Los documentos “perdidos” de la administración suiza

Ante la abundancia de documentos, se impone la meticulosidad para evitar extravíos. Keystone / Yoshiko Kusano

Documentos de archivo conservados en un búnker del ejército, un dosier que desaparece para reaparecer más tarde: el escándalo de Crypto recuerda la importancia de una gestión transparente de los archivos en un Estado democrático. No es la primera vez que Suiza se enfrenta al problema.

El episodio se remonta a hace unos meses, pero el periódico NZZ am Sonntag lo reveló de manera reciente: en el curso de la investigación iniciada en el seno de la administración federal, cuando se produjeron las revelaciones periodísticas sobre el caso de Crypto AG, los servicios secretos suizos hallaron en un búnker del ejército documentos relacionados con las actividades de esa empresa.

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Según la prensa, tales documentos confirman que el exministro de Defensa, Kaspar Villiger, fue informado de la operación de espionaje de los servicios secretos estadounidenses y alemanes. El interesado negó de inmediato la información, pero más allá de su contenido, el descubrimiento de los documentos planteó muchas preguntas: ¿Por qué estaban en un búnker? ¿Quién los llevó a ese lugar? ¿Por qué no fueron depositados en los Archivos Federales como lo exige la ley?

Otra “desaparición” también fue ampliamente difundida por los medios de prensa en el marco del asunto de Crypto AG. Se trataba de un dosier sobre esa empresa, que había sido depositado regularmente en los Archivos Federales, pero que no se hallaba y que luego fue encontradoEnlace externo. Según los Archivos Federales, fue clasificado en un lugar equivocado tras su devolución por parte de una oficina de la administración federal a la que había sido prestado en 2014. Sin embargo, el expediente aún no es accesible al público.

Documentos faltantes

Esos dos episodios recuerdan otros casos de mala gestión de documentos de archivo ocurridos en el pasado reciente. En 2018, la Delegación de la Comisión de Gestión del ParlamentoEnlace externo informó, por ejemplo, de la desaparición de documentos relativos a las relaciones entre la estructura militar secreta P-26 y organizaciones análogas en el extranjero.

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Los documentos no han sido encontrados. Al mismo tiempo, se descubrió que otros materiales de archivo concernientes a la estructura secreta habían sido confiados a una asociación cercana al P-26 y eran conservados en un museo no accesible público instalado en un antiguo búnker del ejército.

A principios de los años 2000, una investigación administrativa reveló que los servicios de inteligencia suizos, dirigidos entonces por Peter Regli, habían destruido una gran cantidad de documentos de archivo. En los años siguientes, el Parlamento abordó reiteradamente la práctica de la conservación y almacenamiento de los documentos de los servicios secretos.

Ley Federal de Archivo

Suiza dispone desde 1998 de una Ley Federal de ArchivadoEnlace externo que rige la conservación de los documentos producidos por el Gobierno, el Parlamento y la administración federal, así como el acceso a los fondos de los archivos. Con base en esta ley, los organismos estatales están obligados a entregar a los Archivos Federales de Berna todos los documentos que ya no utilicen. La ordenanzaEnlace externo de aplicación estipula que la entrega de los dosieres debe producirse en un lapso de diez años a partir de la fecha de adición del último documento.

Los documentos están sujetos a un plazo de protección general de 30 años. Sin embargo, la duración es de 50 años si los archivos contienen datos personales que merecen una protección particular. El Consejo Federal (Gobierno) también puede prolongar (pero no de manera indefinida) la prohibición de consultar ciertos fondos por razones de interés público o privado.

Más derechos para los investigadores

¿Tiene Suiza un problema general de conservación de los documentos? No, dice el historiador Sacha Zala, presidente de la Sociedad Suiza de HistoriaEnlace externo. (SSH). Sin embargo, hay algunos problemas específicos. “La experiencia muestra que algunos órganos de seguridad de la Confederación, como el ejército, el Ministerio Público y los servicios de inteligencia, a menudo se sienten con derecho a ignorar la ley de archivado”, señala Zala.

Por esta razón, como parte de las discusiones posteriores al caso del documento P-26, la SSH había reclamadoEnlace externo mayores competencias para los Archivos Federales y un fortalecimiento de los derechos de los investigadores. “Los Archivos Federales deberían tener competencias similares a las del Control Federal de Finanzas, es decir, deberían tener la posibilidad de llevar a cabo audiciones”, estima el historiador. “Además, se debería crear un órgano de conciliación para proteger los derechos de los investigadores en el contexto de las solicitudes de consulta”.

De la razón de Estado a la razón privada

Sin embargo, la negligencia constituye un problema aún mayor que las acciones deliberadas tendientes a sustraer documentos para evitar su consulta pública, estima Zala. “La administración soslaya generalmente la tarea de archivar y no tiene muchos recursos disponibles”, dice. “Este ya es el caso con los documentos analógicos, y no me atrevo a pensar lo que puede pasar con los documentos digitales”.

Y luego hay otro aspecto que plantea dificultades crecientes para quienes consultan los archivos por razones de investigación. “Hoy el concepto de protección, en particular de los datos personales, ha adquirido enormes proporciones”, continúa. “Otrora, era la razón de Estado la que impedía el libre acceso a los documentos de archivo, hoy es cada vez más una ‘razón privada’”, deplora el historiador.

Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín