Suiza y España fortifican su muralla antievasión
Los dos gobiernos firmaron un protocolo que formaliza el compromiso irreversible de Berna de entregar información confidencial a Madrid cuando sospeche que algún contribuyente suyo evade al fisco a través de cuentas en Suiza.
La Administración Federal de Contribuyentes (AFC) advierte que España, no obstante, solo tendrá acceso si hay demandas bien sustentadas.
El pasado miércoles (27.07), el Embajador suizo, Urs Ziswiler, y el secretario general de Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan Cano, firmaron en Madrid un protocolo que revisa la Convención para evitar la Doble Imposición (CDI) entre ambas naciones.
Las reformas pactadas buscan objetivos múltiples: evitar que los contribuyentes paguen doblemente el impuesto sobre la renta y el gravamen sobre la fortuna. Y anuncian también que no serán sujeto de retención alguna los dividendos que cobre un contribuyente si los destina a un fondo de pensión, así como nuevos mecanismos para resolver controversias fiscales.
“Una revisión que contribuye al buen desarrollo de las relaciones económicas bilaterales”, afirma la Administración Federal de Contribuciones (AFC) de Suiza.
La AFC precisa que las modificaciones buscan, en breve, “evitar que los contribuyentes paguen doble sus impuestos en España y Suiza”.
Pero hay algo más, este protocolo también compromete a Suiza a entregar información bancaria confidencial a España cuando tenga sospechas de evasión por parte de sus contribuyentes con cuentas en la banca helvética.
Tras los evasores…
El protocolo incluye una suma de ajustes técnicos, uno de ellos –como se citó- de irrefutable trascendencia política.
Francois Bastian, responsable de la División de Asuntos Internacionales de la Administración Federal de Contribuciones (AFC), explica a swissinfo.ch:
“Suiza tiene en marcha una convención fiscal con España desde 1966. Un pacto cuyos contenidos fueron revisados en 2006 con objeto de introducir algunas novedades relativas a colaboración administrativa entre gobiernos.
Sin embargo, en la revisión de hace cinco años Suiza solo aceptaba intercambiar información con otro gobierno en casos de fraude, un delito que también se persigue en casa”.
“Con la revisión de 2011, hemos introducido las reformas necesarias para cumplir con el Artículo 26 del Modelo de Convención Fiscal de la OCDE, relativa a la asistencia administrativa”, refiere.
Con ello, Suiza acepta entregar información a otros gobiernos también en casos de evasión fiscal y no sólo cuando se presuma un fraude.
Uno de los gestos de buena voluntad que Berna tuvo que decidir en 2009, cuando se encontró con que la OCDE la había incluido en una lista gris de paraísos fiscales. Esto la obligó a revisar integralmente su política de cooperación administrativa con otros gobiernos para salir del referido listado.
… bajo reglas precisas
La prensa española interpretó el protocolo como una nueva genuflexión de Suiza ante la Unión Europea (UE).
El grueso de los diarios centró sus titulares en variantes de la siguiente idea: España tendrá acceso a los datos bancarios de sus contribuyentes en Suiza. Y diarios como La Vanguardia y cadenas radiofónicas como Intereconomía, detallaban que toda la información bancaria y contable de sus contribuyentes con cuentas en Suiza será accesible para España y podrá identificar a los beneficiarios de cualquier transacción llevada a cabo gracias a la modificación del marco institucional firmado por ambos países.
Una verdad a medias.
“Era deseable poner en claro la situación de colaboración administrativa entre Suiza y España, ya que los principios de 2006 eran obsoletos y era necesario actualizarlos. Y por otra parte, Suiza tenía el compromiso de cumplir a España la cláusula de nación más favorecida”, cita Bastian.
Y explica que Suiza había pactado ya con Francia la cooperación administrativa en caso de evasión, por lo tanto, debía extender este compromiso a España y otros países, razón por la que una revisión fiscal del CDI bilateral era necesario.
Pero existen reglas que deben cumplirse. Y no habrá un intercambio de información automático o masivo, subraya el experto de la AFC. Solo se responderá a solicitudes concretas, por lo que no toda la información bancaria y contable de los contribuyentes españoles con cuentas en Suiza será accesible para el fisco ibérico.
Robo de coordenadas
España tiene un gran interés por cerrar el cerco contra los evasores. La economía ibérica terminará este 2011 con un déficit público cercano al 6,4% del PIB, el doble del techo máximo permitido por la zona euro.
La economía, por su parte, avanza a rastras. En el mejor de los escenarios crecerá un 0,5% este año, mientras el paro afecta a 20% de la población económicamente activa.
Obtener ingresos adicionales para las arcas públicas es pues fundamental.
Sin embargo, el Ministerio suizo de Finanzas reitera su rechazo al robo de coordenadas bancarias como medio para atajar la evasión. Una práctica que la administración pública no aceptará como punto de partida para poner en marcha sus compromisos de colaboración administrativa con otros gobiernos.
Madrid aceptó en 2010 poner en marcha una persecución contra evasores a partir de coordenadas bancarias robadas a la banca suiza.
En el año 2006, tras trabajar seis años para el HSBC de Ginebra, el experto informático francés, Hervé Falciani, sustrajo las coordenadas de más de 30.000 clientes que entregó posteriormente al gobierno de Francia en un acto de “justicia tributaria”.
Su intención era entregar al fisco galo herramientas para perseguir evasores con cuentas suizas no declaradas en su país de origen.
Francia compartió la información con España e Italia. Madrid inició una redada contra evasores que en junio de 2011 evidenció nombres como el banquero Emilio Botín y su hermano Jaime, así como sus hijos respectivos.
Suiza tiene en marcha un convenio para evitar la doble imposición con España desde 1966; su contenido fue revisado en 2006 y posteriormente, en 2009, se pactó una nueva actualización –para adecuarlo a las reglas de la OCDE- que concluye este 2011.
El Artículo 26 del Modelo de Convención Fiscal de la OCDE obliga a los estados que lo suscriben –Suiza entre ellos- a intercambiar información fiscal y bancaria (confidencial) con otros estados cuando se sospeche evasión por parte de sus contribuyentes.
Tras la firma o actualización de todo nuevo CDI con otro gobierno, Suiza debe someter el contenido al Parlamento, quien deberá aprobarlo. El mismo proceso se repite con el Legislativo de la contraparte.
La negociación para la actualización del CDI entre Suiza y España concluyó el 1 de julio de 2010.
El 27 de julio de 2011 se firmó el protocolo que concluye este proceso y permite el envío de contenidos al Parlamento.
La familia Botín es parte de los
659 españoles que presuntamente ocultaron al fisco ibérico fondos por 8.300 millones de francos suizos (6.000 millones de euros) depositados en el HSBC de Ginebra.
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