Una directiva de la Unión Europea reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial en Suiza
Las multinacionales con sede en Suiza deben respetar los estándares de protección ambiental también en sus negocios internacionales. Así lo preconiza una iniciativa lanzada en enero. Es la segunda vez que se intenta introducir este cambio para adaptar las leyes suizas a la nueva legislación de la Unión Europea.
En mayo de 2024, el Parlamento Europeo ratificó la nueva Directiva sobre Diligencia Debida en SostenibilidadEnlace externo (CSDD, por sus siglas en inglés). Introduce la debida diligencia en relación con los derechos humanos y los estándares medioambientales para las empresas que superan determinado tamaño, pero también para las empresas suministradoras.
Además, las empresas afectadas deben relatar cómo piensan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una autoridad supervisora independiente podrá imponer sanciones contra las empresas que incumplan estas exigencias.
El contenido de esta directiva es equiparable a las disposiciones que preveía la iniciativa suiza “Por unas multinacionales responsables”, que se sometió a votación popular en noviembre de 2020. A pesar de su aprobación por una escueta mayoría del 50,7% de los votos emitidos, la nueva ley no salió adelante porque no obtuvo una mayoría de los cantones. Una diferencia de unos pocos millares de votos fue decisiva.
El Consejo Federal (Gobierno) rechazó la iniciativa popular porque consideraba que una actuación “internacionalmente coordinada” era mejor que la vía unilateral. En el fondo, el gobierno nacional quería que Suiza se adaptara a las reglas de la Unión Europea (UE). Sin embargo, este argumento queda ya desvirtuado en virtud de la actual Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro de la UE.
Una coalición se posiciona
“Sin una reglamentación eficaz, Suiza pronto será el único país sin multinacionales responsables”, afirma Dominique Buman, miembro de la junta directiva de la Coalición por unas Multinacionales ResponsablesEnlace externo, una agrupación de numerosas ONG y representantes políticos que ya se habían movilizado en la anterior iniciativa popular.
Para los miembros de la Coalición, la actual legislación suiza es insuficiente. Sólo exige de las empresas que investiguen y denuncien si en sus cadenas de suministro existen riesgos de explotación laboral infantil y de la adquisición de minerales de regiones en conflicto. Esta normativa es ineficaz si no existe la posibilidad de sancionar a las empresas transgresoras, critica Buman, que exige que “Suiza debe actuar ahora para no quedarse rezagada internacionalmente”.
Por eso, el 7 de enero de 2025, la Coalición lanzó su segunda iniciativa para responsabilizar a las grandes empresas, dando con ello el pistoletazo de salida para la recogida de las 100.000 firmas necesarias para poder someter a votación el proyecto de ley, objetivo que piensan conseguir en un tiempo récord de 30 días. De este modo quieren poner presión al Gobierno suizo, que, una vez obtenidas las firmas requeridas, deberá decidir esta primavera sobre los siguientes pasos en este asunto.
Esta vez, la demanda tiene, en realidad, mayores posibilidades para salir adelante. Por un lado, han aparecido cada vez más casos en los que varias multinacionales han incumplido las debidas diligencias. Por ejemplo, en Costa Rica un pesticida de una multinacional agraria intoxicó el agua potable; en Borneo un consorcio de materia prima roturó la selva tropical para una mina de carbón; y en Etiopía una refinería explotó oro de una mina, causando severos perjuicios de salud en la población local.
¿Iniciativa o llamamiento?
Por otra parte, cerca de 150 personas del ámbito político y empresarial han firmado el llamamiento “Por una responsabilidad de las multinacionales alineada con el ámbito internacionalEnlace externo”. Entre los signatarios y signatarias también se encuentran representantes del bloque burgués que en 2020 aún habían rechazado la iniciativa “Por unas multinacionales responsables”.
“La situación de partida ha cambiado fundamentalmente con la decisión de la UE”, señaló en una declaración Doris Fiala, exconsejera nacional del Partido Radical Liberal (PRL): “Ya no se puede sostener el argumento de que con una ley suiza sobre la responsabilidad de las multinacionales nos quedaríamos rezagados en lo económico y que ya no seríamos competitivos a nivel internacional.”
Hay incluso personas partidarias en el seno de la asociación central comercial Economiesuisse, que mayoritariamente se opone a las reglas de la UE, entre los que destaca la consejera nacional centrista Elisabeth Schneider-Schneiter como miembro de su junta directiva. Al periódico ‘NZZ am Sonntag’ dijo: “Deberíamos implementar las directivas de la UE de la forma más llana y más favorable para la economía. Si así se hace, las empresas lo aceptarán”.
La Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro de la UE afectará a las empresas suizas de todas formas. Por un lado, se verían afectadas las compañías suizas que generan más de 450 millones de euros al año y, por otro, aquellas sociedades que suministran productos a las grandes empresas en la UE y que, por tanto, forman parte de sus cadenas de suministro. Entre estas últimas, se encuentran sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según un estudioEnlace externo de 2023 encargado por la Secretaría de Estado de Economía (SECO), podrían verse afectadas por este efecto en cascada hasta 50.000 pymes suizas.
La Unión Europea legisla y Suiza adopta su normativa
A diferencia de la iniciativa “Por unas multinacionales responsables”, que muchas de las grandes empresas afectadas veían con escepticismo, existe entre las pymes una demanda clara por una reglamentación uniforme. Alrededor de 600 empresas activas en Suiza apoyan la “Alianza por las empresas sosteniblesEnlace externo”, fundada en 2023.
Esta alianza propone un estatuto legal voluntario para las pymes suizas, que les otorgaría un certificado de “empresa sostenible” si cumplen determinados estándares, como por ejemplo respecto de las condiciones laborales, la gestión de los residuos o las emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello podrían recurrir a un estatuto oficial en lugar de tener que elegir entre un sinfín de certificados privados.
“Para muchas pymes no está claro lo que tienen que hacer para poder seguir exportando a los países europeos”, dice Jonathan Normand de la fundación B LabEnlace externo, portavoz de la Alianza por las empresas sostenibles, para quien la UE es el principal socio comercial de Suiza: “Las empresas suizas necesitan por fin claridad para seguir siendo competitivas.”
La demanda también ha llegado al parlamento: el pasado mes de septiembre, 84 directores ejecutivos suizos dirigieron una cartaEnlace externo a los diputados y diputadas del Consejo Nacional (cámara baja), exigiéndoles que les ayudaran a adaptarse a los nuevos requisitos de sostenibilidad. Entre estos directores se encuentra Patrick Semadeni del grupo industrial homónimo, una empresa que se dedica sobre todo a la producción de materiales plásticos. “Para las pymes, la sostenibilidad ya ha dejado de ser una opción hace mucho tiempo, es una necesidad; por eso, las perspectivas de las pymes deben ser incluidas con urgencia en los debates políticos”, insiste este director.
Más adelante se aprobóEnlace externo un postulado del político liberal Josef Dittli, diputado del Consejo de los Estados (cámara alta), que exige del Consejo Federal (Gobierno) que elabore un estudio sobre los efectos de las directivas de sostenibilidad de la UE sobre las pymes suizas. Un informe con recomendaciones concretas de actuación se espera para el próximo año.
Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela / CW
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