El suizo que se querella contra los dictadores argentinos
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el suizo-argentino Inti Pérez Aznar, lleva adelante un juicio histórico contra la dictadura donde por primera vez un civil se sienta en el banquillo de los acusados.
“Si algo está quedando claro, es que se trató de un proceso político ideológico en el que hubo muchísimos civiles implicados”, asegura.
Inti Perez Aznar, hijo de perseguidos políticos, dispone de una larga experiencia como abogado especializado en derechos humanos, profesión que ama y a la que se dedica en cuerpo y alma desde 2004 “en busca de la justicia”.
La ciudadanía helvética se la debe a su bisabuelo friburgués y parte de su pasión por los derechos humanos tiene que ver con la historia de su familia, su madre –Helen Zout, fotógrafa que documenta a víctimas y supervivientes- y su formación en Suiza.
A sus 31 años, el joven procurador se enfrenta desde hace casi tres meses, cara a cara, a los verdugos que escribieron con sangre una de las etapas más trágicas de la Argentina, que acosaron a su familia, torturaron e hicieron desaparecer a miles de personas.
En el proceso, que se prolongará previsiblemente dos años, se juzga a 26 represores (tres ex militares, 21 ex policías y un civil) por homicidios cometidos en los Centros Clandestinos de Detención del denominado ‘Circuito Camps’ (ver RECUADRO).
swissinfo.ch: ¿De qué se trata este nuevo juicio en el que usted es querellante? ¿Por qué se considera histórico?
Inti Pérez Aznar: Estos son juicios jurisdiccionales donde se está acusando a personas por delitos cometidos en Argentina durante la última dictadura militar, delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, imperdonables, y son juicios donde hay una acusación contra personas que si son condenadas van a la cárcel. Son bastante únicos a escala internacional.
Hay dos temas importantes. Por un lado, fueron hallados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) los restos de 16 personas que estaban desaparecidas y que son parte de las 280 víctimas que figuran en esta causa.
swissinfo.ch: ¿Eso cambia el juicio?
I.P.A.: A partir de que el equipo de antropología forense pudo identificarlas y ya no son NN permite acusar a las fuerzas de seguridad que estuvieron en los centros clandestinos de detención donde se ubica, por las pruebas que hay, que los desaparecidos estuvieron allí.
Esto podría llevar a que se enjuicie a los acusados por privación ilegal de la libertad, torturas y agregar también el delito de homicidio.
En el Código Penal la privación ilegal de la libertad y tormentos tienen 25 años de pena máxima, mientras que el homicidio prevé cadena perpetua.
swissinfo.ch: ¿Cuál es el otro tema?
I.P.A.: Que se está juzgando por primera vez a un civil. Se trata de Jaime Lamont Smart. Esta persona fue juez de unos tribunales especiales que se habían creado en 1972 para juzgar a personas que eran acusadas por haber cometido delitos en el marco de las organizaciones armadas en aquel momento. En 1976 fue designado ministro de Gobierno del gobierno de la dictadura y tenía a su cargo a la Policía de Buenos Aires.
Él se jacta de ser “el único ministro de Gobierno de las 24 provincias que es un civil”. Lo dijo en indagatoria, y en este momento se están juzgando 6 centros de detención que dependían de esa Policía bonaerense, que estaban a cargo del Coronel Ramón Camps y del ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz (NR: conocido como ‘Circuito Camps’).
swissinfo.ch: ¿Qué espera hacia adelante?
I.P.A.: Creo que en estos crímenes hubo muchísimos civiles que participaron: Hoy se está llevando a juicio al ministro de Economía de aquella época, Martínez de Hoz, por el secuestro de dos personas.
Me parece que hay que empezar a investigar el papel de los civiles y cómo muchos de ellos se valieron del aparato terrorista estatal para lograr beneficios económicos.
Esto ya está empezando a llevarse adelante en nuestro país e involucra a personas que actualmente tienen todavía mucho poder.
Se trata de algo que va más allá del ámbito político. Es un tema jurídico y hay que empezar a poner nombre y apellido a aquellas personas que tuvieron beneficios a partir de la violencia criminal del Estado.
swissinfo.ch: ¿Qué vínculos guarda con Suiza?
I.P.A.: Somos cuatro hermanos y todos estudiamos en Suiza. Tres abogados dedicados a los derechos humanos (el mayor vive en Ginebra) y un fotógrafo.
Nuestro vínculo es muy intenso y fluido. Yo viví un tiempo en Ginebra con mi abuela, pero no me adapté y decidí volver. El tema de los derechos humanos es muy fuerte para nosotros y allí aprendimos mucho.
Tanto, que mi hermano Federico también es querellante en este caso por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación tiene 31 años y doble nacionalidad. Su bisabuelo materno Eduardo Burry, que llegó en 1920 a la provincia de Santa Fe, era de Friburgo.
Sus padres fueron perseguidos políticos e hicieron exilio interno, mudándose a varias partes del país, con cambio de identidad y de apariencia.
Estudió abogacía en Buenos Aires y se especializó en Derechos Humanos en Ginebra.
En 2004 regresó a Argentina y comenzó a trabajar en el Poder Judicial.
Durante tres años instruyó casi todas las causas del ‘Circuito Camps’. De 2007 a 2008 fue secretario del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, que lleva los juicios actualmente.
Se juzga a 26 represores: el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, tres ex militares, 21 ex policías y el civil Jaime Lamont Smart, acusados por los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que integraron el ‘Circuito Camps’.
Se trata de los centros clandestinos que durante la dictadura funcionaron en la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Destacamento de Arana, la comisaría Quinta, Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes), COT I Martínez y Brigada de San Justo.
Entre los casos investigados están los hechos conocidos como ‘La noche de los Lápices’ y los secuestros del ‘grupo Graiver’, Jacobo Timerman y Jorge Julio López.
Los cuerpos de 11 de las 280 víctimas que figuran en la causa fueron encontrados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La querella representada por la Secretaría de DDHH de la Nación podría pedir que los imputados sean acusados por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas.
Ramón Juan Alberto Camps (1927-1994) alcanzó el grado de general de brigada y fue destituido por resultar culpable de crímenes de lesa humanidad.
El 24 de marzo de 1976 la presidenta Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta Militar que asumió el poder designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
La Junta impuso el terrorismo de Estado que desarrolló un proyecto planificado para destruir toda forma de participación popular.
Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, entre otros, fueron secuestrados, asesinados o desaparecieron. Suiza fue uno de los países receptores de exiliados argentinos.
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