Guerrero, entre pobreza y represión

Rafael López, padre de uno de los normalistas desaparecidos, en su plantío en el poblado de Tixtla, vecino al de Ayotzinapa. Keystone

La Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, en donde cursan sus estudios los estudiantes desaparecidos, se encuentra en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Y Guerrero se encuentra en el mapa de las entidades más pobres de la República Mexicana. Ahí, entre todas las carencias, sin duda la más aguda es la de justicia.

“Miles de familias salen cada año a laborar en los campos de estados norteños a cambio de sueldos miserables y en condiciones deplorables”, indica Paulino Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña TlachinollanEnlace externo, que asesora a los padres de los normalistas desaparecidos.

Paulino Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recuerda que en el estado de Guerrero, y más precisamente en la Normal Rural de Ayotzinapa, surgieron en las décadas 60-70 los movimientos sociales de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, convertidos luego en movimientos armados merced a la persecución de que se les hizo objeto.

Fueron los años de la Guerra Sucia. Con prácticas de las dictaduras militares del Cono Sur se reprimió a la guerrilla pero no se saldó el adeudo de marginación y pobreza.

Lejos de eso, la región quedó estigmatizada, en particular la institución magisterial, una escuela creada en las postrimerías de la Revolución Mexicana para formar a muchachos pobres como maestros de campesinos e indígenas.

Narra el jurista mexicano que en esa entidad sureña, altamente militarizada, amén de la precariedad económica, “la población vive bajo amenazas constantes, sobre todo donde se sitúa la delincuencia organizada, con cruces de fuego muy fuertes, pelea de territorio y lucha por el poder”. 

A iniciativa de la Oficina Ecuménica para la Paz, y con el apoyo de diversas ONG suizas, incluida Amnistía Internacional y el Foro México Suiza, el jurista estuvo de visita en las ciudades de Basilea y Berna, en las que habló de la difícil situación de la población campesina en el estado de Guerrero.

Como preámbulo, Paulino Rodríguez proyectó un video que muestra parte de ese sombrío panorama: una niña de unos cuatro años, con un bebé a la espalda,  correteando por el campo mientras la madre se afana en recoger hortalizas. Un chiquillo de apenas unos meses que gatea, sucio y medio desnudo, en medio de contenedores de pesticidas, niñas-mujeres rodeadas de hijos en galeras insalubres…

Urge cambio de políticas

“De ese tamaño es el olvido de la población jornalera”, anota el abogado al terminar el video. “Nosotros, como Tlachinollan, estamos buscando que el gobierno cambie sus políticas públicas. Que el Ministerio del Trabajo controle las condiciones laborales de esas personas y el de Salud, los riesgos que corren, sobre todo con el manejo de sustancias tóxicas”.

El video muestra a familias en pleno jornal en campos de Sinaloa y Guanajuato (en el norte y centro norte de México), pero es gente de Guerrero, personas que tienen que abandonar sus lugares porque en ellos no tienen los medios para sobrevivir que encuentran en sitios ajenos.

Guerrero, puntualiza el jurista, es la quinta entidad mexicana en expulsar trabajadores con destino a Estados Unidos y la primera en emigrantes internos. Es uno de los estados con mayor índice de pobreza en la República, y en la región de la Montaña, 11 de sus 19 municipios están catalogados como de alta marginación.

El TLC aumentó la pobreza

“Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los campesinos sembraban maíz, frijol calabaza y en algunas zonas arroz, con eso podían llevar algo a la familia. Pero con el TLC los precios se desplomaron”, lamenta el abogado. Los labriegos, añade, invertían más de lo que ganaban.

“Por eso dejaron los campos y se fueron a sembrar a otros lugares donde sus salarios son una burla”.

Las empresas que los contratan, nacionales o trasnacionales, ganan millones pero les escatiman los salarios y las condiciones mínimas para una subsistencia digna, incluidos los derechos de acceso a la salud y la educación, precisa Rodríguez.

“Las empresas agrícolas hacen lo que quieren porque ahí está la complicidad de los ministerios que deberían controlar y castigar las violaciones de los derechos laborales, pero no lo hacen”.

Para Tlachinollan, que defiende los intereses de los jornaleros, la tarea es complicada. “Cuando actuamos, los trabajadores reciben amenazas, son perseguidos y hasta les cierran las puertas. Y ellos necesitan el trabajo”.

Por ello, asienta el abogado, la cooperación internacional es insoslayable.

Leyes contraproducentes  

Conviene en que el Estado mexicano ha emitido leyes, como aquellas contra el trabajo infantil y la protección del embarazo. “Eso está muy bien, pero sin los mecanismos de acompañamiento necesarios, resultó contraproducente”.

“No es mala cosa, aúna Daniel Tapia, de la Oficina Ecuménica para la Paz, pero no brinda solución”.

Explican los defensores de DDHH que si los jornaleros emigran en familia es porque solamente entre todos logran reunir el dinero suficiente para su subsistencia. “Ahora, en lugar de cinco, trabaja uno solo. El dinero no alcanza. El Gobierno baja los índices de trabajo infantil, pero ¿a qué precio? Las embarazadas no trabajan, pero ¿qué comen?, inquiere Tapia.

Refiere que en esa región las parejas se forman a temprana edad. “Con 15 años tienen hijos, pero ahora no pueden trabajar. Entonces, tienen prohibido mantener a sus hijos”.

Subrayan ambos que sin mecanismos complementarios como el establecimiento de salarios dignos,  acceso real a los programas de salud, creación de escuelas y guarderías, sistemas de becas… “esas leyes no solamente no ayudan, sino que depauperan todavía más a la gente”.