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Critican la estrategia suiza de restitución de activos

Manifestantes con pancartas.
Manifestantes se reunieron frente a la embajada de Suiza en Túnez en 2011 para exigir la devolución de los bienes del expresidente Ben Ali a Túnez. Keystone/Hassene Dridi

La Oficina Federal de Auditoría señaló que el Gobierno suizo incurre en una práctica incoherente en la devolución de los activos congelados de las personas políticamente expuestas (PEP).

El organismo de supervisión financiera del Gobierno y el Parlamento precisó que las reglas inconsistentes y la falta de criterios claros para la restitución obstaculizan los esfuerzos en la materia.

La dependencia recomendó a las autoridades suizas que mejorar la “transparencia sobre el uso de fondos congelados y confiscados” y buscar “una mejor integración de diferentes estrategias contra la corrupción y el lavado de dinero”.

Un informe publicado el miércoles, afirma que las autoridades suizas no tienen una visión general de los casos de PEP o de lo que sucede con los fondos congelados después de su restitución.

“La información sobre casos de restitución incondicional que involucran a PEP es muy irregular e incompleta”, agregan los autores del informe.

Cerca de 2 000 millones de francos

En los últimos 20 años, Suiza ha devuelto alrededor de 2 000 millones de francos en al menos diez casos, incluidos los de Túnez, Egipto, Brasil, Nigeria, Malasia y Uzbekistán.

La Oficina Federal de Auditoría también señaló que no existe una base legal suficientemente sólida y que la política suiza carece de coherencia.

En el pasado, tomaba hasta 15 años obtener sentencias de confiscación y las autoridades a menudo prometían demasiados resultados a los países involucrados, agrega el informe.

La dependencia reconoció que el Ministerio suizo de Exteriores ha dado los primeros pasos para estructurar más el proceso de restitución.

El Gobierno suizo se ha comprometido a lanzar un nuevo proyecto este año para mejorar su estrategia de recuperación de activos.

También se están tomando medidas en el Parlamento para facilitar la confiscación de activos al invertir la carga de la prueba en las PEP, según informaciones publicadas este jueves por el periódico Neue Zürcher Zeitung.

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