejos de Catalunya”. No obstante, reconoce que “votar ‘in situ’ y vivir la emoción del recuento… es una experiencia que vale la pena vivir”.
Referéndum en España
La Constitución españolaEnlace externo (1978) contempla tres grandes modalidades de referéndum (reforma constitucional, consultivo y autonómico). Es obligatorio y vinculante en el caso de una nueva Carta Magna (como la de 1978) o de ciertas reformas constitucionales (por ejemplo, todo lo que atañe a la monarquía). Además, una reforma constitucional puede ser sometida a referéndum si así lo solicita una décima parte de los diputados o senadores.
Los referéndums consultivos no son vinculantes y solo los puede convocar el Gobierno: por ejemplo, sobre la permanencia de España en la OTAN (1986) y la Constitución Europea (2005). No ha habido referéndums consultivos en ninguna comunidad autónoma. Los dos intentos –País Vasco (2005) y Cataluña (2014)– que reivindicaban el derecho de los vascos y catalanes a decidir su futuro fracasaron o fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Los que contemplan algunos Estatutos de Autonomía (no todos) están previstos en la Constitución y son vinculantes.
En 2006, los catalanes avalaron en referéndum el nuevo Estatuto de Catalunya aprobado previamente por el Parlamento español. El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad. El TC declaró 14 artículos inconstitucionales.
A diferencia de sus padres, madrileños afincados en Catalunya desde los años 70, Francesc está a favor de la independencia, pero no está seguro de que esa sea la opción mayoritaria. “Por eso quiero que se haga el referéndum, que decida la mayoría, sea cual sea el resultado, y que ese resultado sea vinculante. La aprobación o no la debe dar la gente, que es de donde emana la democracia y de ella las leyes (y no al revés)”, puntualiza.
El problema es que según la Constitución españolaEnlace externo (art. 149.1.32), “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» es competencia exclusiva del Estado. El Tribunal ConstitucionalEnlace externo (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha suspendido cautelarmente la denominada ley de transitoriedad jurídica (que define el marco legal de una Catalunya independiente si el 1-O gana el sí), aprobada por el Parlament catalán.
Una “reacción lógica y previsible”, según Mercè*, pero es demasiado tarde para enzarzarse en cuestiones legales, sostiene esta periodista, de 46 años, nacida en Barcelona, de padre catalán y madre española. “Han tenido tiempo de sobra para solucionar el conflicto legalmente mediante una reforma constitucional (…) que permita a los ciudadanos participar en las decisiones a través de los referéndums y las iniciativas, como en Suiza”. La ley vigente, dice, es “impropia de una democracia”.
Votar desde Suiza
Casada con un suizo y residente en Suiza desde hace nueve años, Mercè se debate entre votar o no votar: “No participar significa no tener voz y participar significa legitimar algo que no es legítimo, porque este referéndum no lo es”. Además, al no estar inscrita en el Registro de Catalanes Residentes en el ExteriorEnlace externo, no sabe si está “a tiempo de hacer todos los trámites necesarios” para participar.
Según el decreto que firmó el presidente de la Generalitat el 7 de septiembre, solo podrán votar los catalanes en el exterior que se hayan registrado en el censo que ha habilitado la Generalitat y que recibirán la documentación para pedir el voto en un plazo de siete días.
“Aparte del papeleo necesario previo a la solicitud de voto”, explica Mercè, “el procedimiento no difiere mucho del que se seguiría para unas elecciones autonómicas. La diferencia es que es la Generalitat la que debe autorizarme para pedir el voto. Y para ello debo estar registrada como catalana en el extranjero”.
Otra diferencia es que tendrá que enviar su voto a la delegación del Gobierno de la Generalitat en Alemania (porque no hay delegación en Suiza), que será la encargada de custodiar los sobres hasta el momento de proceder al escrutinio.
A diferencia de los catalanes en el extranjero, los que viven en otras comunidades autónomas españolas no podrán votar. “Me parece normal. Una suiza empadronada en el cantón de Zúrich tampoco puede participar en las votaciones de otros cantones”, opina Mercè.
Según Francesc, es una injusticia que atribuye “al hecho de que el referéndum no se haya podido acordar con el Gobierno central y a todas las dificultades que este pone para la consecución del mismo”. Además, “existen reservas sobre la neutralidad de Correos”, afirma.
