Debate en Ginebra sobre trasnacionales y DD HH

En el marco de la apertura de las sesiones en Ginebra para analizar el comportamiento de las trasnacionales, miembros de organizaciones sociales se pronuncian contra las empresas que operan de manera irresponsable (23 de octubre). Sergio Ferrari

La delicada frontera entre ganancias económicas y respeto a los derechos humanos ocupa el centro del debate en las Naciones Unidas de Ginebra esta semana. La propuesta de un tratado internacional vinculante para regular tan áspera temática aviva pasiones.

Mientras los delegados oficiales participan en las sesiones del Grupo de Trabajo sobre empresas trasnacionales y derechos humanos, representantes de centenares de ONG y movimientos sociales de diversos continentes exponen sus propias posiciones.

Los debates se dan tanto en las salas de la ONU, como en la Plaza de las Naciones, justo enfrente de la sede ginebrina, donde los representantes del movimiento ciudadano internacional han montado una carpa redonda con perfiles de gran iglú y cubierta de banderas e insignias sociales.

Doble dinámica – la oficial y la de la sociedad civil internacional- que se da en torno a la 3ª sesión de este Grupo de Trabajo intergubernamental que vio la luz en 2014 y que desde entonces ha dado pasos “tímidos”, según las organizaciones sociales.

En virtud de lo anterior, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, que reúne a más de 200 redes, organizaciones y movimientos del mundo entero, se da cita nuevamente en Ginebra para intensificar su presión pública. Su exigencia central es que las Naciones Unidas acepten un tratado vinculante sobre el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas trasnacionales y sus cadenas de suministro.

Propuestas alternativas

La ONG suiza Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) junto con el Instituto Trasnacional (TNI) presentarán el Tratado sobre Empresas Trasnacionales.

El documento, de una treintena de páginas, describe las obligaciones de Estados y empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos; los mecanismos de cooperación, control y ejecución en el ámbito internacional, así como medios para el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.

“No se trata solo de resistir, sino también de llegar aquí con proposiciones viables”, enfatiza a swissinfo.ch el militante ambientalista mexicano Gustavo Castro, una de las personalidades internacionales presentes en Ginebra.

Las comunidades afectadas

Aunque no se puede ser demasiado optimista en que se llegue a un tratado internacional vinculante, “es una lucha que hay que librar por la dignidad de los pueblos que sufren directamente las violaciones de derechos humanos”, enfatiza Gustavo Castro, quien sobreviviera milagrosamente, en marzo del 2016, a un atentado perpetrado por un grupo paramilitar hondureño y donde fue asesinada la dirigente social Berta Cáceres.

Gustavo Castro, dirigente de la organización chiapaneca Otros Mundos, miembro de Amigos de la Tierra /México. Sergio Ferrari

Castro, que dirige la organización chiapaneca Otros Mundos, miembro de Amigos de la Tierra /México, retoma el pensamiento de su colega y amiga Berta Cáceres “que no murió, sino que sigue presente y multiplicándose en nuestra acción”, para subrayar que esta lucha de la sociedad civil internacional “es a favor de toda la humanidad y de la madre tierra”.

Los megaproyectos extractivos, la explotación de minerales a cielo abierto, los monocultivos de palma, la soja transgénica, implican avanzar sobre los territorios de miles de comunidades en el mundo entero. “Es decir, significa ocupar territorios, deforestar, consumir el agua de los habitantes originarios, destruir tejidos sociales y formas de producción propias a las poblaciones indígenas y campesinas”, insiste.

Las principales víctimas son las mujeres, que viven en sus propios cuerpos la violencia sistemática, subraya el dirigente ambientalista mexicano.  “El feminicidio cada vez más terrible no es casual: busca quebrar al movimiento social en el cual las mujeres asumen roles cada día más importantes de liderazgo en la defensa del territorio, del agua, de los alimentos esenciales, del medioambiente, de los pueblos indígenas”.

Sobre la actual movilización de la Campaña Mundial para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, Castro subraya el valor “altamente simbólico de la misma. Estamos en un lugar central para el poder financiero y los paraísos fiscales, por lo tanto, nuestra voz ciudadana puede tener una repercusión más directa y significativa”.

El drama migratorio

En el primer semestre del año en curso murieron 1 200 personas que intentaron entrar en Europa por el Mediterráneo. Y desde 2014, murieron 14 000 personas. “Es la Europa que nos están proponiendo”, denuncia Braulio Moro, representante de Francia América Latina (FAL) en la convocatoria de Ginebra.

Delegación del movimiento social Vía Campesina en Ginebra. Sergio Ferrari

Y es el delegado de la organización francesa quien tematiza en uno de los talleres en la carpa instalada en la Plaza de Naciones, la estrecha relación entre poder económico de las trasnacionales, la construcción de nuevos muros, las restricciones en la circulación de personas -aunque no de capitales-  y el creciente drama migratorio mundial.

Para profundizar esta reflexión, el Tribunal Permanente de los Pueblos, con el apoyo de organización italiana Lelio Baso, “ha decidido convocar a una nueva sesión para juzgar los crímenes y violaciones de derechos humanos contra los migrantes, a inicios de enero del 2018, en París”, anticipa. Explica que luego de una reciente reunión en Cataluña de esa iniciativa, se prevé una sesión del mismo Tribunal también en el sur de Italia en diciembre del año en curso. “Y si se logran recursos, una sesión en 2018 en la frontera entre México y Estados Unidos”.

No serán encuentros de expertos. “Pretendemos que sean los afectados los que expongan sus dramas cotidianos. No solo de cuando intentan llegar al ‘Norte’, sino también, en caso de lograrlo, la exclusión total, la invisibilidad social, que padecen por no contar con derecho alguno, concluye Moro.