Aprendiendo de la vía chilena hacia una nueva Constitución

La gente celebra la aprobación del referéndum sobre la nueva Constitución en Santiago de Chile, en octubre de 2020. Keystone / Alberto Valdes

Las constituciones son las normas fundamentales de una sociedad democrática. Por eso es muy importante cómo se redactan y por quién se redactan. Después de varias décadas de conflicto, Chile emprende ahora un nuevo camino que podría inspirar a todo el mundo. Al mismo tiempo, el país andino puede también aprender de las experiencias de otros países como Suiza, Islandia o Venezuela.

Hasta ahora, el 4 de julio era un día importante: el Día de la Independencia en Estados Unidos. Este año, otro hito en la historia de la democracia se añadirá a esa fecha del calendario. Tal y como anunció a finales de junio el presidente chileno Sebastián Piñera, «el domingo 4 de julio de 2021, a las 10 horas, tendrá lugar en el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago la sesión inaugural de la Convención Constituyente». Después de más de treinta años, la Constitución chilena, aprobada por el dictador Augusto Pinochet en 1980, va a ser revisada completamente por una asamblea elegida directamente por los ciudadanos y ciudadanas del país. Al final del proceso, el electorado tendrá también la última palabra sobre la nueva Constitución.

El modo en que se gobierna un país se define, en última instancia, por su constitución. Históricamente, la mayoría de las constituciones han surgido de contextos particulares y conflictivos como la descolonización, los golpes militares o las transiciones a la democracia. Por lo tanto, la elaboración de constituciones nuevas o completamente revisadas en el marco de democracias ya establecidas es poco común hasta la fecha. Un estudio reciente del politólogo santiagués Gabriel Negretto encontró apenas dos docenas de casos de este tipo entre 1900 y 2015, con la nueva Constitución federal de Suiza, en la década de 1990, como un ejemplo excepcionalmente pacífico e inclusivo. Esto es precisamente lo que Chile quiere lograr ahora.

Dada la importancia de las cartas magnas para la democracia resulta algo sorprendente que las revisiones totales de las constituciones nacionales se hayan producido en tan pocas ocasiones. Sobre todo teniendo en cuenta que los ciudadanos de todo el mundo están cada vez más descontentos con el funcionamiento de sus democracias. Se oyen muchas voces pidiendo reformas, incluidas las constitucionales. Sin embargo, este deseo de cambio se ve contrarrestado en numerosas constituciones nacionales por normas rígidas que prácticamente impiden el cambio.

El proceso participativo suizo

Pero hay excepciones, y Suiza es una de ellas. Aquí los ciudadanos están facultados para iniciar una revisión total o parcial de sus leyes básicas. En Suiza, el 2% de los ciudadanos con derecho a voto (según el artículo 138 de la Constitución FederalEnlace externo) tiene derecho a iniciar un proceso constitucional completo. Si dicha iniciativa se aprueba en referéndum, deben celebrarse nuevas elecciones al Parlamento (directas) y al Gobierno (indirectas). Al final, el texto de la constitución completamente renovada debe ser aprobado de nuevo por el pueblo. Del mismo modo, muchos estados de EE.UU. disponen también de un proceso de elaboración de la constitución impulsado por los ciudadanos.

Aunque los referendos sobre revisiones constitucionales son relativamente comunes en todo el mundo, pocos países permiten que los propios ciudadanos inicien dichas enmiendas.

Chile y su vía democrática propia

En Chile, no fue ningún artículo concreto de la Constitución vigente lo que permitió poner en marcha el proceso de revisión total que ahora se ha iniciado, sino que fue un acuerdo político que, a su vez, impulsó una serie de acontecimientos. El 25 de octubre de 2020 más del 78% de los votantes chilenos aprobaron la propuesta de la Comisión Constitucional del Parlamento para reescribir la Constitución nacional. Para ello, en una segunda pregunta del referéndum, el electorado optó por una Convención Constitucional elegida directamente, con igual proporción de mujeres y hombres y que garantizara una adecuada representación de los consejos indígenas.

A mediados de mayo los chilenos eligieron 155 diputados entre más de 1 300 candidatos, reafirmando su voluntad de superar el statu quo: los candidatos de los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, recibieron tan pocos votos que las fuerzas tradicionales de derecha y de izquierda no podrán vetar las próximas propuestas de la Convención, que en cambio estará dominado por candidatos ciudadanos independientes.

Así, los ciudadanos de Chile dieron a la nueva Asamblea un mandato claro: «Renovar nuestra política rota y hacer que nuestra democracia vuelva a ser democrática». En la historia del mundo ha habido muchos nuevos comienzos de este tipo, pero solo en contadas ocasiones han tenido verdadero éxito.

Aprender de los errores de Islandia o Venezuela

En Islandia este proceso de revisión de la constitución, exigido por el pueblo e iniciado por el Gobierno, comenzó tras la gran crisis financiera de hace una década. Aunque el proceso de revisión fue muy participativo e incluso condujo a un referéndum en 2012, las mayorías en el Parlamento ignoraron el resultado. Hace unos días fracasó un intento de aprobar una enmienda concreta. Estos problemas suelen derivarse de la falta de conexión entre los movimientos de base que impulsan el cambio y los partidos políticos tradicionales, que temen perder el control. Una vez superada la crisis, vuelve la política normal y los ciudadanos han perdido la oportunidad de implicarse.

Los riesgos son aún mayores en sistemas presidencialistas como el de Venezuela. En este caso, los conflictos entre el Estado de derecho y la voluntad del pueblo se manifiestan con no poca frecuencia. En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder en 1989 con la promesa de modificar la constitución, que era una demanda popular desde hacía tiempo. No contaba con mayoría en el Congreso, y la Constitución vigente de 1961 no permitía la convocatoria de una asamblea constituyente. El mismo día de su toma de posesión, el nuevo presidente firmó un decreto por el que se convocaba un referéndum para eliminar el «obstáculo legal» que impedía dotarse de una nueva constitución.

Los que hablan de «Chilezuela» se equivocan

En Chile los agentes que se oponen a la revisión constitucional -los medios de comunicación tradicionales y la derecha política- han afirmado que con la reforma constitucional Chile seguirá el desastroso camino de Venezuela y por ello hablan de «Chilezuela». Pero se equivocan.  Mientras que en Venezuela el partido gobernante se hizo con el control del proceso constitucional durante décadas, ocupando más del 90% de los escaños de la Asamblea Constituyente, en Chile la elección ha dado lugar a una Convención muy pluralista y sin poderes de veto singulares.

A esto se suma el hecho de que la renovación constitucional en Chile ha sido exclusivamente una demanda popular y no una propuesta del Gobierno. La élite política se contuvo durante mucho tiempo, pero finalmente accedió a la nueva vía en respuesta a la ola de descontento público que se vivió a finales de 2019 por la repentina subida del precio del transporte público.

Con la apertura de la Convención Constitucional el próximo domingo 4 de julio, no solo se reinventará el «4 de julio» en el Sur, sino posiblemente la democracia moderna.

Traducción del alemán: Jose M. Wolff