‘Junts pel Sí’, la coalición electoral que defiende la independencia, teme un posible boicot de la empresa pública de Correos y ha pedido a los catalanes en el exterior que impriman su papeleta para el 1-O.
La desconfianza es mutua. “No tengo ninguna confianza en la ANC [Asamblea Nacional Catalana], uno de los principales organizadores de la consulta”, confiesa Manel*, de 25 años, doctorando en Suiza desde finales de 2014.
Es “una organización claramente fanática y con sus acciones recientes ha demostrado que todo vale para conseguir la independencia”, sentencia. Se refiere, por ejemplo, a “repartir octavillas a los turistas en la huelga del Prat [aeropuerto de Barcelona] comunicando implícitamente que en una Catalunya independiente no habría huelgas, o repartir carteles contra el rey en una manifestación de homenaje a las víctimas del atentado en las Ramblas, insinuando que los muertos fueron culpa de España”.
Nacido en un pueblo de Lleida, de padre catalán y madre gallega, Manel ha vivido en Andorra y principalmente en Barcelona, y está a favor de un referéndum, “pero no de la consulta que se quiere hacer”.
Estado de las Autonomías
Con la Constitución de 1978, España pasa a ser un Estado descentralizado que se conoce como el Estado de las Autonomías. Está conformado por 17 Comunidades Autónomas (regiones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de una comunidad (o ciudad) autónoma. En ellos se establecen la organización y sede de las instituciones autonómicas, así como sus competencias y, en el caso de Catalunya, el País Vasco y Galicia, los principios del régimen lingüístico (catalán, euskera y gallego).
Para decidir el futuro de Catalunya, dice, se necesita una mayoría mucho más amplia que los 72 contra 63 escaños de los partidos que han votado a favor de la consulta en el ‘Parlament’, los mismos partidos que en las elecciones autonómicas no obtuvieron una mayoría de los votos (48%).
Manel no votará el 1-O, porque el referéndum carece de las “garantías suficientes para que el resultado sea verdaderamente democrático y un válido reflejo de lo que piensan los catalanes”. Los organizadores “no son neutrales”, insiste. “¿Quién me garantiza que no se van a manipular las cifras de participación, los votos, etc.?” En su opinión, votarán “aquellos que no teman las consecuencias jurídicas de hacer una acción ilegal”.
Julio, arquitecto de 52 años y residente en Suiza desde 2001, tampoco está de acuerdo con la convocatoria. “Si el referéndum fuera legal, todas las partes pudieran defender sus posiciones y estuviéramos realmente informados de las consecuencias de la creación de un nuevo Estado en Europa, yo iría a votar”. Y si ganara el sí a la independencia, “yo aceptaría esa decisión y apoyaría al nuevo país”, dice.
Aunque nació en Andalucía, Julio se siente catalán y el catalán es su lengua materna, pero se define como internacionalista y, en lugar de crear más fronteras, preferiría suprimir algunas. “Para mí lo importante son las personas y las culturas, no las fronteras”, anota. “Soy emigrante por segunda vez [la primera con seis años] y en todas las partes en las que he vivido me he sentido querido por la gente. Prefiero potenciar lo que nos une y descartar lo que nos distancia. Hay una palabra en el dialecto bernés que me gusta mucho: “zäme” = juntos”.
“Dividirnos no va a solucionar nada; al contrario: perdemos todos”, coincide Mercè.
La pregunta del millón
“Si gana el no, aventuro tiempos muy difíciles para el encaje de Catalunya en España. Y si gana el sí, el proceso de desarrollo de la independencia durará meses o incluso años. Será un proceso complicado”, augura Francesc.
La única certeza, según los sondeos, es que la gran mayoría de los catalanes (80%) quieren pronunciarse sobre el futuro de su comunidad dentro de la legalidad y con garantías de que el resultado sea vinculante.
“El Gobierno no puede ignorar por más tiempo que algunas cosas tienen que cambiar, y la Constitución es la primera”, sentencia Mercè.
