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Gobierno y estudiantes siguen enfrentados en Chile

La protesta del pasado domingo reunió a un millón de personas, según los organizadores. swissinfo.ch

Después de tres meses de protestas estudiantiles, aún no se vislumbran soluciones concretas para un conflicto que puso en jaque al Gobierno del derechista Sebastián Piñera.

Un universitario chileno paga mensualmente casi lo mismo que un suizo por todo un año de carrera. Eso, sin contar los altos intereses que deberá asumir si pide un crédito para saldar esta deuda.

Ambos países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ‘el club de las naciones desarrolladas’, por lo que la comparación no debiera resultar tan disonante. Pero en la práctica lo es. Mientras Suiza destina el 8% de su PIB a educación, Chile solo invierte el 4,4%, muy por debajo del 7% recomendado por la Unesco.

De hecho, la OCDE ha exhortado al país sudamericano a aumentar su gasto público en educación, advirtiendo que su sistema de enseñanza “está conscientemente estructurado por clases sociales”, lo que fomenta las desigualdades de origen.

“Aunque se ha mejorado significativamente el acceso a la educación, la calidad es muy dispar. En ese sentido, es verdad que el sistema contribuye a reproducir las desigualdades sociales”, reconoce José Joaquín Brunner, chileno-suizo especialista en educación y ex  ministro de Estado durante el Gobierno de Eduardo Frei.

Es la punta de un iceberg que se arrastra desde hace varias décadas, pero que estalló en mayo pasado, cuando miles de jóvenes organizados -universitarios y escolares- salieron a las calles para exigir una gran reforma.

Desde entonces, el paro, las marchas y los ‘cacerolazos’ no han cesado. La última ‘marcha familiar por la educación’ –convocada el pasado domingo– reunió, según los organizadores, a un millón de personas en Santiago.

El conflicto daña la imagen del Gobierno

Las principales demandas estudiantiles apuntan a una educación pública y gratuita de calidad, mayor participación del Estado y prohibición del lucro, en especial en las universidades privadas, que se multiplicaron al amparo de una ley promulgada durante el régimen militar de Pinochet.

Tras un prolongado tira y afloja, el Gobierno de Sebastián Piñera propuso destinar 4.000 millones de dólares a la educación, rebajar los intereses bancarios del 6 al 2% y fortalecer el sistema de becas. Promesas que no dejaron conforme al movimiento estudiantil.

“Nos ofrecen medidas para mejorar el actual sistema y lo que nosotros queremos es cambiarlo. Una reforma estructural, con educación gratuita”, ha recalcado Camila Vallejo, dirigente estudiantil de la Universidad de Chile y principal portavoz del movimiento. 

Frases del presidente Piñera como “la educación es un bien de consumo” o “nada es gratis” han contribuido a encender más la mecha y a separar posiciones.

A juicio de Brunner, una cosa es el conflicto de la educación y otra, la forma en que lo ha manejado el Gobierno, al que califica de “inhábil”. “Cuando Piñera asumió el poder, creó grandes expectativas en torno a este tema, pero hasta ahora no pasó mucho”, dice.

Al principio, “las peticiones de los estudiantes no eran tantas. Pero el Gobierno no supo cómo responder y dejó pasar varias semanas hasta que se dio cuenta de que las manifestaciones eran grandes e involucraban muchos actores sociales. Sus respuestas fueron muy vagas y la gente comenzó a pedir cosas más grandes, como una reforma constitucional y tributaria. Y así se les fue yendo de las manos”.

El problema ha dañado sin duda alguna la imagen de la autoridad, “y ellos (el gobierno) saben que pagan un precio por cada día que no logren resolver el conflicto”, concluye Brunner.

Educación en Chile y Suiza

El director del Colegio Suizo de Santiago, Friedrich Lingenhag, coincide en señalar la dispar calidad de la educación, asociada muchas veces al nivel socioeconómico de las familias. “Hay una cierta impermeabilidad de clases que también se vio en Suiza en el siglo pasado y que debiera ir cediendo de a poco, en la medida en que la economía funcione bien y permita acceder a mejores condiciones a más gente”, sostiene.

Para mejorar la calidad de la enseñanza considera fundamental reforzar la formación de los maestros. “Chile usa un sistema de puntajes para ingresar a determinadas carreras y universidades (PSU). Y la de Pedagogía exige uno de los más bajos, de modo que algunos jóvenes optan por esta profesión, no por interés o vocación, sino porque no tienen muchas más opciones”.

En comparación con Suiza, donde la enseñanza es una de las profesiones mejor pagadas, los maestros chilenos reciben sueldos bajos (unos 830 francos suizos), lo que tampoco es un incentivo. “Muchos trabajan en dos o tres lugares para mejorar sus salarios y no tienen  tiempo para preparar clases. Hay maestros con gran vocación, que hacen mucho con muy poco, pero es insuficiente”, destaca Lingenhag.

Otro factor es la falta de alternativas a una educación superior. “En Suiza, solo un 20 o 25% de los jóvenes van a la universidad. El resto –o los que reprueban– tienen muchas otras posibilidades, pero acá no. Es como pensar ‘si no vas a la Universidad, no eres nada’. Hay poca libertad en este sentido”, señala.

Lingenhag insiste en que la prueba de selección universitaria (PSU) es un sistema que coarta las opciones de los jóvenes. “Dependiendo de la cifra que obtuviste puedes elegir una determinada universidad y una profesión. Pero creo que una cifra obtenida a los 17 o 18 años -e influenciada por muchos factores- no puede decir cabalmente quién eres o lo que eres capaz de dar. Es un método muy norteamericano, que no he visto en otros países donde viví”.

Un sistema que, por primera vez este año, los jóvenes del Colegio Suizo de Santiago podrán reemplazar o combinar con la Matura, el examen necesario para ingresar a las universidades helvéticas. “Lo que importa en la Matura es si aprobaste o no. Pero una vez en la universidad, las exigencias son muy altas”, concluye.

El Estado chileno perdió progresivamente su rol en la educación en los años 80 (durante el gobierno militar de Pinochet), llegando a un gasto mínimo del 2,4% del PIB en 1990. Hasta 1973, el gasto público era del 7%.

Hoy es el único país de la OCDE donde las familias financian el 85% de la educación superior, y el Estado solo un 15%.

A partir de 1990, el sistema universitario experimentó un gran crecimiento, pasando de 250.000 estudiantes a más de un millón en 2011. Un 80% de ellos, en instituciones privadas.

Los hijos de familias de ingresos medios y bajos han llegado por primera vez a la universidad, pero como su educación secundaria es muchas veces de baja calidad, estudian en universidades con menos niveles de exigencias, dando lugar a instituciones de primera y segunda categoría.

Estudiar Medicina en una universidad privada, por ejemplo, cuesta 14.000 dólares al año. En una estatal, 10.000 dólares.

Chile espera un crecimiento económico del 6% para este año.

Nieto de inmigrantes suizos.

Profesor titular de la Cátedra de Políticas Comparadas de la Educación Superior, en la Universidad Diego Portales.

Miembro de numerosos organismos vinculados a la Educación.

Escribe habitualmente en medios de prensa sobre este tema.

Fue ministro de Estado durante la presidencia de Eduardo Frei  (1994-1998), quien también tiene nacionalidad chilena y suiza.

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