¿Cómo hacer que las redes sociales vuelvan a ser sociales?
Incitación a la violencia, teorías conspirativas y censura: los gigantes de las redes sociales tienen mucho poder, demasiado, según los críticos. ¿Cómo hacer para que internet vuelva a ser una herramienta positiva para la democracia? Suiza confía en el sentido común de sus ciudadanos y ciudadanas. Una comparación global.
Las redes sociales se han convertido en una vía indispensable para el debate público, aunque rara vez se las considera como una baza para la democracia. Se las percibe más bien como portadoras de noticias falsas, teorías conspirativas y mensajes de odio. En 2017, el Gobierno suizo consideraba que “no era necesaria una nueva regulación de las redes sociales”. Al mismo tiempo, crece el temor de que algunas empresas tecnológicas privadas ejerzan demasiado poder con y sobre ellas y hagan desaparecer las opiniones molestas.
Serie SWI #libertaddeexpresión
En principio, todo debería estar muy claro. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el mismo artículo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966) estipulan que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. En Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) confirma la libertad de expresión como un derecho jurídicamente vinculante (artículo 10). Suiza consagra esta libertad fundamental en el artículo 16 de su Constitución de 1999.
Sin embargo, en la práctica sigue siendo muy cuestionado. Muchos gobiernos del mundo no solo no protegen el derecho a la libertad de expresión, sino que cada vez lo debilitan más. En otras partes del mundo, individuos y grupos utilizan el término “libertad de expresión” para justificar discursos discriminatorios y de odio. Pero aunque es un derecho universal, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Garantizarlo y aplicarlo siempre está en la cuerda floja.
En una nueva serie de SWI swissinfo.ch abordamos distintos aspectos, retos, opiniones y desarrollos en torno a la libertad de expresión en Suiza y en el mundo. Proporcionamos una plataforma para que los ciudadanos se expresen sobre esta cuestión, ofrecemos análisis de académicos de gran prestigio y destacamos los avances tanto a nivel local como mundial. Y, por supuesto, invitamos a los lectores a que se unan a la conversación y hagan oír su voz.
¿Qué haría falta para que el intercambio social en internet volviera a ser visto sobre todo como un beneficio para la democracia? ¿Dónde está la responsabilidad para frenar la creciente polarización?
En una entrevista con SWI swissinfo.ch, la ciberexperta Marietje Schaake advierte de los peligros de las redes sociales no reguladas. “El poder de estas empresas es enorme. Tienen demasiado poder, especialmente los gigantes: las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda. Son capaces de mover no solo a masas de consumidores, sino también a masas de electores. Esta influencia es cada vez más evidente y tenemos que contrarrestar ese poder”, dice.
Mientras los políticos buscan desesperadamente soluciones y las empresas explotadoras de las redes sociales se ven desbordadas por sus creaciones, la solución está en la sociedad civil. El cambio debe pensarse desde abajo, desde el lado de los usuarios y usuarias, es decir, democráticamente.
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Alemania, pionera
Todos los países del mundo están intentando afrontar estos problemas con nuevas leyes y regulaciones. Alemania asumió un papel pionero con la ley «Netz-Durchsuchungs-Gesetz» (NetzDG). Esta ley afecta en Alemania a todas las plataformas con más de dos millones de usuarios. Garantiza la investigación detallada de todas las quejas y la eliminación de cualquier contenido ilegal en menos de 24 horas. En 2019, Facebook tuvo que pagar una multa de 2 millones de euros por no cumplir con estos requisitos.
La ley alemana es un éxito de exportación. En octubre de 2020, el think tank danés Justitia identificó un total de 25 países que habían debatido o aprobado leyes inspiradas en la NetzDG alemana.
El problema de esto es que la idea básica del modelo alemán puede ser fácilmente mal utilizada por gobiernos menos democráticos. Justitia señala en su informe que la NetzDG contiene garantías legales y de protección de la libertad de expresión que no todos los países han adoptado de la misma manera.
Por ejemplo, India quiere prohibir con una nueva ley los contenidos que amenacen la «unidad, integridad, defensa, seguridad y soberanía del país». Un acto que parece estar hecho a medida para silenciar las opiniones discordantes.
Rusia también hace referencia explícita al modelo de la NetzDG en la normativa contra las noticias falsas. Además, en 2020 se creó el marco legal para paralizar completamente internet en caso de una «emergencia» no especificada.
Propaganda en Hungría y Polonia
Lo que para unos es combatir el odio, para otros sirve de censura. Según Petra Grimm, profesora de Ética Digital en la Universidad de Medios de Comunicación de Stuttgart, está claro que la libertad de opinión no significa simplemente poder decir cualquier cosa sin trabas: «La libertad de expresión, como la libertad en principio, siempre está ligada a ciertas barreras».
En Polonia, la confrontación se ha producido tras una prolongada disputa entre Facebook y algunos políticos del partido gobernante, que difundieron repetidamente mensajes anti-LGTBI en las redes sociales y, en consecuencia, fueron expulsados de la plataforma.
