En Colombia aún usan minas antipersonal

En el Día Internacional Contra las MAP, 4 de abril (2011) sobrevivientes recorren una plaza de Bogotá cubierta de 9.000 zapatos, cada uno con el nombre de una víctima. Keystone

En las últimas dos décadas, las minas han dejado 9.993 víctimas, 35% civiles. Cerca de un millar, menores. “Hablamos de mil vidas cuyos sueños se han visto truncados desde muy temprano”, subrayó el director del programa presidencial colombiano contra ese flagelo, Daniel Ávila, a swissinfo.ch.

Colombia, junto con Afganistán y Camboya, se encuentra entre los países más «contaminados» del mundo por la presencia de minas antipersonal, y es el único del continente americano en el que aún se colocan esos artefactos explosivos.

El experto de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, con sede en Ginebra, Juan Carlos Ruan, informó que Venezuela, Perú, Chile y Ecuador continúan con el desminado, mientras que Surinam y los países de Centroamérica concluyeron el proceso.

Destacó que, a diferencia de África, Asia o Europa del Este, donde la limpieza de minas se efectúa con ayuda de entidades civiles internacionales, en América Latina se ha hecho con los propios cuerpos policiales o militares y con el respaldo de la Organización de Estados Americanos.

Los signatarios de la también denominada Convención de Ottawa, tienen la responsabilidad de eliminar las minas en 10 años, una vez que la Convención entra en vigor, pero cuentan con la posibilidad de pedir prórrogas con base en una serie de requisitos, incluida la precisión del avance, el proyecto de continuación y las causas del retraso.

“Las condiciones para el desminado en los países de América Latina son diferentes en términos de diversos factores, como el tipo de suelo o el clima”, subrayó el especialista. Hay zonas escarpadas a las que los equipos pueden llegar a pie y luego de largas caminatas, lo que dificulta también las obligadas medidas de prevención en caso de incidentes.

Además, la detección de las minas depende de la magnitud y el tipo de conflicto que haya tenido lugar y de la manera en la cual las minas fueron colocadas por las partes en conflicto. 

Distribución “salvaje”

Así, por ejemplo, en Nicaragua, que vivió una guerra civil, muchas de las minas fueron colocadas, sin registro, en todo el país. En los conflictos internos, asentó Juan Carlos Ruan, en algunos casos, los ejércitos solían poner las minas alrededor de sitios estratégicos, como las torres de telecomunicaciones o las instalaciones de distribución de agua o energía para protegerlos, y hay registros.

Los rebeldes, por su parte, empleaban esas herramientas para resguardar sus bastiones.

En los países de América del Sur se utilizaron principalmente para la defensa exterior. En Venezuela, por ejemplo, donde fueron instaladas en la frontera con Colombia y para proteger las bases navales de grupos no estatales, existen mapas.   

Lo mismo sucede en Chile, que en tiempos de Pinochet estableció minas en las zonas limítrofes, y en Perú y Ecuador, que las colocaron en la frontera común durante el conflicto que los enfrentó.

Actualmente, señaló el experto, hay una creciente conciencia internacional de que las minas son éticamente inaceptables, que el costo humanitario es demasiado grande y que los daños que causan no puede ser justificados.

En América Latina, dijo, se ha avanzado en las tareas de desminado, pero aún se requieren muchos esfuerzos. En particular en Colombia, donde las minas afectan a la población civil, las áreas de agricultura, las tierras de las que miles de personas fueron desplazadas, que fueron escenarios de conflicto y a las que no pueden retornar sus habitantes sin que se haya determinado que están fuera de sospecha. 

Colombia enfrenta lo incierto

El ejército de Colombia retiró las minas que había colocado en 35 campos alrededor de sus bases militares finalizando esta labor en el 2010, precisó Juan Carlos Ruan.

“Colombia terminó con los campos minados conocidos y ahora enfrenta lo incierto”, añadió en referencia a las minas colocadas por otros actores armados.

Según el informe 2009 de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU sobre la situación de las MAP en el país andino, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del 70% de esos artefactos, seguidas del Ejército Liberación Nacional (ELN) y otros grupos.

En julio pasado se divulgó un video en el que la ex senadora Piedad Córdoba asegura que el ejército colombiano mantiene el empleo de minas.

El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), rechazaron la acusación, en declaraciones a medios locales.

