Campesinos de Guatemala piden ayuda internacional

Tras la matanza de 29 campesinos en mayo de 2011, el Gobierno de Guatemala ordenó el Estado de sitio. No se detuvo a ningún culpable pero sí se desplazó a una nueva comunidad labriega y aumentó la militarización del país. Keystone

Pobreza, despojos, asesinatos… el calvario del campesinado guatemalteco sigue, pese a los Acuerdos de Paz de 1996. Sus líderes agotaron sin éxito los recursos locales para exigir justicia. Por eso vinieron a Suiza, país que resguarda los archivos del genocidio, para pedir el apoyo internacional.

“Monseñor Gerardi creó el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) con el objetivo de que no se repitieran los hechos lamentables, pero no solo los van a repetir, sino que los están repitiendo”, acusó Víctor*, durante una conferencia en la Universidad de Berna.

Víctor viajó a Suiza como parte de una delegación campesina del norteño departamento guatemalteco del Petén, en la que participaron también el fundador de la organización ‘Instancia Tierra Norte’, José María Romero, y la representante de Caritas Suiza, Silvia Valenzuela.

Merced al esfuerzo de esa entidad agraria, 2000 familias campesinas han tenido acceso a la explotación de una parcela. Por eso Caritas entregó su premio 2012 a José María Romero en una ceremonia en la que el ministro suizo del Interior, Alain Berset, elogió su empeño en favor de “una población indígena marginalizada y desfavorecida”.

Una población despojada desde hace siglos por una cadena de expoliadores que halla siempre nuevos eslabones: conquistadores,  Iglesia, latifundistas, narcotraficantes, trasnacionales. Unos tras otros, pero también unos y otros.

El Petén, con una vasta riqueza arqueológica, forestal, minera y petrolera, se sitúa en la zona más septentrional de Guatemala, lo que lo hace un territorio codiciado por empresas locales y foráneas, y un corredor del tráfico de estupefacientes en dirección de Estados Unidos. “Los intereses de las trasnacionales coinciden con los de los narcos y actúan protegiéndose mutuamente. Compran voluntades, funcionarios, jueces, partidos políticos. Controlan todos los sistemas de la región”, explica Silvia Valenzuela. Por ello, la presencia de organizaciones de derechos humanos es escasa, y la que hay es criminalizada.

Responden reclamos con represión

José María Romero se instaló en las proximidades del municipio de Melchor de Mencos, en el departamento del Petén, desde hace muchos años, como tantos otros desplazados por la guerra.

La tierra no es suya. La arrienda. Es la fuente de subsistencia para él, su esposa y sus siete hijos. Pero cada tanto ha tenido que sortear los intentos de la administración por expulsarlo. Ha luchado por él y por otros que como él viven de esa tierra que cultivan. Por eso fundó la organización ‘Instancia Tierra Norte’, a cuyas gestiones obedece el que 2000 campesinos tengan ahora un contrato de alquiler.

Alain Berset encomió su solidaridad y aludió a la guerra civil que de 1960 a 1996 flageló al país centroamericano.

“La tragedia de Guatemala debe recordarnos la importancia de un Estado social funcional y fuerte”, dijo. “Cuando ese Estado social no existe, otras ideologías se extienden en detrimento de la mayoría y la democracia. La solidaridad debe ser la idea maestra de la constitución de una sociedad”.

Por ello, indicó, en la Constitución Federal de Suiza está escrito que “la fuerza de una sociedad se mide en el bienestar de sus miembros más débiles”.

Caritas Suiza, que acompaña a ‘Instancia Tierra Norte’, subrayó a su vez que “los pequeños campesinos que defienden sus derechos son regularmente atacados, secuestrados e incluso asesinados”. La ONG reconoció el compromiso de José María Romero con la entrega de su premio, versión 2012.

“Profesión de fe contra el olvido”

En la ceremonia, el ministro suizo recordó también el apoyo de su país, tanto por parte de organizaciones privadas, como por la vía oficial, a los derechos políticos y sociales en Guatemala. En ese marco, la facilitación de expertos para el tratamiento y clasificación de los archivos policiales, considerados durante mucho tiempo perdidos o desaparecidos.

