Cómo una organización con sede en Suiza regula a los contratistas militares

Personal de seguridad estadounidense de Blackwater subiendo a un helicóptero en la ciudad iraquí de Hillah en una fotografía fechada el 17 de junio de 2007. Wathiq Khuzaie/Keystone

Actualmente, los proveedores de servicios de seguridad privada están reemplazando a los soldados en los campos de batalla. Suiza busca que respeten el derecho internacional promoviendo el apego a un código de conducta.

Desde una torre de negocios en el distrito internacional de Ginebra, Jamie Williamson observa de cerca nuevos detalles de la captura de prisionerosEnlace externo y posibles crímenes de guerraEnlace externo cometidos por el «Grupo Wagner» luego de que uno de sus reclutas desertara rumbo a Noruega en enero pasado. Este ejército privado dirigido por un oligarca ruso Enlace externoha sido decisivo en el fortalecimiento de la presencia rusa en Ucrania y en otros países africanosEnlace externo.

Es uno de los ejemplos más visibles de la creciente tendencia que existe a nivel global de privatizar la guerra y la seguridad. Las cifras sobre el número exacto de elementos reclutados y los fondos destinados a la seguridad privada son escasos y, frecuentemente, difieren de un experto a otro. Vantage Market Research estima que el valor de esta industria era de 242 000 millones de dólares en 2021, y proyecta un crecimiento anual promedio del 7,2% hasta el 2028. La previsión incluye las operaciones militares. El Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) calcula que en 2017 al menos 11 millones de personas trabajaban para 77 000 empresas militares y de seguridad privadas. No obstante, estas cifras del DCAF solo contabiliza las empresas de seguridad privada registradas y sus empleados, y no incluye los importantes mercados negros que existen para los servicios de seguridad privada. Es probable que las cifras hayan aumentado desde 2017.

Williamson trabaja en la prevención de presuntos crímenes de guerra como los denunciados en el caso del Grupo Wagner, una labor que realiza desde la presidencia de la asociación creada para hacer cumplir el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA). Este código tiene su origen en una iniciativa suiza del 2010 que buscaba evitar abusos como los cometidos en la guerra de Irak, liderada por Estados Unidos, en la que contratistas de Blackwater mataron a 14 civiles en una plaza central de Bagdad. Gobiernos, empresas de seguridad privada y organizaciones de la sociedad civil acordaron el establecimiento de principios comunes para garantizar que las empresas de seguridad privada  respeten los derechos humanos y la legislación humanitaria. Para dar seguimiento a este objetivo, se creó en 2013 una organización suiza sin fines de lucro también llamada ICoCa.

Un combatiente del Grupo Wagner ante un edificio destruido por un intenso fuego en la asediada ciudad ucraniana de Soledar el 29 de enero de 2023. Ivan Noyabrev/Keystone

“El campo (de acción) va mucho más allá de Wagner”, explica Williamson cuando se habla sobre el Código. “La seguridad se ofrece en todas partes y este código es relevante dondequiera que se corra el riesgo de que los servicios privados violen los derechos humanos”, dice. Lo anterior incluye los centros de asilo custodiados por contratistas, las operaciones mineras que dependen de seguridad externa, o las zonas de guerra en donde los militares subcontratan las tareas de entrenamiento, transporte o administración de municiones.

Elevar los estándares en una industria que crece y privilegia la secrecía parecería un ejercicio fútil. Especialmente porque muchas empresas del sector creen que una mayor transparencia pondrá en riesgo su reputación y seguridad, aunque en muchos casos sus empleados no portan armas. El porcentaje de empresas cubiertas por el código ICoCA es pues pequeño. Unas 117 compañías figuran en su sitio web, suscribiendo con ello su compromiso de cumplir con el Código, así como con la entrega de informes, monitoreo y evaluación pactados.

Solo 54 de estas compañías han tenido una evaluación externa de sus prácticas comerciales y son consideradas como «miembros certificados». Constellis, grupo que absorbió los restos de Blackwater logró, tras varias rondas de trabajo de reestructuración interna y renovación de imagenEnlace externo, certificarEnlace externo en 2017 a la subsidiaria que tiene en Afganistán y en Irak. La vicepresidenta Global de Desarrollo Comercial, Michelle Quinn, se integró también a la Junta Directiva de ICoCA. “Una investigación de antecedentes dejó en claro que operan de forma muy distinta que Blackwater”, explica Williamson.

Apostando por la prevención

En principio, ICoCA está dispuesta a colaborar con cualquier empresa capaz de impactar positivamente su entorno, incluido el Grupo Wagner. «Pero sería prácticamente imposible que se convirtieran en miembros», aclara Williamson, quien en el pasado trabajó en zonas de crisis para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Pero debemos comprometernos también con las empresas con un mal historial porque es ahí donde puede hacerse la diferencia, evitando que cometan más faltas y garantizando la rendición de cuentas”.

En el caso de Ucrania, en donde los contratistas de Wagner están peleando la guerra de Vladimir Putin, no hace sentido acercarse a esta empresa. «El modelo en Ucrania es nuevo. (Los contratistas) no son estatales, pero están claramente vinculados al Estado: son un ala privada del ejército ruso. El debate y las soluciones se han trasladado a un nivel mucho más político y gubernamental». Desde la perspectiva legal, los contratistas de Wagner no son mercenarios.

