«En Suiza no se lidera, se coordina»

Walter Thurnherr est chancelier de la Confédération depuis le 1er janvier 2016. Keystone

Walter Thurnherr habla sobre la visión estratégica y el liderazgo en el Consejo Federal, especialmente con respecto a la política europea, y sobre los desafíos de la digitalización en la política nacional.

Señor Thurnherr, como canciller federal tiene el privilegio de poder observar desde dentro la labor del Gobierno. ¿Nos equivocamos si pensamos que el Consejo Federal desarrolla principalmente los negocios en los distintos ministerios, sin apenas ocuparse de cuestiones estratégicas?

El Consejo Federal trata cerca de 2 600 negocios cada año en alrededor de 40 reuniones. A partir de ahí puede calcular usted mismo el tiempo medio que es capaz de dedicar a cada asunto. Esto solo es posible gracias a que la Administración y los ministros preparan, discuten y en parte negocian previamente los asuntos. Entre estos negocios hay, efectivamente, algunas cuestiones estratégicas importantes que el Consejo Federal debe poder discutir a fondo. Por este motivo celebramos este año una serie de sesiones de clausura. Por ejemplo, sobre la agricultura, la sanidad o Europa. Estos intervalos temporales son importantes porque muchos temas son cada vez más complejos, conectados e internacionales.

Una cosa es invertir tiempo. Otra, la voluntad que los consejeros federales necesitan para avanzar juntos. En estos momentos es difícil percibir esta voluntad, sobre todo en la política europea.

La política europea es un tanto especial porque nos encontramos en medio de negociaciones con la UE. Ello quiere decir que, en este caso, el Consejo Federal necesita una estrategia de negociación. Y ésta no la deberíamos meditar en público, ni vender a los periodistas.

Pero también existe una dimensión de política interior. Y aquí se aprecia poco liderazgo.

«Liderazgo» es un concepto que se usa de manera contradictoria en la política suiza. Puesto que, pese a las críticas frecuentes y gratuitamente expresadas a la falta de liderazgo, existe conformidad en un punto: que cueste lo que cueste, hay que impedir que alguien asuma el liderazgo de verdad. En Suiza no se «lidera», se coordina. El máximo grado de liderazgo que asumimos en Suiza es la «dirección». Y no nos ha ido demasiado mal con esto.

¿Pero, cómo seremos capaces de preparar el terreno para un desarrollo ulterior de la senda bilateral en el Parlamento y en la población, si ni siquiera el Consejo Federal se pone de acuerdo?

Creo que con el objetivo de Suiza de mantener las relaciones bilaterales con la UE y encuadrarlas dentro un marco legal, está de acuerdo mucha gente, también el Consejo Federal. La cuestión es, cómo llegamos hasta allí y qué precio estamos dispuestos a pagar. En una democracia directa no es tan fácil solucionar esto con una sola ocurrencia estratégica. Merece la pena ser algo más prudentes que la media. En política, el que piensa que es mucho más inteligente vive una vida peligrosa en este país, puesto que cada tres meses calibramos el término medio en votaciones. Se puede criticar esto. Pero personalmente creo que de esta manera el sistema produce una cantidad asombrosa de inteligencia colectiva.

Justamente, con respecto a la cuestión del precio, necesitamos una posición consolidada del Gobierno.

Sí, pero las negociaciones sobre las cuestiones institucionales todavía están en marcha. Y mientras duren, como ya he dicho, es, por experiencia, más prudente callar la boca. Naturalmente hay cierto malestar, pero no solo en la política europea. Porque el Parlamento y la población perciben cada vez más cómo se entremezcla la política exterior con la interior, y en qué medida ello limita la propia libertad de acción. Véase el ejemplo del secreto bancario o del intercambio automático de informaciones. Para el legislador son a veces experiencias duras o frustrantes.

El desarrollo tecnológico vertiginoso ejerce, además de la cada vez mayor interdependencia internacional, una presión creciente sobre la política. ¿Está llegando nuestro sistema político a sus límites?

