Suiza se congratula por (re) firma de paz

El anhelo de paz de los colombianos se cristaliza: El acuerdo entre las FARC y el Gobierno ha sido (re)firmado y está en proceso de ratificación. Keystone

El presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timochenko, líder de las FARC, rubricaron el jueves el acuerdo mejorado para la paz, el cual ya está en el Parlamento para su refrendación. Berna manifiesta su beneplácito, lo mismo que la rama helvética de ‘Colombianos por la Paz’. Empero, el recrudecimiento de asesinatos de líderes sociales genera una gran inquietud también en Suiza.  

El Ministerio suizo de Exteriores se congratuló con el anuncio de la firma del acuerdo para la paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia.

Asimismo, indicó a swissinfo.ch su disposición a guardar la versión definitiva del acuerdo, en caso de que así lo soliciten las partes en conflicto. La primera versión se encuentra en Berna a pedido de las mismas.

Desde hace dos décadas Suiza apoya una solución negociada al conflicto que ha causado más de 200 000 muertos. Su respaldo incluye proyectos en pro de la sociedad civil, asesoría en las negociaciones y un amplio programa de promoción de la paz.     

“Estamos muy contentos y esperanzados pero no eufóricos porque nos preocupa el asesinato de dirigentes sociales que defienden la paz y los derechos de las comunidades”, anota Claudia Mendoza, representante de la organización ‘Colombianos por la Paz’, con sede en Ginebra.

El clima de violencia ha generado una ola de inquietud y de repudio. “Ponga punto final a este exterminio de inocentes”, pidieron las FARC a Santos (21.10).  “No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo la paz. Con comisión de DD HH definimos fortalecer protección de líderes sociales”, tuiteó Santos (22.10).

De Cartagena a Bogotá

24 de noviembre de 2016, Teatro Colón, ciudad de Bogotá: Poco antes del mediodía, las notas del Himno Nacional Colombiano marcan el inicio de una jornada histórica: Santos y Timochenko (Rodrigo Londoño) se arman del ‘balígrafo’ para asestar con su rúbrica la estacada final a medio siglo de guerra.

No es la primera vez. Casi dos meses antes, en Cartagena y en un contexto menos sobrio, los representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el primer acuerdo de paz del último conflicto armado en Latinoamérica y uno de los más longevos del mundo. 

“¡Sí se pudo!” “¡Sí se pudo!”, coreó una exultante audiencia.

El texto, radicado en el Congreso de la República para su refrendación al filo de las 13 horas del mismo jueves, modifica y enriquece al anterior, coinciden sus signatarios.

Entre uno y otro mediaron un plebiscito (2 de octubre) -con el que por escasa pero suficiente mayoría la ciudadanía rechazó el acuerdo-, la atribución del Nobel de la Paz a Santos, una maratónica serie de negociaciones en Bogotá para incorporar las propuestas de los opositores, pero también de los diferentes sectores sociales. Otra ronda de conversaciones entre las FARC y Bogotá. Pero, sobre todo, una colosal movilización ciudadana, dentro y fuera de Colombia, para exigir “¡La Paz, YA!”.  

Ola de crímenes

Sin embargo, también en ese lapso, y de hecho desde antes, a partir de la firma del cese al fuego el 26 de agosto, más de 30 representantesEnlace externo sociales han sido asesinados, (200 en lo que va del añoEnlace externo, según las FARC) incluidos seis miembros de la Marcha Patriótica. Santos ha dado cuenta de su inquietud y ordenó la investigación de los casos. Timochenko evocó la situación en su discurso durante la ceremonia de este jueves:

“Asombran al país el desalojo violento del Campamento por la Paz de la Plaza de Bolívar, la indolencia del Gobierno frente al asesinato de dirigentes campesinos y activistas de la Marcha Patriótica; mientras se felicita al Ejército por golpes al ELN es nula la solidaridad hacia las familias de los activistas populares y guerrilleros de las FARC dados de baja”, dijo en la que ha sido considerada la parte más fuerte de su discursoEnlace externo.

