España: las heridas de ayer y la crisis de hoy

Milagros, cerca de Burgos, 15 de julio 2008: Exhumación de restos de víctimas ejecutadas por las fuerzas de seguridad franquistas. AFP

Baltasar Garzón espera que los procesos iniciados en Argentina y la comparecencia de España esta semana ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas puedan abrir el acceso para que justicia sea hecha en torno a los crímenes cometidos durante el franquismo.

A 75 años de distancia persiste la impunidad y los familiares de unas 150 mil personas desconocen por qué y cómo fueron muertos los suyos. Dónde reposan sus restos. También se ignora la suerte que corrieron más de 30.000 niños que fueron robados a sus padres por el solo hecho de que éstos eran republicanos.

“Los miembros del Comité tienen una responsabilidad histórica respecto a las víctimas del franquismo. Es una de las pocas puertas que quedan abiertas y deben de ser conscientes de eso”, sentenció el otrora magistrado de la Audiencia Nacional española, en entrevista con swissinfo.ch.

Baltasar Garzón

Esperaría que España asumiera que a lo mejor no está haciendo las cosas bien, aunque el grado de cinismo de algunos españoles es elevadísimo

El jurista, conocido a nivel mundial por sus esfuerzos para el esclarecimiento y la aplicación de la justicia en delitos cometidos bajo regímenes dictatoriales, y entre cuyos logros se cuenta la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, tropezó en su propio país con esa postura “absolutamente nihilista” que lo apartó de sus investigaciones.

“Es tan ilógico que cuando se pretende investigar unos crímenes tan graves y se aplican doctrinas nacionales del propio Tribunal Supremo, la legislación internacional y los principios básicos que rigen hoy el orden de los derechos humanos en el mundo pueda haber un juez (su caso) suspendido durante dos años y sometido a proceso. Eso contradice lo que es la independencia judicial”.

Madrid, en examen

El también asesor del Tribunal Internacional de La Haya viajó a Suiza para asistir a las reuniones en torno al examen sobre el cumplimiento del Estado español de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010.

En su informe ad hoc, Madrid afirma que solamente a partir de esa fecha está obligado a proporcionar informaciones. Al analizar el texto, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) previene que “España incurre en un grave error de interpretación (…) en detrimento de las decenas de miles de víctimas de las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

“La interpretación que aporta, quebranta clamorosamente el principio internacional consolidado de no impunidad de este crimen, máxime cuando ha sido cometido en forma sistemática y contra sectores de la población civil y como parte de la política del Estado (crímenes de lesa humanidad)”.

Reuters

Urge crear Comisión de la Verdad

El texto de FIGBAR propone una serie de recomendaciones incluido el establecimiento de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, la elaboración de un censo de víctimas de la represión franquista y de un registro nacional de las mismas, amén de una legislación de implementación de la Convención de la ONU.   

Otro informe, el del Grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que efectuó una misión en España entre el 23 y el 30 de septiembre, concluye que es “lamentable la impunidad” existente en el país. “No hay ningún proceso en curso y ninguna persona ha sido condenada”.

Urge el inicio de investigaciones y advierte que “el Estado debe asumir su responsabilidad y comprometerse más activamente ante las miles de familias que buscan saber lo que sucedió a los suyos, desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura”.

«Argentina hace lo que nos impiden hacer»

Garzón elogió el informe de la ONU y asentó que “Argentina está haciendo por las víctimas del franquismo lo que no nos dejan hacer a nosotros”, en referencia a la decisión de la jueza María Servini de Cubría de iniciar una querella contra el Estado español por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de junio de 1936 y el 17 de junio de 1977.

“La jurisprudencia de la jurisdicción internacional es un mecanismo de ida y vuelta. En su momento yo inicié la causa contra la dictadura argentina y conseguimos el enjuiciamiento y condena de Adolfo Scilingo. Después tomó la iniciativa Argentina, y ahora ha sucedido al revés: Cuando en España se cierra la puerta, la única que queda abierta está en Argentina”, apuntó.

Momentos antes, y en conferencia de prensa, Garzón aludió igualmente a la orden de detención emitida por la jueza Servini contra cuatro expolicías españoles.

“Es decir, el único sitio que existe ahora mismo, donde se trate de investigar estos crímenes, no es España, como sería lo lógico y obligatorio, sino Argentina, con base en el principio de jurisdicción internacional y eso nos lleva a la necesaria colaboración de España que desde luego está siendo un tanto remisa o por lo menos no lo proactiva que debiera ser”.

Baltasar Garzón

La prensa de derechas salta como si estuviéramos en 1936

Víctimas, en el olvido

De hecho, durante su encuentro con los medios informativos en Ginebra, el jurista deploró de manera reiterada el olvido y la desatención que sufren las víctimas del franquismo, a las que se ha negado el derecho fundamental a la verdad, la justicia y la reparación.

“Somos el único país de Europa y el único país democrático que no ha hecho absolutamente nada por las víctimas”. Insistió en la necesidad urgente de crear una Comisión de la Verdad para que las personas de edad avanzada “puedan siquiera tener la posibilidad de exponer sus casos y de que se les dé respuesta”.

Denunció que los deudos carecen de recursos para la exhumación e identificación de los restos de los suyos, por lo que demandó el compromiso del Estado para  elaborar un plan general en el rubro, así como para llevar a cabo las investigaciones tendientes a esclarecer el paradero de los 30 mil menores sustraídos a las familias republicanas entre 1936 y 1975, y de los cuales apenas un 3 o 4% ha podido recuperar su identidad.

El otrora integrante del Poder Judicial español atribuyó el peso de 40 años de una dictadura que lo impregnó todo, las conciencias y las instituciones, a la opción no por la ruptura, durante la transición, sino por el continuismo.

“Oficialmente se decretó que la reconciliación se había producido, que el olvido estaba garantizado y que el franquismo quedaba atrás (…) un error de proporciones políticas incalculables porque cuando las heridas no se limpian y se suturan adecuadamente, vuelven a reproducirse los males y ahí es donde estamos:

“De alguna forma, gran parte de lo que está ocurriendo en España hoy, guarda una inmediata y directa relación con lo que no supimos resolver en su momento y después no hemos sido capaces de resolver…”

Cifras de víctimas

Según el único estudio que existe, efectuado en 2009 por orden del entonces Juez Baltasar Garzón (BG), el número de víctimas desaparecidas no combatientes se sitúa en una horquilla de entre 136 mil y 152 mil personas.

Una evaluación previa, hecha por las propias víctimas también a instancia del Juzgado de BG, establecía 114 mil.

A nivel oficial no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial por parte del Estado Español para tener más datos.

A la salida de BG de la Magistratura, el Estado archivó sus registros y sus programas informáticos y abandonó las investigaciones.

Avances valorables

Desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

La adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados e instituciones creadas por Comunidades Autonómicas como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, representan avances concretos y valorables.

Fuente: Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España