“Tarde o temprano, Rajoy y Puigdemont [presidente de Catalunya] tendrán que sentarse a hablar de verdad”, vaticina Manel. Y la solución, a su juicio, reside en que “el Estado reconozca que Catalunya es una nación, tiene una cultura y una identidad propias y diseñe un sistema de financiación más justo con las comunidades que más dinero aportan, entre ellas, Catalunya”.
*Ha solicitado anonimato (nombre modificado) y gallego).
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“Si España fuera como Suiza, habría pocos independentistas”
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El politólogo catalán Jaume López está convencido de que no habría intención secesionista si existiera en España un modelo federalista y de democracia directa semejante al de Suiza.
Entrevista con el autor del libro ‘La independencia de Cataluña explicada a mis amigos españoles’.
swissinfo.ch: Aunque inconstitucional, defiende, como politólogo y activista, abrir brecha a la independencia catalana…
Jaume López: Soy politólogo y profesor de Ciencia Política. Soy ciudadano catalán, con compromisos políticos, y por ello, vale la pena que sean explícitos: defiendo la independencia desde hace algunos años. Por mucho tiempo me incliné por el federalismo en España, pero me he dado cuenta que esa defensa choca contra un muro.
La independencia va a ser difícil, pero nadie me ha demostrado que no pueda producirse. Fui activista en la Plataforma por el Derecho a Decidir; uno de los pocos politólogos allí, por lo tanto, mis convicciones teóricas fueron bastante escuchadas. Mi activismo fue sobre todo hace 8 años; ahora no estoy en primera línea del movimiento social.
swissinfo.ch: ¿Cómo medir el deseo secesionista en elecciones parlamentarias?
J. L: En estas elecciones que nos tocan como comunidad autónoma, los partidos pueden incluir un punto común en referencia a su posición sobre la independencia de Cataluña. “Si nos votan, iniciaremos el proceso de independencia”, podrían indicar. Así, en su programa electoral, cada partido puede señalar de modo explícito su posición sobre la creación de un Estado catalán. Si el resultado electoral apoyara a los políticos independentistas, estos tendrían un mandato democrático a cumplir.
swissinfo.ch: Muchos se indignan o se ríen en España de esta pretensión, sin bases jurídicas que la sostengan. ¿Por qué insistir en estos pasos ilegales?
J. L.: Hemos hecho lo posible para que todas nuestras demandas, empezando por la consulta del 9 de noviembre, cumpliesen los requisitos del marco jurídico español, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que permitía organizar referéndums locales, aprobada por el Parlamento de Cataluña. Los políticos catalanes, diputados y gobierno, no pueden cambiar ese marco jurídico, pero hay que hacerlo. Es una tarea del Parlamento español.
Así que, o seguimos las actuales reglas del juego, que no nos parecen neutras, o en algún momento nos saltamos la legalidad. Creo que cada vez está más asumido por la ciudadanía catalana que el proceso va a tener que romper con la legalidad española, o incluso la legalidad internacional. Si se hacen las cosas democráticamente, pacíficamente, con transparencia, sobre todo con un mandato popular, a mi modo de ver, es democrático, aunque sea inconstitucional, porque no se ha conseguido cambiar la Carta Magna de España.
Recordemos que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando expresó su dictamen de Kosovo, de modo indirecto pero claro, distinguió entre la legalidad constitucional y la legitimidad internacional. Reconocía que la independencia de Kosovo era inconstitucional para el Estado de Serbia, y pese a ello no la consideraba ilegal o ilegítima. Si la Constitución serbia no incluía esa posibilidad, era obvio que era inconstitucional, pero podía ser legítima a nivel internacional.
swissinfo.ch: Pero el caso de Kosovo no tiene semejanza con el catalán. Tampoco se han dado las condiciones que obtuvieron Quebec y Escocia.
J.L.: Defiendo la singularidad del caso catalán. Vetado el camino plebiscitario, el gobierno de Cataluña continúa adelante con un proceso democrático para que sus ciudadanos expresen si quieren formar parte de España o no, en contra del Estado; y esto no tiene precedentes.
Concretamente se busca en las urnas claridad del apoyo a la demanda independentista. Y si la mayoría del pueblo catalán la respaldara, podría iniciarse el proceso, con la observación del resto de Europa.
swissinfo.ch: Muchos en España reirán de esas convicciones, sin marco legal y sin voluntad política en Madrid para abrir vías constitucionales al reclamo catalán. ¿Aun así vale la pena mantener en pie las elecciones “plebiscitarias”?