Mientras la mayoría de los países se esfuerzan en impedir los contenidos peligrosos o no deseados en internet, Polonia y Hungría han adoptado un planteamiento diferente. Quieren impedir que Facebook y otras compañías bloqueen los perfiles de usuario siempre que las publicaciones no hayan infringido ninguna ley nacional.
La ministra de Justicia de Hungría anunció en febrero (en Facebook) que las principales redes sociales querían «restringir la visibilidad de las opiniones cristianas, conservadoras y de derechas».
Una activista considera que en Suiza es necesario actuar
Hasta ahora, Suiza carecía de una normativa dirigida específicamente a los medios sociales. Jolanda Spiess-Hegglin, originaria de Zug, es una activista de las redes que, junto a la organización Netzcourage, está a la vanguardia de la lucha contra el odio en Internet. Cree que es necesario actuar: «La consejera federal [ministra suiza] debería decidirse: crear ya mismo un grupo de trabajo y elaborar una ley contra la incitación al odio».
Es demasiado fácil salir impune después de haber publicado mensajes discriminatorios o malintencionados alegando, por ejemplo, que has sido hackeado o que alguien se ha metido en tu ordenador, asegura la activista.
Grimm subraya que no se trata exclusivamente de una obligación de los políticos, sino que «también es una responsabilidad de las empresas tecnológicas, una obligación de autocontrol».
En algunos países, Facebook y Twitter piden ahora una normativa más clara. Spiess-Hegglin no está convencida: «Cuando las empresas exigen normas más claras al Estado, es como si un asesino dijera: ¡No pueden venderme ningún cuchillo, si no, mataré!”
El negocio de los clics como problema principal
Es poco probable que las plataformas sociales comerciales cambien significativamente por sí mismas. El problema básico es estructural, afirma Grimm: «Las publicaciones muy llamativas, que van un poco más allá de la verdad o, sobre todo, que calientan los ánimos, reciben más clics de lo habitual. Y los clics son, por supuesto, el negocio de las redes sociales». Spiess-Hegglin lo resume así: «Las redes sociales permiten el discurso del odio porque genera clics y, por lo tanto, dinero».
¿Cuál es la solución? “Lo que se necesita es una red social alternativa que funcione de acuerdo con los principios de derecho público y que permita la comunicación sin explotarla comercialmente”, reivindica Grimm.
Lo que la profesora tiene en mente ya existe. En Taiwán, por ejemplo, la plataforma PTT, conocida como el Reddit de Taiwán, está financiada por la Universidad Nacional, y no depende del dinero de la publicidad o de los accionistas.
En una entrevista con SWI swissinfo.ch, Audrey Tang, ministra de lo Digital de Taiwán, contrasta este sistema, al que considera un ejemplo de mayor valor social, con los proveedores comerciales, a los que califica de medios «antisociales».
“Necesitamos una nueva narrativa”
Para que las redes sociales cambien a mejor, la presión debe venir de la sociedad, explica Tang. Un ejemplo: En Taiwán, la población exigió con éxito más transparencia en la política. «Esta transparencia radical, ganada a pulso, sobre la financiación de las campañas políticas se ha convertido en norma». Esto se ha impuesto en Taiwán y ahora incluso Facebook hace público en tiempo real la propaganda política: «No hemos aprobado ninguna ley para ello. Se basa únicamente en las sanciones sociales».
Fabrizio Gilardi, profesor de Ciencias Políticas que investiga el tema de la digitalización, subraya la necesidad de pensar fundamentalmente en cómo convivimos en el mundo digital: «No se trata principalmente de una cuestión legal, sino de cómo queremos afrontarlo como sociedad».
Spiess-Hegglin está convencida de que también hay que replantearse la comunicación directa con los demás. «Tenemos que aprender a cultivar una forma de comunicación que no degenere». Y señala que «los medios sociales son básicamente un regalo, especialmente para los activistas que apenas tienen voz en los medios tradicionales».
Suiza confía en el discernimiento personal
«Se trata de construir una cultura virtuosa de los medios sociales desde el lado del usuario», afirma convencida Grimm. «Necesitamos una nueva narrativa, más optimista y orientada a los valores». Es necesario un esfuerzo con apoyo político para crear alternativas a los gigantes tecnológicos comerciales, señala. «Todo esto debería ser al menos europeo»; Suiza incluida.
Sin embargo, una normativa europea no es actualmente una prioridad para las autoridades suizas. La Oficina Federal de Comunicación está evaluando posibles enfoques en materia de gobernanza de las plataformas digitales, pero busca una solución propia para Suiza. Mathias Amman, del think tank Avenir Suisse, prefiere confiar en el sentido común de los ciudadanos y ciudadanas bien informados que en normativas. Al fin y al cabo, la democracia directa suiza es la prueba de la confianza que se deposita en ellos, escribe en el diario Neue Zürcher Zeitung.
Traducción del alemán: Carla Wolff
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