Empleados bancarios en manos de la justicia

Mark Henley

Once bancos han recibido la autorización del Gobierno helvético para transmitir a la justicia de Estados Unidos los nombres y datos de sus colaboradores en ese país. Esta medida sin precedentes causa indignación y críticas en Suiza.

“Para evitar el látigo del fisco estadounidense, el rey del secreto bancario entrega los nombres de sus colaboradores, que ahora están condenados a permanecer encerrados en sus cantones”, escribía el semanario satírico francés Le Canard Enchainé sobre un asunto que considera “una tragicomedia típicamente suiza”.

Una tragicomedia que en Suiza no causa ninguna gracia. Para algunos, el precio que se está pagando por defender el secreto bancario es excesivo. Para otros, se trata de otra concesión inaceptable a las autoridades estadounidenses que compromete la soberanía nacional y debilita la plaza financiera helvética.

Empleados traicionados

Las primeras concesiones se remontan 2009, cuando el UBS estaba en la mira de la justicia de EEUU por haber ayudado a miles de ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos y Berna socorrió al banco. Por primera vez en la historia del secreto bancario suizo, las autoridades entregan datos de miles de clientes de un banco helvético a otro Estado. Hasta esa fecha, lo habían hecho en contadas ocasiones, tras largos procedimientos de asistencia administrativa y solamente en casos de fraude fiscal.

En 2011, otros once bancos helvéticos se ven bajo investigación por violar las leyes fiscales de Estados Unidos: entre otras cosas, por haber retomar a numerosos clientes a los que el UBS había abandonado en 2009. En diciembre, del Departamento de Justicia exige a los bancos todos los documentos relativos a sus operaciones en Estados Unidos, incluidos los nombres de los empleados que trabajan en ese país. En abril, el Gobierno suizo autoriza la entrega de los datos para salvaguardar los intereses de los bancos.

Cinco entidades bancarias transmiten a Washington los nombres de miles de empleados y asesores bancarios. En muchos casos, los perjudicados no son informados previamente y no pueden oponerse. El asunto causa indignación no solamente en el sector bancario, sino también en la clase política. “Los empleados han sido traicionados de forma abominable por sus dirigentes, que no han sabido o querido aprender las lecciones del caso UBS”, sostiene el diputado socialista Jean Christophe Schwaab, presidente de la sección francófona de la Asociación Suiza de Empleados Bancarios.

Ninguna medida de protección

En junio y septiembre, una decena de parlamentarios presenta una serie de interpelaciones urgentes para pedir explicaciones al Gobierno. En particular, quieren saber si ha obtenido garantías por parte de Washington de que los datos entregados no se utilizarán en detrimento de los empleados bancarios. Ninguna garantía, responde el Ejecutivo.

“Fui muy ingenuo. Partí de la idea que al poner en peligro a estas personas, simultáneamente el Gobierno habría adoptado medidas de protección. Mi pregunta se refería precisamente a las medidas que se habían tomado. Y la respuesta del Gobierno fue: ninguna”, afirma Yves Nidegger, diputado de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora). Según él, en el sector bancario empieza a cundir el pánico.

“Varios empleados no se atreven a salir de Suiza. Algunos han recibido orden de la dirección de su banco de no viajar al extranjero”, afirma Jean-Christophe Schwaab. “Nadie puede garantizarles que no serán detenidos. Y lo que es peor: tendrán que vivir varios años con esta incertidumbre”.

No había otra opción

Varios expertos en Derecho estiman que, con la transmisión de nombres, es muy probable que Suiza no haya respetado las normas legales en materia de asistencia administrativa, de protección de datos y de la esfera privada. Además, la autorización del Gobierno viola supuestamente el artículo 273 del Código Penal (transmisión de un secreto de fabricación o negocios a un organismo oficial o privado en el extranjero).

Para la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, responsable del expediente, “el Gobierno no tenía otra opción”: prohibir a las entidades bancarias que colaboraran con la justicia estadounidense hubiera puesto en peligro numerosos puestos de trabajo e incluso la supervivencia de algunos bancos. En enero, el banco Wegelin tuvo que cesar sus actividades tras la apertura en Estados Unidos de una investigación en su contra.