El asesinato en los años 80-90 de unos 5 000 miembros de la Unión Patriótica, integrada por guerrilleros de diversas organizaciones armadas (incluidas las FARC y el ELN) para continuar la lucha en la escena política, es una herida en la historia del país, y una de las mayores preocupaciones de las FARC para la dejación de las armas.

‘Paras’, espada de Damocles

No solamente Santos ha reconocido que las autoridades del país no hicieron lo suficiente para proteger a los integrantes de ese partido político, sino que los acuerdos de La Habana incluyen medidas para evitar que se repita la masacre.

Sin embargo, la ola de asesinatos registrada en los últimos meses ha encendido la alarma. La ofensiva de los últimos meses, amén de los miembros del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica ha sido dirigida contra líderes comunales, defensores de derechos humanos, de desplazados, de obreros y campesinos, y ello, en medio de una gran “prudencia” de los medios:

“Recogen los testimonios pero con el mismo lenguaje de siempre. Cuando se trata de víctimas de las FARC, anotan ‘fueron asesinados por las FARC’. Cuando se trata de víctimas de los paramilitares, anotan simplemente ‘fueron asesinados’”, comenta Mendoza. Dicho de otro modo, el paramilitarismo, que ha causado el mayor número de las 8 millones víctimas del conflicto (de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria HistóricaEnlace externo), no es todavía un fantasma del pasado en Colombia.

Apoyo internacional

Para la integrante en Suiza de ‘Colombianos por la Paz’, “solamente el Gobierno puede parar esa situación. Santos dijo que enviaría gente a investigar los asesinatos y ofreció recompensas para quienes aportaran datos que condujeran a los autores, pero de ahí a que en las regiones se cumplan las órdenes…”

El Gobierno, opina, debe aprovechar la presencia internacional -prevista para contribuir a garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados y las comunidades concernidas-, para evitar un baño de sangre. Un riesgo que se antoja aún mayor cuando dé inicie al “remarcaje” de las tierras. No debemos olvidar que en sus maniobras de acaparamiento y detentación, los terratenientes han recurrido al paramilitarismo. De hecho, la redistribución agraria es uno de los enormes desafíos que enfrenta la construcción de la paz.

Una buena decisión

Y el inicio de esa titánica empresa tendrá lugar a partir del “Día D”, según expresión de Santos; es decir, una vez que el acuerdo obtenga la luz verde del Legislativo. Y ello, en virtud de que Gobierno y FARC acordaron que el mecanismo para la refrendación del acuerdo mejorado sea por la vía parlamentaria.

“Este procedimiento se adoptó también por la urgencia de la paz. Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación. Imagínense por un momento lo que hubiera significado volver a la guerra con las FARC”,  subrayó el mandatario colombiano en su discursoEnlace externo de este jueves.

De ahí que no bien terminada la ceremonia de (re)firma del acuerdo de paz, a las 13 horas, el texto estaba radicado en el Congreso de la República para su refrendación.  

¿Fue una buena decisión optar por la vía parlamentaria?

“Considero que sí. El presidente optó por la vía rápida y me parece que es una decisión políticamente correcta Es urgente la refrendación y la implementación del acuerdo de paz”, corrobora la representante de la organización colombiana.

Acuerdo de paz. Entre los ajustes:

El acuerdo origina esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado. La modificación establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15. Los fiscales deberán ser colombianos.

El nuevo pacto busca aclarar la conexión del narcotráfico con los delitos políticos. Ahora este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión -por lo que sería sujeto de amnistía- en caso de que «no haya derivado en enriquecimiento personal».

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para la reparación de las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos.

La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores.

El expresidente Álvaro Uribe, principal detractor del proceso y el acuerdo de paz, manifestó su descontento con los ajustes y la vía para la refrendación.