Tormentosa relación entre Berna y el Tribunal de Estrasburgo
Helen Keller, profesora en derecho constitucional, es la representante de Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Keystone
Las intervenciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el derecho nacional provocan un creciente malestar en Suiza. Una iniciativa solicita la primacía del derecho helvético sobre el de “jueces extranjeros”. swissinfo.ch viajo a Estrasburgo para conocer las implicaciones que esta propuesta tiene para Suiza.
“La iniciativa para la autodeterminación se debe a que el TEDH se ha extralimitado en la toma de decisiones que deberían ser competencia exclusiva de los legisladores suizos”, explicó el expresidente del Tribunal Federal, Martin SchubarthEnlace externo.
Pero esta iniciativa enfrenta una oposición feroz por parte de muchas oenegés que consideran que es “antiderechos humanosEnlace externo”. Argumentan que, de prosperar, la propuesta de la UDC obligaría tácitamente a Suiza a retirarse de la Convención Europea de los Derechos HumanosEnlace externo. Y los ciudadanos y ciudadanas suizos perderían su derecho a acudir ante Estrasburgo para protegerse contra la violación de sus derechos fundamentales. Por ello, las oenegés lanzaron una campaña llamada ‘Factor de protección D-Los derechos humanos nos protegen’.
swissinfo.ch realizó una gira de prensa por Estrasburgo, organizada por ‘Factor de protección D’, para conocer de primera mano la relación entre Suiza y el TEDH. Ahí fuimos recibidos por Helen KellerEnlace externo, quien actualmente es la jueza que representa a Suiza ante el TEDH. Su discurso es dinámico y competente, pero evidencia una posición defensiva. Sin duda, la iniciativa para la autodeterminación de la UDC irrita en Estrasburgo.
Un caso pendiente contra Suiza
El tunecino Naït Liman buscó refugio en Suiza tras haber sido torturado en su país. Obtuvo asilo y, más tarde, la naturalización. Después decidió presentar en Ginebra una denuncia por daños y perjuicios contra el exministro de Justicia de Túnez por los maltratos que había sufrido en el pasado.
La justicia ginebrina consideró inadmisible su demanda porque no tiene relación con Suiza (el ministro del Interior tunecino no reside en territorio helvético). El demandante impugnó la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Su Gran Sala se reunió el 14 de junio y se espera su deliberación en un lapso de entre seis y nueve meses.
Suiza podría ser potencialmente sancionada. Pero, a excepción de Estados Unidos, casi ningún país reconoce el principio de competencia universal en el derecho civil.
El tardío derecho al voto femenino
La relación Suiza-TEDH siempre ha sido de odio y amor simultáneos. Suiza no participó en la fundación del Consejo de EuropaEnlace externo, en 1949, y tampoco en la puesta en marcha de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH) en 1950. Según el ministro suizo de Asuntos Exteriores de la época, Max Petitpierre, la política de neutralidadEnlace externo de Suiza no era compatible con su participación en un órgano político como el Consejo de Europa. Por otra parte, la ratificación de la Convención era imposible mientras Suiza no concediera el derecho de voto a las mujeres.
Finalmente, Suiza ratificó la CEDH en 1974, pero lo hizo sin consultar al pueblo y esto es algo que ahora podría costarle caro, porque le está acarreando muchas críticas.
La Suiza gubernamental sigue reticente ante la CEDH. Esto explica que Mónaco y Suiza sean los únicos Estados miembros (de un total de 47) que no han querido ratificar el primer protocolo adicional de la Convención. La razón: el voto a mano alzada característico del ‘Landsgemeinde’ (sistema electoral de participación directa basado en asambleas populares) y de numerosas asambleas comunales, no es compatible con el escrutinio directo. Y bajo los lineamientos del protocolo adicional, Suiza estaría violando los derechos del hombre.
Ni alumno modelo ni chivo expiatorio
Suiza ha sido condenada alrededor de un centenar de veces tras la ratificación de la CEDH original. El dato es modesto si se le compara con los registrados de otros países. Y en 97% de los casos, las solicitudes han sido consideradas inadmisibles, es decir, el TEDH no las trata porque no son de su competencia, o porque presentan lagunas.