Seguramente existen más tensiones. Nuestros procedimientos políticos con sus consultas y lecturas requieren de mucho tiempo. Los desarrollos tecnológicos, sin embargo, se producen cada vez con mayor velocidad y sin que los hayamos pedido. Por esto aumentará la presión.

¿Y qué podemos hacer? ¿Hay que limitar los derechos de participación?

No. Debemos seguir tomándonos el tiempo necesario para la reflexión. De esta manera se hacen normalmente leyes mejores, no peores. La cuestión es más bien si podemos resolverlo de otra forma. ¿Necesitamos siempre una nueva ley o es suficiente un reglamento? ¿No deberíamos más bien poner reglas tecnológicamente neutrales y centradas en los objetivos y despejar la senda que nos lleva hasta allí? Ello requiere, naturalmente, de cierta confianza en la Administración y en el Consejo Federal. Otro tema es reconocer y decidir a tiempo si es necesario establecer reglas. Por eso deberían la política y la administración colaborar más con la ciencia y la economía.

¿Una especie de grupo de reflexión para la detección temprana de una necesidad regularizadora?

En el pasado, la EPF era una especie de centro de competencia para la Confederación. Hoy, sin embargo, se separa o externaliza todo con mucho esmero. Ciertamente no es necesario cuestionar la independencia. Pero se podría volver a reforzar la colaboración. Nuestros centros de investigación —también las universidades y las escuelas técnicas superiores— se dan cuenta de ciertos desarrollos mucho antes que la Administración. Lo mismo podemos decir de la economía. Antes contábamos con que el sistema de milicia aseguraría este intercambio importante. Hoy, sin embargo, esto ya no ocurre necesariamente. A lo mejor necesitamos nuevos medios para estos intercambios.

Reformulo la pregunta de forma más general: ¿Pierde Suiza el tren de la digitalización?

La digitalización es un desafío enorme para todos los países: deben existir las infraestructuras necesarias, aparecen nuevos modelos de negocios, cuestiones de competencia. La seguridad es un gran tema que plantea al Estado exigencias muy básicas.

¿Podría concretizarlo?

Tomemos el ejemplo del ataque cibernético mundial del pasado 12 de mayo. ¿Cómo puede el Estado proteger la propiedad y la integridad de sus ciudadanos frente a semejante ciberataque? O tomemos el ejemplo del «Internet de las Cosas»: aquí muchos hablan de protección de datos. Pero yo veo todavía muchos otros retos.

¿Cuáles?

Le pongo un ejemplo. Si quiere conseguir el permiso de circulación para un coche, deberá aprobar diferentes pruebas, por ejemplo, para comprobar si el automóvil cumple los requisitos de seguridad. Ya hoy, pero sobre todo en el futuro, se actualiza el soporte lógico de vehículos constantemente a través de Internet, lo cual puede modificar de manera fundamental los automóviles. ¿Cómo logra aquí el Estado seguir controlando la seguridad y otras normas? ¿Cómo lograr convertir en un proceso continuo la normativa que regula la matriculación de un coche y que consistente en una sola prueba? Y esto no afecta solo a los coches, sino a todas las cosas que se conectan a la red.

Es evidente que la política trata de transferir el mundo de las normas analógicas al nuevo mundo digital. ¿Tal vez la solución consista en regular menos?

En cuanto a regulación se refiere, se disimula a veces bastante en política. De las 1 500 iniciativas parlamentarias que se presentan cada año en la Asamblea Federal, muy pocas son cartas de felicitación dirigidas al Consejo Federal. La gran mayoría pide que se regule algo. Sin embargo, el problema de la digitalización es, ante todo, que en muchos casos no es posible establecer una reglamentación en el ámbito nacional. Asuntos como la neutralidad de la red, la protección de datos o la lucha contra la cibercriminalidad no se pueden regular a escala nacional. También aquí aumenta la presión para establecer reglas internacionales.

De manera reciente, el Consejo Nacional defendió la idea de poner freno a nuevas regulaciones. Por cada nueva ley aprobada debe suprimirse otra equivalente. ¿Cree que es viable esto?