J.L.: Sí. Aunque saliera un ‘no’ al camino independentista, yo creo que habría valido la pena este esfuerzo para el reconocimiento de la plurinacionalidad en España.
Recordemos que vivimos es un reino que también fue unido, pero después fue unificado. En la Guerra de Secesión hace 300 años Cataluña fue invadida por las tropas castellano-francesas, para formar parte de esta monarquía borbónica que hoy tenemos.
Cataluña también es una minoría permanente en el conjunto de España, si queremos hablar en términos estrictamente democráticos. Y hay que dar respuesta democrática a este problema de cómo pueden vivir de acuerdo con sus preferencias y sus voluntades aquellos que son y serán siempre una minoría en España. Si bien la democracia es la mejor forma de gobierno, tiene que complementarse; de lo contrario esas minorías pueden plantearse si esa democracia les sirve.
swissinfo.ch: Ha defendido cambios en el status quo español, como el federalismo y nuevos engranajes de la democracia representativa con la directa. ¿El modelo de Suiza ha estado en su cabeza?
J.L.: Yo siempre he tenido como uno de los modelos a seguir a Suiza, en muchos sentidos, o prácticamente en todos: en la neutralidad, en el federalismo y en la democracia directa. Creo que serían las tres bases sobre las cuales tendríamos que transformar a España, si fuera posible, para convertirla en una confederación, o, como mínimo, en una federación.
Estoy convencido de que si estos principios que funcionan en Suiza fueran de aplicación real en España no habría movimiento independentista, o sería absolutamente minoritario, por parte de aquellos que consideran que históricamente Cataluña se merece un Estado y que, por tanto, esa demanda es plausible, porque viene de siglos atrás.
Si España fuera como Suiza, habría pocos catalanes independentistas.
swissinfo.ch: Diversos movimientos sociales en España reivindican la introducción de herramientas de la democracia directa. Los independentistas catalanes, sin duda...
J.L.: Cuando pensamos en una Cataluña posible, sin los límites que plantea la Constitución española, nos podemos imaginar y pensar en el modelo suizo de democracia directa para aplicar en Cataluña. Es decir, aplicar todos los mecanismos de corrección o complementariedad a la democracia representativa que funcionan en Suiza.
En diversos planteamientos, en ciertos borradores que se han presentado a los políticos, y en los que también he contribuido, se defiende que la constitución catalana, si es que llegara a existir, debería incluir tres tipos de llamados a las urnas, cercanos a Suiza: el referéndum mandatorio (que sí está incluido en la Constitución española en algunos casos), pero también el opcional, y la iniciativa ciudadana. Y siguiendo la experiencia de algunos Estados americanos, el referéndum revocatorio.
Proceso soberanista
El 27 de septiembre es la fecha anunciada para realizar las elecciones parlamentarias en la comunidad autónoma. La Generalitat adelantó la cita año y medio, en pleno derecho de hacerlo. La reprobación se debe a las intenciones de hacer de esas elecciones un “plebiscito secesionista”.
De aquí a la fecha prevista para esas elecciones anticipadas, se espera mayor confrontación entre las administraciones del Estado español y de la autonomía catalana.
El presidente Artur Mas viajó en abril a Estados Unidos para explicar el deseo secesionista catalán. También publicó opiniones en diarios extranjeros sobre el deseo independentista de la autonomía que gobierna, lo que provocó severas críticas por parte de Madrid y de los medios de comunicación con sede en la capital española.
Por otra parte, otras figuras en favor del independentismo apuntan a un proceso constituyente catalán que se comprometa a celebrar el deseado referéndum sobre la independencia en 2016.
Cataluña
Comunidad autónoma española, según la Constitución española de 1978.
Se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña en 1979, con el que se recuperó el uso oficial del idioma catalán, junto con el castellano y el occitano (en su variante aranesa), a partir de 2006.
Cataluña se considera como nacionalidad histórica. Término usado para designar a aquellas comunidades autónomas con una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España.
Su territorio, de 32.000 km2 se encuentra al nordeste de la península ibérica, y limita con Francia.
Población: 7.5 millones aprox.
Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Capital: La ciudad de Barcelona
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