¿Se aprobará financiar la sanidad de manera uniforme?
El 24 de noviembre, en Suiza la población decidirá si acepta financiar la sanidad de modo armonizado, un plan que busca reducir la carga de las primas y centrarse más en los tratamientos ambulatorios. Según el sindicato SSP (Sindicato de Servicios Públicos) que ha presentado el referéndum, las consecuencias serán nefastas tanto para quienes se ocupan de los cuidados como para quienes los reciben.
Es un proyecto complejo en un tema no menos complejo: la sanidad. Este mismo año la ciudadanía ya ha rechazado una iniciativa popular para frenar los costes y otra destinada a reducir las primas. Y no parece que esta sea la última.
La revisión que se va a votar el 24 de noviembre comenzó en 2009 y —tras catorce años de trabajo— llegó al Parlamento en diciembre del año pasado. Una amplia mayoría del espectro parlamentario aprobó que los servicios ambulatorios y hospitalarios (EFAS) se financien de manera uniforme. Se trata de una de las reformas más profundas de los últimos años de la ley federal sobre el seguro de enfermedad obligatorio para todas las personas residentes en Suiza (la LAMal), que se aprobó en 1996.
¿Cómo funciona en la actualidad?
Recibir tratamiento en un hospital y pasar en él una noche por lo menos equivale a recibir servicios de hospitalización. Actualmente, los y las contribuyentes pagan como mínimo el 55 % de la factura a través del cantón. El resto corre a cargo del seguro de enfermedad obligatorio, es decir, lo abonan quienes pagan las primas.
Si se sale del hospital el mismo día el tratamiento será ambulatorio. Este tipo de tratamientos se costean por completo a través de las primas del seguro de enfermedad.
En el caso de los cuidados de larga duración —en una residencia o en el domicilio—, la factura la pagan el seguro obligatorio (seguro básico) y la propia persona que recibe los cuidados (en base a los niveles de cotización fijados por el Gobierno federal); el resto corre a cargo de los cantones.
¿Qué prevé el EFAS?
El sistema de financiación uniforme establece la misma clave de reparto para los tres ámbitos del seguro básico. El 26,9 % de los costes netos como mínimo (una vez deducida la contribución del paciente) lo pagarán los cantones; mientras que las primas financiarán, como máximo, el 73,1 % de esos costes netos.
Este régimen se aplicará a partir de 2028. A partir de 2032 (periodo transitorio) en el caso de los cuidados de larga duración, que, a partir de ahora, se remunerarán sobre la base de tarifas que cubran los costes.
Los cantones cofinanciarán la asistencia ambulatoria y dispondrán de nuevas posibilidades de gestión. Sus aportaciones —en función de los costes reales— se repartirán entre las aseguradoras, a través de un comité ad hoc de la institución paritaria LAMal de las aseguradoras.
¿Cuál es el objetivo de esta revisión de la LAMal?
El fin es reequilibrar entre las aseguradoras sanitarias y los cantones la carga de los costes hospitalarios. Asimismo, se busca mejorar la calidad de la asistencia, haciendo que para los y las pacientes sea más asequible.
Esta revisión pretende eliminar los incentivos erróneos del sistema. Y es que hoy tras una operación, por ejemplo, es obligatorio pasar una noche en el hospital. Aunque no siempre es necesario. Otro ejemplo: los servicios médicos ambulatorios son más caros para los pacientes que la asistencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque a las compañías de seguros no les interesa animar a las personas a que utilicen la asistencia ambulatoria, que financian en su totalidad.
La reforma, asimismo, debería poner fin a la transferencia de costes en detrimento de quienes pagan las primas, ya que, según la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), como consecuencia del paso, en los últimos años, de la asistencia hospitalaria a la ambulatoria, el crecimiento de los servicios ambulatorios lo ha financiado íntegramente el seguro de enfermedad obligatorio, es decir, las primas.
¿Se ha cuantificado oficialmente el ahorro previsto?
Se supone que la financiación uniforme también estimulará que se coordine la asistencia entre los distintos agentes del sistema. Una cuestión que debería frenar servicios innecesarios, como pruebas duplicadas, hospitalizaciones innecesarias o ingresos prematuros en un servicio de urgencias. Un estudio que ha encargado la OFSP estima un ahorro potencial de hasta 440 millones de francos anuales.
¿Quién apoya esta revisión y por qué?
Fruto de un compromiso en el Parlamento, la revisión cuenta con el apoyo del Consejo Federal (Gobierno), la mayoría de los partidos y de los agentes del sector sanitario. Según afirman, una asistencia mejor coordinada mejorará la calidad de los tratamientos y la atención.
Así, una amplia alianza a favor del EFAS, que agrupa a veintidós organizaciones profesionales (ayuda y cuidados a domicilio, H+ organización que aglutina a los hospitales, la federación de médicos FMH, Curafutura, Interpharma, etc.), escribe: “La colaboración entre los socios de la cadena asistencial permite encontrar la mejor solución de forma individualizada para cada paciente”.
Quienes están a favor defienden que al acelerar el paso a la asistencia ambulatoria, el EFAS facilitará que la gente pueda recuperarse en su domicilio. El paso a la asistencia ambulatoria también supone que, gracias sobre todo a los servicios de asistencia a domicilio quienes pagan las primas van a ahorrar.
Y el paso a la asistencia ambulatoria también va a beneficiar a aquellas personas que trabajan en el sector sanitario, ya que van a gozar de horarios de trabajo más regulares, tal y como indican quienes abogan por el sí. Así que estos puestos de trabajo serán más atractivos. “En el futuro, los cantones también tendrán voz a la hora de fijar los precios de la asistencia ambulatoria. En estas condiciones, el poder de las compañías de seguros sanitarios no solo no aumentará, sino que disminuirá”, dice economiesusisse.
¿Por qué no lo ven así los sindicatos?
La votación es el resultado de un referéndum que ha iniciado el sindicato SSP (Syndicat des services publics), apoyado por el sindicato USS (Union syndicale suisse). En opinión de estos sindicatos, la reforma da demasiado poder a las compañías de seguros de enfermedad. Y se percibe que estas compañías están en un permanente conflicto de intereses, ya que son responsables del seguro obligatorio y, al mismo tiempo, buscan nuevos clientes para sus seguros complementarios.
Para quienes están en contra, los cantones dejan sus responsabilidades en manos de las aseguradoras, es decir, las dejan en manos del sector privado que es a quien pagan su parte de la financiación.
Según el sindicato SSP, los poderes públicos abdican de su deber de garantizar la financiación de las residencias de la tercera edad y de la asistencia a domicilio. Así pues, los sindicatos temen que, al primar los costes sobre las necesidades de los pacientes, se deteriore más las condiciones de trabajo de las plantillas y la calidad de la asistencia.
El secretario general del sindicato afirma que “se verá a las personas que residen en los asilos como una fuente de beneficios, cuando son personas vulnerables”. Con el EFAS, la financiación provendría de las primas y no de los impuestos, una transferencia considerada antisocial, ya que las primas no dependen ni de los ingresos ni del patrimonio.
Texto revisado por Samuel Jaberg. Adaptado del francés por Lupe Calvo / Carla Wolff
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