El salario mínimo vive un nuevo auge

Barack Obama compra en GAP, una marca que a principios de año decidió subir el salario mínimo de sus empleados. Keystone

Los suizos acuden a las urnas el 18 de mayo y no son los únicos que se preguntan si es oportuno fijar un salario básico para todos los trabajadores o aumentar sustancialmente el existente. El debate es intenso en los países occidentales y emergentes.

En Estados Unidos, Barack Obama ha adelantado su intención de incrementar el salario mínimo en casi un 40% y fijarlo en 10, 10 dólares por hora. No es seguro que esta proposición obtenga apoyo de la mayoría en el Congreso, pero la señal es clara: “Den un aumento en Estados Unidos”, recalcó el presidente estadounidense en su discurso anual sobre el estado de la Unión, el 28 de enero pasado.

En noviembre de 2013, Angela Merkel se vio obligada a anunciar el establecimiento de un salario mínimo generalizado en Alemania, como concesión a sus socios socialdemócratas en el gobierno de coalición. A mediados de enero pasado, el ministro británico de Finanzas, George Osborne, se dijo favorable a aumentar un 11% el salario básico por hora para restablecer el nivel previo a la crisis. Finalmente, China determinó el año pasado subir un 18% el sueldo mínimo.

Estas decisiones son consecuencia directa de la crisis financiera que estalló en 2008 y de la crisis económica global que le siguió, señala Sergio Rossi, profesor de Economía en la Universidad de Friburgo. “Los dirigentes de muchos países empiezan a darse cuenta de que los salarios bajos son nefastos para la actividad económica. El poder adquisitivo de los hogares es, en efecto, el que determina el crecimiento económico a largo plazo”.

Además, frente a las finanzas públicas sumidas en cifras rojas, los gobiernos tienen dos opciones, según Sergio Rossi: “Aumentar los impuestos -medida que jamás ha sido popular-, o echar una mano a los asalariados para reducir especialmente los gastos públicos en materia de protección social”.

Reducir las desigualdades

Stéphane Garelli, catedrático del International Institute for Management Development (IMD) de Lausana, destaca que la recuperación del interés político en el salario mínimo es “resultado de la creciente desigualdad en el reparto de las riquezas y de una sensibilidad cada vez mayor con los numerosos working poors del fondo de la escala”. El 1% de los hogares en el mundo posee el 46% de la riqueza, o sea, 110.000 millones de dólares, explica Stéphane Garelli.

Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraron en febrero pasado que las desigualdades sociales podrían provocar “la amputación del crecimiento” y, por ende, se desmarcaron de las recetas de austeridad prescritas por el FMI, particularmente en Grecia.

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, fue más allá en su alocución del 24 de enero pasado: “Las desigualdades engendran frustraciones entre la población y aumentan el riesgo de inestabilidad. Los problemas actuales en numerosos países se alimentan de un sentimiento de injusticia”.

Una idea liberal

El salario básico es un viejo caballo de batalla de la OIT, pero el resurgente interés de los gobiernos es, en cambio, relativamente nuevo. El consenso predominante hasta principios de los años 1990 consideraba el salario mínimo como algo nefasto para el empleo y un freno para la competitividad de las empresas.

En 1994, los economistas estadounidenses David Car y Alan Krueger iniciaron un cambio de rumbo con la publicación de un estudio que ponía en evidencia el nexo positivo entre la elevación del salario mínimo y el aumento del empleo. Pero prácticamente todos los especialistas admiten hoy que es muy difícil determinar de forma inequívoca ese nexo, positivo o negativo, porque los efectos varían mucho según el país y, además, están expuestos a un sistema económico es cada vez más abierto.

Un elemento llamativo: la izquierda y los sindicatos son los que ahora reivindican el salario mínimo, pero esta aspiración social surgió de las filas liberales, recuerda Jean Batou, profesor en el Instituto de Historia Económica y Social de la Universidad de Lausana. “La idea no viene de los socialistas, sino de economistas liberales que en el siglo XIX vieron el fracaso del mercado en la asignación de un valor mínimo al trabajo. A juicio de John Stuart Mill, el último de los grandes economistas liberales, la instauración de un salario mínimo en la ley debe conseguir que el trabajo sea suficientemente atractivo para los asalariados.

