Catalana busca proteger sus derechos desde Suiza

Anna Gabriel forma parte de los políticos que organizaron el referéndum de octubre pasado para que los catalanes se pronunciaran en las urnas sobre si querían o no separarse de España. Keystone

Anna Gabriel, exdiputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y figura del independentismo catalán, anunció en Suiza que no asistirá este miércoles a su proceso en la capital española. “No iré a Madrid” declaró al diario ginebrino ‘Le Temps’ porque “no tendré un proceso equitativo”.

La excatedrática participó en la organización de un referéndum el 1º. de octubre pasado mediante el cual las autoridades de la comunidad autónoma buscaron determinar en las urnas si la población estaba de acuerdo o no con la separación catalana del resto de España.

Madrid desautorizó la consulta merced a que no está contemplada en la Constitución española y lanzó acciones penales contra de sus organizadores. Ahora, Anna Gabriel corre el riesgo de ser condenada hasta 30 años de prisión por los delitos de rebelión y sedición, entre otros.

Citada a declarar por la justicia española para mañana miércoles, la otrora diputada indicó a ‘Le TempsEnlace externo’, en una entrevista publicada este martes, que es perseguida por su actividad política y que «la prensa gubernamental la ha declarado culpable».

“Como no tendré un proceso equitativo, busqué un país que pueda proteger mis derechos”, enfatizó Gabriel, quien desde hace días se encuentra en Ginebra.

Campaña pacifista

La exdiputada rechaza las acusaciones de las autoridades españolas. “Siempre hice campaña para el referéndum, pero pacíficamente. La cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren acallar el independentismo por la represión”, subrayó Gabriel.

A lo largo de la entrevista con el diario suizo, la otrora profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona denunció el “tenso clima” en Cataluña y aseguró que las autoridades no hacen nada para garantizar la seguridad de los independentistas de la “violencia fascista” de que, dijo, son objeto. Aseguró que ella misma ha recibido amenazas de muerte.

Indicó que unas 900 personas, entre profesores, policías, políticos y simples electores son víctimas “de una cacería de brujas”, muchas de las cuales han sido puestas bajo investigación o acusadas.

Convencida de que será privada de la libertad en España en caso de acudir a su cita con la justicia, Anna Gabriel asegura que “seré más útil a mi movimiento libre que detrás de los barrotes”. Lo anterior, en alusión a los independentistas que han sido encarcelados, a pesar de la condena de Amnistía Internacional.

Su no asistencia al tribunal español, de acuerdo con el cotidiano, podría generar una solicitud de extradición, una opción que el abogado de Anna Gabriel, Olivier Peter, considera poco probable, en virtud de que Madrid retiró su solicitud en el caso de Carles Puidgemont. El otrora dirigente catalán huyó de España y se instaló en Bruselas, junto con otros miembros de su gobierno.

Peter considera que el enjuiciamiento de su clienta no ofrece garantías de independencia e imparcialidad. Anna Gabriel, ratificó el abogado, “es perseguida por motivos políticos lo que haría ilícita una solicitud de extradición”.

El abogado manifestó su confianza en que las autoridades suizas rechacen “legitimar el encarcelamiento de parlamentarios por haber querido defender el derecho a votar”.

Detenciones

Diversos destacados miembros del antiguo gobierno catalán han sido arrestados y puestos en libertad bajo fianza o están a la espera de juicio en prisión preventiva.

Un tribunal dictaminó que el intento catalán de separarse de España era inconstitucional, lo que provocó Madrid suspendiera los poderes locales y convocara a nuevas elecciones.

El impulso independentista catalán llevó a España al borde de su peor crisis política desde la transición a la democracia a mediados de la década de 1970 y generó el éxodo de miles de empresas.

Tras las elecciones regionales en diciembre, los sectores proindependentistas mantuvieron una estrecha mayoría en el Parlamento catalán, aunque han fracasado en su intento de reinstalar a Puigdemont en la presidencia desde el extranjero.