Entre las quejas contra Suiza que sí han sido aceptadas, el Tribunal constató una violación a la CEDH en 59% de los casos. A título comparativo, en el caso de Rusia, la tasa es de 95%. A la luz de las cifras, Ucrania, Turquía, Hungría, Rusia y Rumania e Italia son los verdaderos ‘clientes frecuentes’ de Estrasburgo. Son origen de la mayoría de las quejas y figuran entre los Estados condenados con mayor frecuencia. Además, a diferencia de Suiza -que prácticamente siempre aplica las decisiones del TEDH- estas naciones son reincidentes en el tipo de casos por los cuales se las señala. “La vida sería mucho más fácil si estos seis países cumplieran con sus deberes”, dice Helen Keller con una sonrisa en los labios.
Cuestiones de procedimiento
Suiza no suele acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por casos de muerte, tortura o esclavismo. La mayor parte de las quejas que le atañen están relacionadas con el derecho a juicios justos, un área en la jurisprudencia de Estrasburgo que ha influenciado fuertemente el orden jurídico suizo. Hasta hace algunos años, los procedimientos civiles y penales precisaban de las competencias y decisiones de cada cantón y mostraban notables diferencias. Un proceso de unificación a nivel nacional entró en vigor en 2011 y las decisiones del TEDH contribuyeron a ello.
Casos de violación a los derechos a la vida privada y familiar son la segunda causa por la que Suiza es demandada en Estrasburgo. Se trata generalmente de procesos relacionados con la expulsión o extradición de un padre de familia. Pero Suiza también ha sido condenada en diversas ocasiones por obstaculizar la libertad de prensa, o por problemas de equidad de género. Y se le juzga también por la política de suicidio asistido que tiene en vigor.
Sin embargo, algunos juicios pronunciados en contra Suiza son mal vistos por la población. Por ejemplo, que un extranjero criminal no pueda ser expulsado porque tiene hijos en Suiza es algo que genera malestar entre la población. Asimismo, que los seguros de enfermedad deban cubrir los gastos derivados de una operación para cambiar de sexo. O que Suiza no pueda condenar a alguien por discriminación racial cuando afirma que el genocidio armenio es solo “una mentira internacional” (como sucedió en el caso del político turco Dogu Perincek) porque si no estaría violando su derecho a la libertad de expresión, aunque el propio tribunal aplique otro baremo cuando se trata de negar el Holocausto. Los suizos tampoco comprenden que la disolución de una asociación ilícita sea violatoria de los derechos del hombre de los involucrados.
El antiguo presidente del Tribunal Federal, Martin Schubarth, estima que el TEDH toma decisiones que no tienen relación real con la protección de los derechos del hombre.
Ciertamente, dicha instancia es importante para hacer valer los derechos humanos fundamentales, como lo hizo al condenar de manera directa a la CIA por sus programas de secuestro y tortura. “Pero es molesto que el TEDH se preocupe de los derechos del hombre juzgando el estilo de vida (de cada país)”.
Derechos populares vs derecho humanos
En su turno, Helen Keller destaca que Suiza es muy escuchada por el Consejo de Europa.
Por ello, aceptar la iniciativa de autodeterminación tendría una carga simbólica muy desfavorable ante los ojos de otros países. Pero hay algo que es claro: sin importar cuál sea el resultado, éste será producto de un ejercicio democrático. Cada quien pueden pensar lo que prefiera sobre la iniciativa, pero sus impulsores están haciendo valer la voluntad del pueblo. Pues los tratados internacionales no pueden tener un valor vinculante sobre los tribunales nacionales, a menos que hayan sido avalados, en un momento u otro por la gente, de forma implícita o explícita.
Y atribuir un rol decisivo a la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas es vital en Suiza y en el resto del mundo pues, como reza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, “la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad de los poderes públicos”.
¿Cómo conciliar la democracia directa con los derechos del hombre? Su opinión nos interesa.
Traducido del francés por Andrea Ornelas
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Suiza celebra 40 años de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), pero no todo mundo está dispuesto a sumarse al festejo. El emblemático tratado y su Tribunal en Estrasburgo son objeto de ataques, sobre todo por parte de la derecha conservadora.
El 28 de noviembre de 1974, Suiza ratificaba finalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que había adoptado el Consejo de Europa en 1950. Para conmemorar este aniversario, el Gobierno ha presentado un informe de 72 páginas en el que hace balance del trabajo realizado durante las últimas cuatro décadas, así como de las reformas en marcha y el futuro del Convenio.
En este documento, el Gobierno no solo defiende enérgicamente la labor del CEDH, sino que lo considera piedra angular de los valores fundamentales europeos.
“La firma de este convenio hace 40 años ha influenciado y fortalecido el Estado de derecho en Suiza… El CEDH es hoy una referencia para los Parlamentos y para los tribunales federales y cantonales… Y es muy importante mantener esta visión exterior sobre el sistema legal suizo”, señala el informe.
