Bertossa quiere determinar si la ‘donación’ a Juan Carlos I es delito según la legislación saudí
El fiscal de Ginebra ha emprendido una batalla que muchos dan por perdida de antemano. Yves Bertossa quiere determinar si hubo malversación de fondos públicos por parte de Arabia Saudí en la “donación” de 100 millones de dólares que recibió el rey Juan Carlos I en una cuenta en Ginebra.
El fiscal Bertossa investiga a tres personas del entorno de Juan Carlos I como presuntos testaferros por un posible delito de blanqueo de capitales. En el punto de mira está también el banco privado ginebrino, donde en 2008 se ingresaron los 100 millones de dólares. Se trata de una “donación” del entonces rey Abdalá de Arabia Saudí a Juan Carlos I que se efectúo desde el Ministerio de Finanzas saudí.
Bertossa sospecha que ese dinero proviene del presunto pago de comisiones ileales por las obras del AVE a La Meca. El proyecto se adjudicó a un consorcio de empresas españolas, según parece, gracias a la mediación del rey Juan Carlos y a cambio de que las empresas adjudicatarias rebajaran un 30% su oferta.
Los 100 millones de dólares se ingresaron en un banco privado ginebrino, concretamente en la cuenta de la fundación Lucum cuyo beneficiario era el rey emérito. La transferencia se remonta a 2012 y es objeto de la investigación que el fiscal Bertossa abrió en 2018.
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Investigaciones difíciles
El problema es que para poder acusar a los investigados de blanqueo de capitales en Suiza, Bertossa primero tiene que probar los actos preparatorios al delito en el extranjero, es decir, el origen ilegal de los 100 millones de dólares.
El fiscal de Ginebra se enfrenta a una ardua tarea. “Las investigaciones sobre blanqueo de capitales son de las más difíciles”, afirma Frank Meyer, profesor de derecho penal internacional en la Universidad de Zúrich. La lucha contra el blanqueo de capitales es bastante infructuosa en todos los países europeos, dice. “Que Bertossa se aventure a investigar este caso es encomiable y digno de elogio”.
Según Meyer, “normalmente es difícil rastrear el dinero”, aunque en este caso se sabe de dónde provienen los 100 millones de dólares. La dificultad a la que se enfrenta Bertossa es otra.
¿Hay delito según la legislación saudí?
El fiscal ginebrino tiene que demostrar que la transferencia de los 100 millones de dólares constituye un delito punible según la legislación saudí.
Bertossa tiene que probar que hubo malversación de fondos públicos, soborno o receptaciónEnlace externo (beneficiarse de los efectos de un delito) no solo según la ley suiza, sino también según la saudí, explica Meyer.
“En Suiza es impensable que un funcionario público transfiera grandes sumas de dinero a un monarca extranjero. Pero es posible que en Arabia Saudí –aunque cueste imaginarlo – haya una razón legítima para ello”, dice.
La cuestión es que para esclarecer estos detalles Suiza requiere la asistencia judicial de Arabia Saudí. “Un país del que no se puede esperar mucha ayuda”, por lo que “la correspondiente comisión rogatoria caería probablemente en saco roto”, sostiene el profesor.
Una opinión que comparte Mustafá Nasar, experto en los países del Golfo e investigador en la Universidad de Basilea. “A mi juicio, la probabilidad de que Arabia Saudí preste asistencia judicial a Suiza es mínima. A lo sumo, puede hacer un gesto simbólico por razones de imagen, dice.
En la monarquía saudí es prácticamente imposible llevar ante la justicia a un miembro de la dinastía gobernante. “Y como este caso está estrechamente relacionado con la persona de[l rey] Abdulá, no es un tema de debate en la opinión pública ni está prevista la apertura de un procedimiento penal”.
A diferencia de España, donde la familia real está en el ojo del huracán, en Arabia Saudí no hay presión pública y la prensa de la región del Golfo ni siquiera se ha hecho eco de la noticia. En el mejor de los casos, según Nasar, lo único concebible es que el nuevo príncipe heredero Mohamed bin Salman – que ha prometido reformas y está al frente de un comité anticorrupción – cediera para evitar daños de imagen mayores.
