El relato sobre la ley y la democracia en Cataluña y España

Yanina Welp, investigadora del Centro Albert Hirschman sobre la Democracia en Ginebra, analiza cómo se llegó a la sentencia del Tribunal Supremo contra doce dirigentes y militantes independentistas catalanes y cuáles son los pasos hacia una salida al conflicto en Cataluña.

El 14 de octubre pasado doce dirigentes y activistas fueron condenados por los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. Los hechos se remontan al 20 y 21 de septiembre – cuando se produjo “un alzamiento público y tumultuario”, según la sentencia del Tribunal Supremo, organizado para responder al operativo policial que buscaba evitar el referéndum confiscando urnas y documentos – y al 1 de octubre, cuando tuvo lugar el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Nueve de los enjuiciados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras, la exvicepresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez (líderes de dos asociaciones civiles catalanistas), fueron condenados a penas de entre 8 y 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos. Otros tres fueron condenados a menos de dos años por desobediencia.

El partido de extrema derecha Vox había participado del juicio como acusación popular, pidiendo penas mayores por rebelión. La sentencia, aprobada por unanimidad, lo desestimó porque para que haya rebelión “la violencia tiene que ser instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”, y no hay pruebas de que semejante orquestación haya tenido lugar.

En los días siguientes a la publicación de la sentencia se registraron movilizaciones masivas de rechazo en toda Cataluña, donde una parte importante de la población considera “presos políticos” a los condenados. En varias ocasiones estas marchas, mayoritariamente pacíficas, acabaron con enfrentamientos violentos entre decenas de manifestantes y las fuerzas de seguridad autonómicas. Las imágenes de los disturbios (como las del referéndum del 1 de octubre) han dado la vuelta al mundo y han acaparado el grueso de la atención pese a que no son la punta del iceberg, sino apenas una más de las aristas que caracterizan una situación extremadamente compleja. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Una historia mínima del conflicto

En el trasfondo de los acontecimientos, en términos institucionales, destaca, por un lado, el fallido intento de aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía (los estatutos de las comunidades autónomas en España son el equivalente a las constituciones cantonales en Suiza). En 2006, el Estatuto aprobado por mayoría parlamentaria y ratificado por la ciudadanía catalana en referéndum recibió numerosas modificaciones en el Parlamento español y, posteriormente, muchos de sus artículos fueron recurridos por el Tribunal Constitucional.

Yanina Welp es investigadora del Centro Albert Hirschman sobre la Democracia en Ginebra, que intenta entender de qué adolecen las democracias y la creciente desilusión de los ciudadanos con el poder democrático. graduateinstitute.ch

En términos sociales, esto generó una ola de referéndums informales en centenares de municipios, creando las bases de un creciente descontento que fue azuzado por la emergente crisis económica. La antigua Convergencia i Unió (CiU, derecha nacionalista), que había gobernado ininterrumpidamente en Cataluña desde la transición en 1978, fue desplazada del gobierno autonómico en 2003.

Desde 2008 se observa una escalada hacia una mayor radicalización nacionalista en los partidos soberanistas. Este proceso fue propulsado por fuertes denuncias de corrupción contra CiU y su líder histórico, Jordi Pujol. Dicho crudamente, para algunos de ellos la independencia fue un chivo expiatorio. En ese escenario, en 2012 y tras una fallida negociación con el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy (Partido Popular), en que la demanda de una reforma tributaria no encontró ningún eco, el presidente catalán Artur Mas (CiU) realizaría una consulta popular que tuvo lugar en 2014.

ERC y CiU, agrupados en la coalición de partidos Junts pel Si, plantearon las elecciones de 2015 como plebiscitarias. Las ganaron en escaños pero no en votos. Apúntese, porque si efectivamente hubiera sido un plebiscito no hubieran triunfado. Para formar gobierno ERC y CiU necesitaron los apoyos de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP, antisistema ), con una agenda mucho más radical que la de sus socios. A partir de ahí se anunció la implementación de una hoja de ruta hacia la independencia con el consecuente efecto de profundizar la grieta en la sociedad catalana, dividida en dos. Esta ruta lleva a los eventos de 2017.