Un arma que no distingue

“Las minas antipersonal son una de las armas predilectas de los grupos armados ilegales contra las fuerzas militares”, denunció Daniel Ávila en entrevista telefónica con swissinfo.ch desde Medellín (Antioquia). “Pero son un arma que infringe el Derecho Internacional Humanitario y que no distingue entre uniformados y civiles”, agregó.

Daniel Ávila enfatizó la preocupación del Gobierno de Colombia por la persistencia en el uso de las minas. Se refirió al enorme costo de esos artefactos que causan muerte o discapacidad, amén de que frenan el desarrollo de las comunidades: los campesinos, por ejemplo, quedan imposibilitados de sembrar sus tierras. Todo ello, acotó, contribuye a la destrucción del tejido social.

En Antioquia, “que históricamente ha sufrido más el flagelo de las minas”, con más de 2.200 víctimas, empezó este lunes (13.08) el Foro Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El objetivo, explicó el funcionario, es construir una política en la materia con la participación del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Ya se han hecho reuniones en otros 11 departamentos a las que han asistido más de 4 mil personas y en ellas se recogen las observaciones, propuestas y críticas de los participantes. Una de las mesas de análisis aborda el tema de las minas.

Esfuerzos de diálogo

“Estamos haciendo un esfuerzo, liderado por el vicepresidente, Angelino Garzón, que ha querido siempre el diálogo con las comunidades para tener acuerdos”, apuntó nuestro interlocutor.

Dijo también que entre las áreas más afectadas por la contaminación de las MAP están el norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca. En este último, justamente, la población indígena, hastiada de ser el escenario de un conflicto que le es ajeno y que le ha costado muchas vidas, por minas u otras armas, decidió expulsar a los actores armados, legales o ilegales.

¿El resultado? El domingo 12 de agosto fue asesinado uno de sus líderes espirituales, Lizandro Tenorio. Alrededor de 15 mil indígenas, concentrados en el Cauca, mantienen la exigencia de que militares e insurgentes cesen los combates y abandonen el departamento. Ahí están a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos acuda al lugar para dialogar con ellos sobre pacificación, soberanía y derechos humanos…

Minas/Amlat

Aunque el desminado terminó para una gran parte, los países de América Latina aún deben contender con el grave problema de los sobrevivientes y víctimas (sobreviviente es aquel que se mantuvo en vida tras un accidente con una mina antipersonal, mientras que el término víctima se refiere a todo el entorno de las personas afectadas, desde la familia del occiso o sobreviviente, hasta la comunidad que no puede cultivar sus terrenos porque los campos están minados).

Hay dos casos particulares: Cuba, que no forma parte de la Convención pero que cuenta con minas antipersonal en su frontera con la base naval de EEUU en Guantánamo y Argentina, que colocó minas antipersonal en las Islas Malvinas.

La Convención dice que cada Estado Parte tienen la responsabilidad de “destruir, o a asegurar la destrucción de zonas minadas bajo su jurisdicción o control”, Argentina dice que el desminado le corresponde porque tiene jurisdicción sobre las Malvinas, pero que no ha podido llevar a cabo sus labores porque no tiene control de las mismas.

Todos los países que han firmado la Convención de Ottawa deben desminar su territorio en un plazo de 10 años una vez que la Convención entra en vigor.  Algunos países han pedido extensión de sus fechas límites debido a problemas técnicos, etc.

Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde aún se colocan minas antipersonal y forma parte de la Convención desde el 2001.

Los países que en algún momento se vieron afectados por las minas antipersonal en AmLat incluyen /incluyeron:

En América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todos terminaron su desminado

En América del Sur: Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, que continúan su desminado, y Surinam, que lo concluyó.

Convención de Ottawa

La Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal o Convención de Ottawa ha sido ratificada por 160 países.

Busca poner término al sufrimiento de las víctimas, bajo diversos ángulos inscritos en su constitución: desminado, destrucción de arsenales, prohibición de uso, producción y transferencia de las mismas, además de que prevé la asistencia a las víctimas

Fue firmada en 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999.

Es el primer acuerdo de desarme que toma en cuenta la necesidad de las víctimas de un arma, lo que hace de este un histórico tratado humanitario de desarme.

Con excepción de Cuba y EEUU, todos los países de América forman parte.