La fiscalía de Ginebra ha rehusado confirmar o desmentir a SWI swissinfo.ch si ha solicitado asistencia judicial a Arabia Saudí. Según El PaísEnlace externo, en una de las últimas vistas judiciales con los investigados, Bertossa les manifestó que estudiaba el envío de una comisión rogatoria a Arabia Saudí. SWI swissinfo.ch ha contactado a la embajada saudí en Berna para confirmar si se ha cursado la comisión rogatoria, pero no ha recibido respuesta.
Informe de un instituto de derecho internacional
Según la agencia BloombergEnlace externo, el año pasado Bertossa solicitó un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) en Lausana para aclarar si los actos preparatorios del delito –la transferencia de los 100 millones de dólares desde el Ministerio de Finanzas saudí –constituye un delito según la legislación saudí. ¿Tenía el Ministerio derecho a emitir la transferencia? ¿Hubo malversación de fondos públicos?
El ISDC, un organismo autónomo adscrito al Ministerio suizo de Justicia y Policía, ha confirmado a SWI swissinfo.ch que elabora regularmente informes para la Confederación y los cantones sobre derecho extranjero, incluidos dictámenes periciales destinados a las autoridades judiciales. No obstante, el instituto ha rehusado proporcionar información sobre una posible solicitud recibida de Yves Bertossa.
Según la agencia BloombergEnlace externo, que ha tenido acceso al contenido del dictamen jurídico, el Instituto Suizo de Derecho Comparado ha llegado a la conclusión de que la malversación de fondos públicos también es un delito según la legislación saudí. Sin embargo, se trata de una valoración jurídica más bien genérica que, según fuentes citadas por El PaísEnlace externo, “no responde a la pregunta concreta sobre el rey Abdalá”.
En derecho penal sobre la corrupción, un dictamen pericial genérico no es una prueba suficiente ante un tribunal, explica el profesor Meyer. “Bertossa necesitaría algo más para probar el origen ilegal de la donación”.
El rey saudí es libre de donar dinero de las arcas estatales
Y es que, según El PaísEnlace externo, las defensas de las personas a las que investiga Bertossa –el gestor de la cuenta, el presidente de la fundación Lucum y la examante del rey Corinna Larsen – también han encargado informes a expertos en derecho internacional, entre ellos a un instituto islámico en Madrid.
Y todos llegan a la misma conclusión: Arabia Saudí es una monarquía absoluta, por lo que el rey Abdulá tenía potestad para donar 100 millones de dólares de las arcas estatales a un monarca extranjero y amigo.
La cosa pinta difícil para Bertossa, que “ha enviado estos informes al Instituto de Lausana para que los rebata y elabore un dictamen final”, según informa El PaísEnlace externo.
Aun así, existe un rayo de esperanza: los delitos fiscales graves también se consideran actos preparatorios al delito de blanqueo de capitales. En España, el rey emérito está en el punto de mira por presuntos delitos fiscales (ha realizado dos regularizaciones voluntarias una en diciembre y otra en febrero) y se presume que tampoco declaró a Hacienda la “donación” saudí. Además, las empresas españolas a las que se adjudicaron las obras del AVE deberían conservar documentos del negocio.
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Quizá Bertossa no dependa tanto de Arabia Saudí, sino de España, un país que hasta ahora siempre se ha mostrado dispuesto a cooperar. Además, para los fiscales españoles es imprescindible la asistencia judicial de Suiza. Bertossa ha viajado en varias ocasiones a Madrid y ha compartido información y documentos con ellos. Y aunque oficialmente el rey emérito no está siendo investigado en Suiza, su futuro depende también de las investigaciones del fiscal Bertossa.
Las relaciones de Juan Carlos I con las monarquías del Golfo se remontan al tardofranquismo, antes de que fuera proclamado rey. Durante la crisis del petróleo de 1973 Franco pidió al entonces príncipe heredero que hablara con la casa real saudí para asegurar el suministro de petróleo a España – con éxito. En los primeros años de su reinado, el rey pidió dinero al sha de Persia para el fortalecimiento de la monarquía española.
En agosto de 2020, ante la creciente presión pública, el rey emérito abandonó España y se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos, donde reside hasta la fecha. “La decisión de establecerse en los Emiratos no fue casual”, afirma Mustafá Nasar, experto en los Estados del Golfo e investigador de la Universidad de Basilea. “Allí Juan Carlos fue obsequiado con dos Ferraris [en 2011] tras asistir al Gran Premio de Fórmula 1.
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