Los suizos votan el 18 de mayo

La iniciativa popular sobre el salario mínimo fue presentada por la Unión Sindical Suiza (USS) en 2012 con el aval de 112.301 firmas válidas. Exige que la Confederación y los cantones protejan a los asalariados y promuevan los ingresos mínimos en los convenios colectivos de trabajo (CCT).

Por otro lado, exige la introducción de un salario mínimo nacional legal de 22 francos la hora. El Gobierno y la mayoría del Parlamento, en el que los partidos de derecha y de centro tienen mayoría, recomiendan rechazarla. Para ser aprobada, la iniciativa necesita la doble mayoría: del pueblo y de los cantones.

La excepción suiza

Nueva Zelanda, entonces destino de una fuerte inmigración europea, fue el primero en instaurar el salario mínimo legal en 1894. Posteriormente, los salarios básicos fueron generalizándose en los países desarrollados tras la crisis de los años 1930. En la actualidad, 21 de los 28 países de la Unión Europea (UE) disponen de salarios mínimos establecidos por ley. “En los países que aún carecen de salario interprofesional legal, como Alemania, Italia y los países escandinavos, son los convenios colectivos de trabajo (CCT) los que protegen la mayoría de empleos. Estos CCT contienen también disposiciones precisas en materia salarial”, apunta Jean Batou.

¿Por qué Suiza no ha seguido ese movimiento? “Durante los gloriosos años treinta (periodo de fuerte crecimiento que siguió a la Segunda Guerra Mundial), los salarios aumentaron con más rapidez que las reivindicaciones sindicales debido a la escasez de mano de obra. La creencia de la excepción suiza estaba muy arraigada: se creía que era posible obtener incrementos salariales sin lucha sindical”, explica Batou.

El profesor de Lausana puntualiza, además, que el movimiento sindical suizo priorizó durante mucho tiempo a los ciudadanos nacionales, masculinos y cualificados. En la actualidad, sin embargo, estos representan una proporción decreciente de la población asalariada, a diferencia de las mujeres y los inmigrantes menos cualificados, que trabajan en la venta al público, los servicios personales (peluquería, estética,…), la limpieza, la hotelería y restauración, sectores poco organizados sindicalmente.

De ahí la necesidad de que los sindicatos quieran que la ley proteja a estos nuevos asalariados en condiciones precarias. Tras varias tentativas cantonales -de las cuales dos con éxito: en Neuchâtel y el Jura-, han lanzado una iniciativa para introducir el salario mínimo nacional, reivindicación que los suizos votan el próximo 18 de mayo.

¿Qué salario mínimo?

La cuestión es saber en qué nivel se fijaría el salario mínimo. Si es demasiado bajo, no permite combatir el dumping salarial. Si es demasiado alto, impide que muchas personas entren al mercado laboral, porque las empresas prefieren subcontratar o automatizar su producción, afirma Stéphane Garelli. Un salario mínimo de 22 francos la hora -o el equivalente de 4.000 francos mensuales, como exige la iniciativa-, “dejará a muchas personas en la puerta”, estima Stéphane Garelli.

Sergio Rossi es, en principio, partidario de introducir un salario mínimo legal, especialmente para “proteger a más del 50% de los trabajadores que no están cubiertos por un CCT en Suiza”. Considera, sin embargo, que la iniciativa es demasiado rígida: “Habría que diferenciar ese salario mínimo en función de los sectores económicos y de las regiones. De lo contrario, en los sectores de actividad con valor añadido débil, donde la masa salarial suele ser poco flexible, se corre el riesgo de presionar a la baja los demás salarios”.

Para Jean Batou, la apertura de fronteras y la creciente competencia entre los trabajadores justifica la introducción de un salario mínimo legal. “El crecimiento extraordinario” de la productividad laboral registrado los últimos diez años en Suiza (casi un 50%) contradice los argumentos de que un salario básico de 22 francos la hora es exagerado. “Visto desde el extranjero, podría parecer muy elevado, pero no es fácil comparar un país a otro; las prestaciones sociales y el costo de vida varían mucho. Para una mayoría de trabajadores que viven en las grandes ciudades, quizás 4.000 francos mensuales alcancen apenas para vivir dignamente”.

Traducción del francés: Juan Espinoza