Pero en otros países, muchos de los servicios que ofrece Wagner puede prestarlos cualquier otra empresa de seguridad, dice Williamson. «Cooperan con las fuerzas para mantener la paz, entrenan a la policía local o a las fuerzas militares. Y muchas empresas occidentales han hecho exactamente lo mismo durante décadas». Ahí, ICoCA intenta dialogar con los contratistas para que comprendan los parámetros legales y los límites de sus acciones. El objetivo es evitar daños a civiles, así que ICoCA también les deja claro en qué momento cruzan el umbral en el que dejan de ser civiles para convertirse en combatientes.

«Se trata de prevenir», afirma Williamson. «Una vez que se dispara o se daña a un civil, ya es demasiado tarde».

El poder del cliente

Los gobiernos también necesitan jugar un rol relevante en el control y cumplimiento de la regulación por parte de los contratistas de seguridad privada. En 2008, algunos Estados refrendaron su compromiso de garantizar que las empresas de seguridad privada respeten normas mínimas adoptando el Documento de MontreuxEnlace externo, otra iniciativa de Suiza y del CIRC para fortalecer el cumplimiento del derecho internacional de las proveedoras de servicios militares y de seguridad.

Como clientes de estas firmas, las autoridades nacionales fijan los estándares que deben cumplir. Estados Unidos, por ejemplo, exige que los elementos que protegen a sus equipos diplomáticos en zonas de alto riesgo estén certificados por ICoCA. Por su parte, el Reino Unido incluye una serie de condiciones en sus solicitudes. Pero, mientras más vinculados están los servicios a operaciones de tipo militar, más compleja es la supervisión porque la información se considera clasificada, explica Williamson.

Actualizando la legislación nacional

En 2013, Suiza actualizó su legislación federal para prohibir a las empresasEnlace externo basadas en su territorio participar en hostilidades en el extranjero. La medida se tomó luego de que la británica Aegis Defence Services -uno de las empresas más importantes del sector, y con participación activa en las guerras de Irak y Afganistán- decidió mudar su sede a Basilea.

Asegurar la neutralidad suiza ha sido un criterio fundamental para la adopción de una ley que prohíbe explícitamente a las empresas con sede helvética ofrecer servicios que puedan violar gravemente los derechos humanos. La ley exige a las compañías notificar a las autoridades con antelación cualquier intención de ofrecer servicios de seguridad en el extranjero, y las obliga a adherirse al ICoCA.

Durante una visita realizada en 2019Enlace externo, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios creado por la ONU saludó el compromiso de Suiza a nivel internacional, pero criticó la legislación nacional que atañe a los servicios de seguridad operados dentro del país: «La carencia de estándares comunes dentro de la industria es una gran preocupación porque el número de elementos dedicados a la seguridad privada superó ya al de agentes de policía», escribieron los expertos.

Además de los gobiernos, las multinacionales son otro actor que puede mejorar la conducta de las empresas de seguridad privada. «Las acciones de debida diligencia son clave en los derechos humanos”, subraya Jamie Williamson. Como clientes, las multinacionales tienen voz y voto en las normas que siguen sus proveedores de seguridad. BP, la compañía británica de petróleo y gas, observa los principios de ICoCA desde hace años. Y el gigante suizo de las materias primas Glencore, así como Holcim, empresa mundial dedicada a la fabricación de materiales de construcción, acaban de asumir un compromiso parecido. La idea es apoyarse en un protocolo que evite la comisión de abusos y las repercusiones que éstos tienen para las multinacionales.

Falta rendición de cuentas

Los expertos de la ONU en este tema validan el Código, pero exhortan a ir más lejos. En un reciente informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONUEnlace externo, afirman que se requiere un tratado internacional «que garantice una regulación para todas las empresas militares y de seguridad privada del mundo y que asegure una correcta protección de los derechos humanos». En un correo electrónico enviado a SWI, Sorcha MacLeod, del Grupo de Trabajo de la ONU, explica que los mercenarios rara vez rinden cuentas por las atrocidades que cometen. Los culpables son el secretismo que rodea a los agentes de seguridad privada, las complejas estructuras empresariales y las lagunas de regulación que existen, añade.

Cuatro guardias de Blackwater fueron condenados por un tribunal estadounidenseEnlace externo por asesinatos que cometieron en Bagdad, pero luego fueron indultados por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Un primer caso contra el grupo Wagner fue rechazado por un tribunal ruso en 2022Enlace externo y su desenlace está pendiente Enlace externoactualmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Uno de los principales cambios que se han observado recientemente es la escala en el despliegue de los mercenarios. Ahora vemos a miles de ellos operando en múltiples conflictos armados. Históricamente, el número era mucho menor», explica MacLeod.

En Ginebra, Jamie Williamson coincide en que los actores privados han llegado para quedarse: «Podríamos ver más grupos como Wagner en el futuro. Es imposible retroceder a un mundo en el que sólo hay fuerzas armadas convencionales».

Adaptado del inglés por Andrea Ornelas