Los argumentos del Gobierno no han convencido a los parlamentarios, que han solicitado a las Comisiones de Gestión de ambas cámaras que esclarezcan el asunto. En opinión de la derecha, lo que está en juego es la soberanía nacional: “El Estado no puede renunciar a que se respeten sus leyes. El derecho es la única arma de la que dispone un pequeño país como el nuestro frente a otros Estados. Si renunciamos a aplicar nuestra legislación en nuestro territorio, mañana no serán solo los americanos, sino también nuestros vecinos quienes querrán imponernos el suyo”, sostiene Yves Nidegger.

Modelo de negocios

Según el diputado de la UDC, Suiza debe resistir a las presiones internacionales para salvaguardar su secreto bancario y defender su centro financiero.

“El objetivo de Estados Unidos no reside en erradicar la evasión fiscal en el mundo, de lo contrario suprimiríamos las sociedades anónimas de Delaware o Florida. La caza a los haberes no declarados es solamente un pretexto para lanzar una guerra contra nuestra plaza financiera. Pero no es con una capitulación que reconquistaremos el respeto de los americanos”.

Una visión que no comparte la izquierda. En su opinión, Suiza solo podrá preservar una plaza financiera fuerte si procede a adoptar rápidamente una estrategia basada en la transparencia y el dinero de origen limpio. “Si hoy somos blanco de ataques, es porque los bancos suizos utilizaron durante demasiado tiempo la evasión fiscal como modelo de negocios, violando así las leyes de otros países. Hoy todo el mundo sabe que el secreto bancario no sirve para tutelar la esfera privada, sino para proteger a los estafadores y los evasores fiscales”, sentencia Jean-Christophe Schwaab.

Respaldo al Gobierno

La Comisión de Gestión de la cámara baja del Parlamento se pronunció el martes sobre la entrega de datos a Estados Unidos. En su opinión, “las decisiones del Gobierno son comprensibles”, dadas las circunstancias y el contexto de las difíciles negociaciones con Estados Unidos en las que se tomaron.

Por ahora no hay indicios de que el Gobierno no haya respetado la ley. Con su decisión, el Consejo Federal no autorizó a los bancos a violar los derechos de sus colaboradores respecto a lo que estipulan la Ley laboral y la Ley de protección de datos.

No obstante, la Comisión quiere examinar detenidamente el asunto para determinar “si hay necesidad de actuar”.

El mismo martes, el ombudsman de protección de datos, Hanspeter Thür, incitó a los bancos a que permitan que sus colaboradores puedan acceder a las informaciones transmitidas, basándose para ello en el artículo 8 de la ley federal sobre protección de datos.

Asimismo pidió a las entidades bancarias que informen previamente a los colaboradores sobre el tipo de documentos que se transmitirán en el futuro, así como el periodo que abarcan los mismos.

Si la persona afectada se niega a la transmisión de su nombre, el banco tendrá que “sopesar los intereses”.

Cronología

En 2009, UBS fue condenado a pagar una multa de 780 millones de francos suizos en Estados Unidos por ayudar a miles de clientes a evadir el fisco.

En 2011, la justicia de EEUU abre una investigación contra 11 bancos en Suiza sospechosos de haber violado la legislación fiscal estadounidense.

El 9 de diciembre del Departamento de Justicia en Washington exhorta a los a las entidades bancarias a entregar antes de fines de año los documentos sobre sus operaciones en EEUU, incluidos los nombre de sus colaboradores.

En un primer momento, el Gobierno suizo se niega a cumplir esta solicitud, porque las autoridades estadounidenses no están dispuestas a garantizar la inmunidad de los empleados bancarios.

Ante la presión de Washington y a petición de las entidades afectadas, Berna autoriza el 4 de abril de 2011 la transmisión de los datos a Estados Unidos.

Los colaboradores no tienen posibilidad de oponerse a que se revele su identidad ni de obtener una copia. Los bancos les ofrecen posteriormente la opción de consultar las informaciones transmitidas.

(Traducción: Belén Couceiro)