Esta semana, los parlamentarios suizos votaron en contra del papel financiero del Estado en la adquisición de Credit Suisse por UBS, que el Gobierno decidió el mes pasado haciendo uso de poderes de emergencia. Algunos juristas y políticos se preguntan ahora si la decisión debe ser vinculante.
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Questions raised about ‘symbolic’ parliamentary Credit Suisse vote
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La disputa jurídica se centra en la apresurada consulta del Gobierno a una delegación parlamentaria de finanzas de seis miembros para aprobar el acuerdo de emergencia el 19 de marzo, que dio lugar a la fusión de los dos mayores bancos de Suiza.
El Ministerio de Finanzas ha sostenido que la ley de emergencia permite tal recorte de la aprobación parlamentaria completa.
Por ello, cuando la Cámara de Representantes votó en contra del acuerdo a principios de esta semana, se interpretó como un tirón de orejas simbólico al Gobierno, sin consecuencias concretas, incluso por parte de los propios parlamentarios.
Sin embargo, varios medios de comunicación tratan ahora de averiguar si el «no» parlamentario podría tener alguna repercusión. El jueves, el catedrático de Derecho Público de Zúrich Andreas Kley declaró al diario 20 Minuten que, tras la votación, el Gobierno ya no está legalmente autorizado a firmar un contrato [de garantía] de 9.000 millones de francos suizos con UBS; el domingo, el SonntagsBlick citó al catedrático de Friburgo Andreas Stöckli, que coincide en que la decisión parlamentaria es «jurídicamente vinculante».
Ambos se remiten a una ley de 2010 -redactada a raíz del rescate de emergencia de UBS en 2008- que estipula que tales créditos estatales urgentes necesitan no sólo la aprobación de la delegación de Finanzas, sino también la «aprobación posterior» del Parlamento en su conjunto.
La letra pequeña legal
El Gobierno, por su parte, se ha mantenido en su línea: el viernes en Washington, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, volvió a decir que la decisión parlamentaria no tendría «ninguna consecuencia».
Sin embargo, los políticos exigen un examen más minucioso de la letra pequeña. Thomas Aeschi, del Partido Popular (el más grande de Suiza), declaró a la radio pública SRF que el Parlamento debería tener la última palabra, especialmente sobre los 9 000 millones de francos de UBS, ya que forman parte de un contrato aún no finalizado.
Miembros del Partido Popular, los Socialdemócratas y los Verdes -los tres grupos que votaron «no» a principios de esta semana- también tienen la intención de plantear la cuestión en otras comisiones parlamentarias para aclarar las cuestiones jurídicas, afirma SRF.
Es difícil saber si habrían votado de otro modo de haber creído que su decisión tenía repercusiones jurídicas.
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