«Una mentalidad de sospecha hacia el extranjero»

El "escándalo de las fichas en Suiza" levantó protestas. Keystone

Los servicios secretos suizos violaron la ley de la recoleta y la conservación de informaciones en los años 90.

Werner Carobbio -uno de los principales protagonistas de la investigación sobre el escándalo de fichas de informaciones personales conservadas por las autoridades suizas- apunta el dedo hacia las autoridades y provoca un debate profundo en el Legislativo helvético.

El informe presentado el miércoles pasado (30.06) por la Delegación de las Comisiones de Gestión (DCG) de las dos cámaras legislativas reveló que los servicios secretos recolectaron informaciones sin verificar ni respetar los criterios prescritos en la ley. El asunto concierne a más de la mitad de los 200 mil registros personales del banco de datos relativos a la protección del Estado ISIS, creado en 1994.

La DCG subraya que aún actualmente este banco electrónico de datos es cuña de informaciones inadecuadas e inútiles que pueden conducir a acciones inadecuadas e incluso a poner en peligro la seguridad del Estado.

Y aunque el reciente informe no habla de uno nuevo escándalo de fichas, como el ocurrido en los 90, muchos medios suizos sí lo han hecho , provocando estupor entre la opinión pública suiza.

Preocupante y políticamente grave

“Es preocupante porque demuestra que los servicios secretos suizos no han aprendido nada, no han tomado lecciones al respecto. Y es grave porque demuestra que la autoridad política no ha prácticamente hecho nada para tener bajo control la actividad de los servicios de investigación”, opina el ex diputado Werner Carobbio, y vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).

“Las normas legislativas son precisas. Se espera que las autoridades políticas las respeten”, subraya el socialista, que hoy continúa en la actividad parlamentaria a nivel cantonal y evidentemente sigue de cerca la política nacional. Por lo tanto, considera que “los responsables principales son el gobierno, los departamentos competentes y los consejeros federales” encargados en su momento de efectuar ese tipo de recolecta de perfiles informativos ilegales.

Ligereza

También imputa una cierta responsabilidad a la Delegación de las Comisiones de Gestión (DCG), cuya tarea ha sido vigilar esas actividades. En su opinión, la DGS ha actuado con ligereza, “confiándose demasiado” de las indicaciones proporcionadas por los servicios de información.

El ex legislador afirma que al la DCG cumplió su tarea adecuadamente al principio de su creación, pero “tengo la impresión de que con el tiempo esta preocupación se redujo que aquellos que aprovecharon la situación fueron aquellos que tienen una fijación contra las personas sospechas”.

Caza al extranjero

Estos perfiles de información “absurdos” son fruto de una “mentalidad de sospecha hacia lo extranjero, hacia lo distinto al estereotipo suizo”, comenta Carobbio. Una mentalidad ya aparecida hace veinte años, pero que a juicio del ex legislador federal, ahora se ha reforzado. En 1989 estos ficheros recopilaban información de más personas extranjeras que suizas. “Pero se trataba sobre todo de extranjeros relacionados con actividades y movimientos de izquierda”, puntualiza.

Carobbio se pregunta “en qué medida la mentalidad de controlar a los extranjeros se convirtió en una forma de vademécum’ a desarrollar” en el Departamento Federal de Justicia y Policía, cuando era dirigido por el entonces ministro Christoph Blocher, visto que en el informe se rescata que la mayor parte de los ficheros son de ese periodo.

Necesidad de debate

Este informe, “aunque tardío, es la ocasión para un verdadero debate político sobre lo sucedido y porqué pudo acontecer algo así”.

El Ejecutivo suizo dará su respuesta sobre el informe antes de octubre de este año y por ahora no se ha ordenado suspender la recolecta de datos de los servicios de información. El gobierno quiere primero analizar el informe. En lo que toca al Parlamento, se ocupará al respecto en la sesión estival.

Sonia Fenazzi, swissinfo.ch
(Traducción: Patricia Islas)

El escándalo de las fichas

El 24 de noviembre de 1989, la comisión parlamentaria de investigación (CPI) constituida para indagar un escándalo que llevó a la dimisión de la exministra Elisabeth Kopp revela que en las oficinas de la Policía Federal, en Berna, fueron descubiertas cerca de 900 000 fichas de personas y organizaciones, suizas y extranjeras, vigiladas por la policía política y el contraespionaje, sin base legal alguna. 

Los 142 000 ficheros de personas de nacionalidad suiza se centran casi exclusivamente en simpatizantes de la izquierda. A ellos se suman 586 000 archivos de ciudadanos extranjeros y 26 000 de organizaciones diversas.

Tras estas revelaciones, más de 320 000 personas solicitaron saber si su nombre figuraba entre los fichados y, en caso afirmativo, tener acceso a su expediente. Cerca de 40 000 personas obtuvieron una respuesta afirmativa y recibieron los expedientes.

Este escándalo se extendió hasta los servicios secretos militares, por lo que se creó una nueva comisión de investigación. En febrero de 1990 informó de que existían dos organizaciones secretas e ilegales, dedicadas a recopilar información, el grupo P26 y el grupo P27. El primero se ocupaba de coordinar a sus 400 miembros responsables de organizar la resistencia en caso de ocupación enemiga. El P27, en cambio, era un servicio de “informaciones para misiones de alto riesgo” en el extranjero.

Estas revelaciones conmocionaron a la opinión pública. Los movimientos de izquierda lanzaron una iniciativa popular para solicitar el desmantelamiento de la policía política, presentada el 14 de octubre de 1991. Siete años después, se convocó una votación popular el 7 de junio de 1998. En ese momento, las aguas se habían calmado y la iniciativa fue rechazada por el 75,1% de los votos.

El rechazo se debió también a las medidas que habían tomado las autoridades federales para evitar que se repitiera un escenario similar, con base en una nueva ley sobre protección de datos personales.

En 2001, la Policía Federal fue integrada a la Oficina Federal de Policía y se dividió en dos secciones: el Servicio de Análisis y Prevención (SAP) y la Policía Judicial Federal (PJF), encargada las investigaciones a escala nacional y en coordinación con las pesquisas internacionales.

Las fichas de la Policía Federal fueron reemplazadas en el verano de 1994 por un banco electrónico de datos, denominado ISIS. 

¿La historia se repite?

El 30 de junio de 2010, la Delegación de las Comisiones Parlamentarias de Gestión (DCG) presentó un informe en el que revelaba que los servicios secretos habían continuado la colecta y preservación de informaciones de todo tipo, sin respetar las disposiciones legales. El banco de datos contiene un sinnúmero de informaciones equívocas e impertinentes.

Para remediarlo, la DCG formuló 17 recomendaciones al Ministerio de Defensa, del que depende el nuevo Servicio de Información de Suiza, y al Ejecutivo helvético, que deberá tomar posición al respecto a finales de octubre.