Esos documentos -prudencia obliga- se encuentran ahora en los archivos federales helvéticos. “Esta contribución de Suiza es una profesión de fe contra el olvido. Es, en efecto, una manera de guardar en la memoria las violencias estatales de los años negros de la dictadura”, afirmó.

En Guatemala, la frontera de la violencia entre el pasado y el presente es difusa.

En la Finca de Los Cocos, recordó Víctor, 27 campesinos fueron asesinados en mayo de 2011. Les cortaron la cabeza y los miembros. El gobierno culpó al narco y decretó Estado de sitio durante tres meses. Resultado: ningún detenido, pero una nueva población desplazada -ironía de la nomenclatura-, la de Nueva Esperanza, del municipio Libertad.

Los desplazamientos forzados, terrible expresión de la guerra, no han terminado. Al Petén llegaron muchos campesinos despojados. “Pese a su situación, se sentían felices porque por fin tenían tierra”, narró Víctor. Sin embargo, en 1990, el Gobierno decretó sus lares áreas protegidas y “los campesinos pasaron a convertirse en criminales”.

“Los expulsaron sin permitirles siquiera sacar sus pertenencias y les quemaron sus hogares”, denunció. “Pero luego entró Perenco (en 2001 la petrolera anglofrancesa inició actividades en Guatemala) y para ellos sí hubo lugar”. Para proteger sus intereses, en el área de la Laguna del Tigre, por ejemplo, hay un fuerte despliegue del ejército.

Y sea para extraer el petróleo o los minerales, o para destinar la tierra a monocultivos que, como la palma africana, la agostan, los labriegos guatemaltecos son despojadas y expulsados de sus campos.

Hoy, como ayer…

Comunidades indígenas pintaron un mural con los recuerdos de su experiencia de sobrevivientes, en Panzós, (Alta Verapaz), donde en 1978 tuvo lugar una de las primeras masacres del genocidio guatemalteco.

Mama Maquín murió con los papeles de su tierra en las manos. Así pidió María, su nieta, que la pintaran, con sus documentos. Pero también pidió que la pintaran viva, porque las balas de los soldados no apagaron su recuerdo, como tampoco extinguieron su reclamo: Derecho a la tierra, clamaban entonces los campesinos. Derecho a la tierra claman ahora, 34 años y 200 mil muertos más tarde.

La imagen de Mamá Maquin forma parte de la memoria histórica guatemalteca. Pero no de los siniestros registros policiales hallados por casualidad en el 2005 en la Ciudad de Guatemala, sino de los testimonios que sobrevivientes del genocidio han plasmado en una obra plástica colectiva, una “sinfonía de la verdad”, como la califica Claudia Bernardi, la profesora que lleva la batuta.

Genocidio

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el respaldo de las Naciones Unidas comunicó los resultados de sus estudios en 1999, calculó que más de 200.000 personas habían sido asesinadas o víctimas de desaparición forzada en más de 600 masacres durante
el conflicto armado interno, fundamentalmente en comunidades rurales e indígenas, llegando
a la “conclusión fundamental de que se había cometido genocidio”.

Fuente: Amnistía Internacional

Monseñor Gerardi

Nació en la Ciudad de Guatemala, el 27 de diciembre de 1922.

En 1984 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y también párroco de San Sebastián.

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala delegó a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a Monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación.

Gerardi llevó adelante la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que se preocupa hasta hoy de las víctimas de la violencia y cualquier violación a los derechos humanos.

En este contexto, empezó el proyecto interdiocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), al cual Monseñor Gerardi se dedicaba casi por completo, con la esperanza de conocer la verdad por medio de testimonios para el pasado no se repitiera más, ya que estaba convencido de que la paz y la reconciliación se lograrían solamente conociendo la verdad.

La presentación de los resultados de REMHI tuvo lugar el 24 de abril de 1998.

A dos días de la publicación del informe ‘Guatemala: Nunca más’, el 26 de abril de 1998, Juan José Gerardi fue asesinado en el garaje de la casa parroquial en la capital del país.

Fue tal la inquina de sus  victimarios que el cadáver apenas pudo ser reconocido por la sortija episcopal.