“Oponerse al Convenio no es una alternativa”, añade. Una alusión a la polémica que han generado algunas decisiones recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, especialmente en materia de política de inmigración y asilo.
Datos estadísticos
Entre 1959 y finales de 2013, se interpusieron 644.357 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ellos 22.764, es decir, el 4%, llevaron a un juicio.
La mayoría de los casos recibidos procedían de Rusia (16,8%), Italia (14,4%), Ucrania (13,3%), Serbia (11,3%) y Turquía (11%). La mitad de las sentencias se dictaron en contra de cinco Estados: Turquía (2 994), Italia (2 268), Rusia (1 475), Polonia (1 042) y Rumania (1 026). Los jueces condenaron a los Estados en el 83% de los casos. Aun así, 95 de cada 100 casos interpuestos no terminan en juicio al ser considerados improcedentes.
Desde 1974 hasta finales de 2013, se presentaron 5 940 causas contra Suiza, la mitad a partir de 2002. De ellas, 5 516 fueron declaradas no procedentes (93%). En 2013, se interpusieron 445 casos suizos, lo que equivale a 0,55% por cada 10.000 habitantes. La media europea es de 0,80%.
En ese lapso se celebraron 152 juicios relacionados con Suiza. Solo el 1,6% de los casos terminaron en sentencia. La decisión de los jueces suele tardar entre 4 a 5 años.
Por ejemplo, la sentencia que dictó a principios de noviembre el TEDH, por la cual Suiza no puede devolver a Italia a los solicitantes de asilo vulnerables sin obtener antes las garantías sobre su acogida. Sentencia que desató mucha polémica.
Los críticos de este tipo de decisiones –con la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) a la cabeza– se disponen a lanzar una iniciativa para exigir que el derecho nacional prime sobre el internacional.
Algunos van incluso más lejos. Al día siguiente de publicarse el informe del Gobierno, el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ (NZZ) escribió que el ministro de Defensa, Ueli Maurer (miembro de la UDC) había propuesto durante una sesión del Gobierno revocar la adhesión de Suiza al CEDH.
Walter Kälin, experto en Derecho Internacional y director del Centro Suizo de Competencia para los Derechos Humanos (CSDH), sostiene que sería un paso “serio y peligroso”. De hecho, en Gran Bretaña y Rusia se discuten iniciativas en ese sentido.
“Si Suiza y Gran Bretaña abandonaran el Convenio no sería el fin de los derechos humanos para estos países, ya que ambos cuentan con una cultura arraigada en materia de derechos humanos. Pero sí podría ser una buena excusa para muchos Estados que no conocen una tradición análoga. Y esto sí sería un gran retroceso”, afirma Kälin.
Pocos casos
Mientras los críticos quieren dar la impresión de que Suiza está permanentemente disgustada con Estrasburgo, las estadísticas reflejan una realidad distinta. Suiza es un actor poco relevante. De 1974 a la fecha se han registrado unos 6.000 casos vinculados a Suiza, de los cuales solo el 3% desembocó en un juicio y únicamente el 1,6%, en una sentencia.
La mayoría son casos declarados improcedente porque carecían de sustento legal o porque los tribunales helvéticos pudieron resolverlos.
Como sucede en la mayoría de los Estados, las sentencias que dicta el Tribunal de Estrasburgo no suelen ser recibidas con los brazos abiertos. Pero varias decisiones relativas a Suiza, como los casos Belilos (acceso a la corte), Burghartz (derecho de agregar el apellido de la cónyuge) o Jutta Huber (imparcialidad de las autoridades de detención), que al principio causaron controversia, con el tiempo terminaron por ser aceptadas y condujeron a importantes reformas legislativas.
“No se trata de fallos emblemáticos, sino una serie de decisiones respecto a detalles de leyes obsoletas que han contribuido a que la legislación progresara y brindara una mejor protección", anota Kälin.
Jueces ajenos
Martin Schubarth, antiguo juez federal en Suiza, reconoce los efectos positivos del Convenio, como favorecer la introducción del sufragio femenino y sensibilizar más sobre la discriminación. Sin embargo, considera que el Tribunal de Estrasburgo se inmiscuye demasiado en los asuntos legales de carácter nacional.
“Es inaceptable que un pequeño grupo de jueces, que generalmente no tienen los conocimientos de una autoridad legislativa, atienda temas jurídicos de forma poco democrática en lugar de las autoridades responsables”, declaraba recientemente al diario ‘Blick’.