Todo es viable. Me limito a poner un reparo: a intervalos regulares el Parlamento da el encargo al Consejo Federal para que revise las tareas de la Administración. Y cada vez que el Consejo Federal propone la supresión de una tarea se opone el Parlamento. Espero con impaciencia los debates cuando el Consejo Federal hace propuestas concretas sobre las leyes que quiere derogar.

Ha mencionado la importancia de la inteligencia colectiva. ¿Cómo valora usted nuestro Gobierno bajo este aspecto?

Soy un defensor apasionado del sistema con siete conejeros federales. Existe un valor añadido si se mira un problema desde siete ángulos distintos. En otros países se suelen tomar las decisiones con mucha mayor rapidez, pero también se cometen más errores.

¿Pero se hace valer hoy la inteligencia colectiva en el seno del Consejo Federal?

Me parece maliciosa su pregunta. En mi opinión, sí. Además, aumenta en la medida que ambos géneros estén representados de forma ecuánime, así lo confirman también varios estudios científicos.

¿Ha sacado la Confederación consecuencias acertadas del ciberataque contra Ruag?

Todavía no hemos acabado de analizar este incidente. Espero que saquemos las conclusiones correctas. Pero es imposible garantizar una protección absoluta de nuestras infraestructuras contra ciberataques.

¿Es suficiente la competencia informática de la Administración Federal para neutralizar ataques semejantes?

Es difícil apreciarlo. Lo mismo ocurre con las empresas: más competencia no causa ningún daño. Pero en este ámbito no se puede pensar que con la contratación de más personal se puede mantener el problema bajo control. Pero lo cierto es que el Gobierno ha tomado conciencia que debe emprender medidas en este campo.

¿Colabora el Gobierno con la EPF y otras instituciones en el ámbito de la seguridad de la infraestructura informática y busca las competencias también en el extranjero en la medida que sea necesario?

Sí. Existen proyectos comunes de la Oficina Federal de Informática con la EPF, por ejemplo, colaboran para hacer seguras las conexiones en la red. Pero el trabajo nunca se acaba cuando se trata de la seguridad informática.

El fracaso de grandes proyectos informáticos de la Confederación como Insieme han ocupado reiteradamente los titulares de la prensa.

La informática en la Administración federal no es tan mala como su fama, si la comparamos con las grandes empresas. Pero hay dos particularidades que dificultan especialmente los proyectos informáticos de la Confederación. Por un lado, existe una enorme heterogeneidad con casi 3 000 aplicaciones técnicas, que van desde las ayudas directas para la agricultura, pasando por el servicio civil hasta la aduana. Estos sistemas se fueron configurando de manera descentralizada, están muchas veces estrechamente enlazados entre sí y deben reemplazarse o actualizarse con frecuencia. En otro lugar se sitúa la contratación pública.

¿Es un obstáculo la contratación pública?

La contratación pública persigue objetivos muy positivos: el fomento de la competitividad, la transparencia y adjudicaciones imparciales. Esto también es importante. Al fin y al cabo, la Confederación contrata cada año bienes y servicios por un valor total de alrededor de 5.600 millones de francos. Pero el sistema es tan pormenorizado y está dotado de un perfeccionismo tan típico para este país, que casi aplasta a los que deben aplicarlo. Directores de oficinas federales, que en realidad deberían ocuparse de sus tareas principales, se han visto obligados a convertirse casi en expertos de la informática y de la contrata pública. Además, tenemos la obligación de adjudicar el contrato al que hace la oferta más económica, incluso si, por experiencia, tenemos dudas fundadas con respecto a la fiabilidad de los precios de determinados licitadores. Trataremos de resolver esto con la reforma que estamos planeando.

¿No consiste el problema en una falta de centralización en la contratación de servicios informáticos?

El actual sistema prevé que el que inicie un proyecto o un programa informático debe actuar necesariamente también como contratante. Aquí sería posible acometer una reforma, en el sentido de eximir de responsabilidades al comprador y centralizar las competencias en materia de licitación pública. Esto se está examinando actualmente.

La versión original de esta entrevista fue publicada el 13 de junio de 2017 en www.nzz.chEnlace externo.

Traducido del alemán por Antonio Suárez Varela