El referéndum del 1 de octubre

Las imágenes de la policía golpeando a ciudadanos comunes que querían votar tuvieron un coste para el gobierno de España. Ese referéndum no contó con garantías, no solo porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y perseguido por las fuerzas de seguridad, sino también porque quienes se oponían a la independencia se abstuvieron de votar y no hubo entidades de control que pudieran supervisar el proceso. Fue una impresionante demostración de apoyos (con al menos dos millones de participantes), pero que no podía dar fundamento, ni en el marco institucional europeo ni en el español, a la secesión.

A partir de ahí, hubo un simulacro de declaración unilateral de independencia, la fuga de algunos líderes y la prisión para otros. Simulacro, porque hubo una declaración pero no fue registrada formalmente. Fuga, porque el por entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont se fue a Bélgica. Posteriormente, otras figuras como Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), se fueron a Suiza donde aún residen. En prisión terminaron los otros doce líderes ahora sentenciados.

Las respuestas del gobierno español fueron represión y suspensión de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En diciembre de ese mismo año hubo elecciones en Cataluña. ¿Qué pasó? Aunque el partido más votado fue Ciudadanos, los partidos independentistas fueron los únicos que sumaron para formar gobierno. O sea, más de lo mismo, pero con mayor deterioro de la convivencia y la confianza en las instituciones.

Las elecciones del 10N

Una semana después de la publicación de la sentencia, Pedro Sánchez (PSOE), el presidente español en funciones (tras las elecciones de abril, no hubo acuerdos para formar gobierno y habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre) hizo una visita relámpago a Barcelona para visitar a los policías heridos durante los enfrentamientos de los días anteriores. El mismo lunes hubo un desfile de candidatos a presidente, ya que también Pablo Casado (Partido Popular) y Albert Rivera (Ciudadanos) estuvieron en Barcelona. Santiago Abascal (Vox) optó por un acto en País Vasco. Solo Pablo Iglesias (Podemos) se quedó en Madrid.

Casado acusa al gobierno de ser ambiguo con los independentistas con intenciones electoralistas. Rivera pide prisión para el actual presidente de la Generalitat Quim Torra. Torra pide hablar con Sánchez, que anuncia que no le cogerá el teléfono mientras no “condene rotundamente la violencia”. El gobierno catalán vive sus días más aciagos incitando a la gente a movilizarse y luego enviando a los mossos (policía autonómica) a reprimir las movilizaciones. Mientras tanto Abascal dice que las penas son ridículas y pide eliminar las autonomías (acabar con la descentralización es una de las propuestas centrales del partido).

¿Dónde está la salida?

El Estado de derecho se basa en la ley, pero su carácter democrático viene atribuido por el mito fundacional del pacto social. Cuando un grupo se percibe excluido y desafía este orden, como dice el politólogo Gabriel NegrettoEnlace externo, “es tan ingenuo que las autoridades del estado quieran restaurar el derecho por medio de la represión y la aplicación irrestricta de la ley, como que quienes se rebelan pretendan que se les reconozca espontáneamente un derecho a la desobediencia. La única solución pacífica a este conflicto es política y depende del apoyo popular y la capacidad de negociación que tenga el gobierno de turno y quienes se oponen al sistema imperante.” 

Cuando no es posible acordar una arena común para el debate, difícilmente puedan darse pasos hacia una salida que concilie la legalidad con la legitimidad. Esto es lo que se observa de forma creciente en la disputa por los acontecimientos ocurridos en Cataluña, donde no solo está en juego la legalidad sino también la necesidad de restituir un pacto social. El pasado sábado se volvieron a producir manifestaciones masivas.

Mientras para unos la sentencia no es más que la justa aplicación de la ley por los delitos cometidos, para otros no es justicia sino venganza. La mitad de la población catalana piensa que la sentencia es injusta. El debate judicial ha enrarecido aún más el ambiente, porque si es una obviedad que la mayoría de la población no está familiarizada con definiciones y argumentos jurídicos, esto se agrava porque los delitos de los que se acusaba a los ahora condenados no contaban prácticamente con precedentes. Para colmo, la publicación de la sentencia coincide con la precampaña electoral y cuando falta más que nunca visión de país, domina el cálculo electoral.