Y el hombre fuerte de la UDC, Christoph Blocher, se hizo eco de estos comentarios. “¿No debemos acaso confiar en los jueces federales para la resolución de los problemas ligados a los derechos humanos? Esos son los principios asentados en nuestra Constitución desde mucho antes de que naciera el CEDH. El problema es que el Convenio decide las cosas a la distancia. Y las consecuencias, lo que sucederá posteriormente, no les preocupa a estos jueces”, afirmaba en un reciente entrevista al dominical ‘Le Matin Dimanche’.
Convenio y Tribunal
El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el tratado más importante del Consejo de Europa. Fue adoptado en 1950 y entró en vigor en 1953. Su ratificación es un requisito previo para adherirse a la organización.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Convenio en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.
Cualquier persona puede presentar denuncias de violación de derechos humanos ante el Tribunal de Estrasburgo, una vez agotadas todas las posibilidades de apelación en el país miembro en cuestión.
Pero Kälin replica que los jueces de Estrasburgo no deberían ser considerados “ajenos”, ya que al ratificar el Convenio y el Protocolo Adicional de 1994 –que dio paso al establecimiento formal del TEDH– “Suiza tomó la decisión soberana de aceptar la jurisdicción de Estrasburgo”.
Además, Suiza puede designar a uno de los 47 jueces –puesto que actualmente ocupa Helen Keller- e influir en la elección de los magistrados a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, donde está representada por una delegación. Por otra parte, no se puede pronunciar ninguna sentencia contra Suiza sin consultar antes a un miembro del tribunal de nacionalidad helvética, agrega Kälin.
Reformas en marcha
En su informe, el Gobierno dice también que tiene muy en cuenta las críticas, porque le permitirán sopesar y fijar su posición ante futuras reformas del Convenio y el Tribunal.
Pero una forma de avanzar y reducir la tensión actual es poner más énfasis en el llamado principio de subsidiariedad. Es decir, que Estrasburgo tenga menos peso y que la responsabilidad primaria de garantizar y proteger los derechos humanos en un país recaiga en sus propias instituciones (Gobierno, Parlamento y tribunales).
Kälin destaca que este enfoque no es nuevo. Sin embargo, reconoce que si se compara la forma en la que son abordados algunos casos en el presente y la manera en la que se atendían en la década de los 90, podría criticarse al TEDH por ir demasiado lejos en la actualidad y por olvidar el principio de subsidiariedad.
Como ya sucedió en otros países, el Parlamento suizo realizó hace poco una consulta sobre si debe ratificar o no el llamado ‘Protocolo 15’ del Convenio, que ancla el principio de subsidiariedad en su preámbulo, haciéndolo también más transparente y accesible. Con excepción de la UDC, los partidos políticos parecen apoyar el proyecto.
Varias reformas han mejorado el funcionamiento del Tribunal. Algunas, como la introducción de jueces individuales, ayudaron a reducir la demora en el tratamiento de las demandas interpuestas. Actualmente, hay cerca de 80.000 casos pendientes, la mitad de los que había en 2011. Y el TEDH estima que será capaz de equilibrar el número de casos nuevos y el de casos resueltos próximamente.
Pero Suiza, que ha defendido las reformas del Convenio desde los años 90, pide más. Durante su más reciente visita a Estrasburgo, la ministra de Justicia, Simmonetta Sommaruga, afirmó que apoyaba la conferencia ministerial prevista en Bélgica para el verano de 2015 en la que se discutirá uno de los principales problemas a largo plazo que enfrenta el TEDH: la aplicación de las sentencias por parte de los países miembros.
Miles de casos similares a los que ya ha despachado llegan a las manos de los jueces de Estrasburgo procedentes de países que carecen de una estructura jurídica eficiente.
“Tal vez las conferencias para realizar reformas que tuvieron lugar en Interlaken (1998), Izmir (2011) y Brighton (2012) despertaron cierto grado de conciencia entre las diversas autoridades, pero aún hay mucho trabajo por hacer”, afirma Frank Schürmann, experto legal de la Oficina Federal de Justicia.
Dogu Perinçek condenado por negar el genocidio armenio
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Perinçek es la primera persona condenada penalmente por haber negado el genocidio armenio. El veredicto corresponde a la pena que pedía la acusación. Dogu Perinçek ha sido condenado a una sanción económica condicional de 9.000 francos suizos (equivalentes a 90 cuotas diarias de 100 francos) y a una multa de 3.000 francos. Asimismo correrá con…
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