¿Informe sobre DDHH en Sri Lanka cambiará política suiza de asilo?
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el martes una resolución en la que expresa su inquietud por la situación de los derechos humanos en Sri Lanka y establece un mandato para recolectar evidencia sobre crímenes de guerra.
Esto se produce tras un informe condenatorio que subraya no solamente la continua impunidad de los graves crímenes cometidos durante la guerra civil, sino el deterioro de la situación de los derechos humanos desde la elección del presidente Gotabaya Rajapaksa en noviembre de 2019. La resolución contó con el apoyo de 22 países, incluida Suiza, país que alberga una importante comunidad esrilanquesa.
Pero, ¿afectará esto a la política de asilo suiza y supondrá este informe algún cambio en la situación de Sri Lanka?
La guerra civil de Sri Lanka enfrentó a un gobierno favorable a la población mayoritaria cingalesa con los Tigres de Liberación della Tierra Tamil (LTTE), que luchaban por una patria separada en el norte y el este para la minoría tamil. La guerra duró unos 25 años y ambos bandos cometieron graves abusos, que probablemente constituyan crímenes de guerra y contra la humanidad. Los LTTE utilizaron hombres bomba y niños soldados. En respuesta, las tácticas del gobierno, especialmente en las etapas finales de la guerra, fueron despiadadas. Decenas de miles de civiles tamiles fueron asesinados. El actual presidente, Gotabaya Rajapaksa, que era jefe de defensa en aquella época, está considerado como el hombre que ordenó el asalto final que puso fin a la guerra civil.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos han hecho promesas de justicia y rendición de cuentas, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU les ha dado más tiempo. El anterior gobierno de Maithripala Sirisena, elegido en 2015, copatrocinó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una hoja de ruta para la justicia transicional. Hubo poco seguimiento. El gobierno actual se ha retirado de la resolución, diciendo que llevará a cabo su propio proceso. Kannanathan Rajgana, miembro de la diáspora tamil suiza y presidente de una nueva ONG que ejerce presión sobre la ONU en materia de derechos humanos, afirma que el gobierno de Sri Lanka solo ha estado ganando tiempo y, mientras tanto, eliminando las pruebas de los crímenes.
Advertencia de más abusos
En un informe presentado en una sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra el 24 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que «las iniciativas nacionales han fracasado repetidamente a la hora de garantizar la justicia para las víctimas y promover la reconciliación». Añadió que: «los sistemas, las estructuras, las políticas y el personal que dieron lugar a tan graves violaciones en el pasado siguen existiendo, y se han reforzado recientemente». Bachelet afirma que las personas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos siguen ocupando puestos de poder y que hay una creciente militarización del espacio civil. «Las minorías tamiles y musulmanas están siendo excluidas por una retórica divisoria y discriminatoria, incluso por parte de los más altos funcionarios del Estado», dijo.
Bachelet finalizó con un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos para que «explore nuevas formas de promover diversos tipos de responsabilidad a nivel internacional», que incluya una posible remisión a la Corte Penal Internacional (CPI), procedimientos judiciales contra individuos en otros Estados miembros de la ONU bajo el principio de jurisdicción universal, y «una capacidad dedicada a recoger y preservar pruebas e información para futuros procesos de responsabilidad».
Los tamiles en Suiza han acogido con satisfacción el informe, según Rajgana, presidente de la ONG International Humanitarian Approach. «Comparado con el informe anterior (al Consejo de Derechos Humanos) es bastante condenatorio», dijo. Rajgana celebra que mencione específicamente a los tamiles y a los musulmanes como objetivo del gobierno de Sri Lanka, pero lamenta que no establezca plazos para la mejora de los derechos humanos.
Sin embargo, Rajgana cree que la resolución es «muy, muy débil» y lamenta que no se mencione un organismo de recogida de pruebas para Sri Lanka. «En la diáspora tamil, la idea principal es que debe haber una investigación penal, especialmente centrada en lo que ocurrió en 2009», dijo.
Preocupación de Suiza
Suiza también se pronunció en el Consejo de Derechos Humanos, al indicar que «sigue profundamente preocupada por esta impunidad ante crímenes internacionales y graves violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidos hace más de diez años». Afirma que Sri Lanka sigue en un «estado de negación del pasado» y pide al gobierno de Sri Lanka que aplique las recomendaciones del informe de Bachelet. «Al mismo tiempo, exhorta al Consejo de Derechos Humanos a tomar nuevas medidas en favor de las víctimas y la justicia en Sri Lanka», dice la declaración suiza.
¿Revisión de la política de asilo?
¿Qué significa esto para las futuras políticas de asilo de Suiza? El informe de Bachelet recomienda que los países «revisen las medidas de asilo con respecto a los nacionales de Sri Lanka para proteger a quienes se enfrentan a represalias y evitar cualquier devolución en los casos que presenten un riesgo real de tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos».
En Suiza viven más de 50 000 personas de Sri Lanka, muchas de ellas empujadas por los 25 años de guerra civil, pero que también han seguido llegando en los últimos años. Representan la mayor comunidad de la diáspora de fuera de Europa. La mayoría son de etnia tamil, y muchos han obtenido la ciudadanía suiza.
El Consejo Suizo para los Refugiados (CSR) pidió en febrero al gobierno suizo que reexaminara su política sobre los solicitantes de asilo de Sri Lanka a la luz del informe de Bachelet. «En nuestra opinión, la SEM [Secretaría de Estado para la Migración] debe analizar cuidadosamente el deterioro de la situación en el país y adaptar la política de asilo suiza en consecuencia», dijo el CSR en un comunicado. «Mientras tanto, no debería haber deportaciones».
El (CSR) también ha pedido que se suspenda el partenariado migratorio entre Suiza y Sri Lanka «hasta que esté claro que se dan las condiciones para ello». Este acuerdo de asociación de 2016 cubre, entre otras cosas, la repatriación de los esrilanqueses que ya no cumplen las condiciones para residir en Suiza.
«No hay planes»
Adrian Schuster, experto en Sri Lanka del CSR, afirma que la política de asilo suiza con respecto a ese país ha evolucionado a lo largo de los años. Las deportaciones se suspendieron temporalmente en 2013 tras los informes de que dos esrilanqueses devueltos desde Suiza habían sido detenidos y torturados. Afirma que la política se modificó en 2014 y se facilitó a los esrilanqueses la obtención de asilo. En 2016 (tras la elección de Sirisena en 2015) se volvió a cambiar y se hizo más difícil. Pero ahora el SRC quiere una reevaluación tras la elección del presidente Gotabaya Rajapaksa en noviembre de 2019. «Creemos que ya es hora de hacer un nuevo análisis que conduzca a una nueva política», dijo Schuster.
Preguntada por la política actual del Gobierno suizo, la Secretaría de Estado de Migración (SEM) dijo que actualmente no hay razones para asumir un riesgo general de peligro en Sri Lanka o que grupos étnicos enteros estén en riesgo. «Por lo tanto, la práctica de retorno de los nacionales de Sri Lanka sin residencia regular en Suiza no ha cambiado; la SEM sigue examinando cada caso individual con cuidado y precisión. Debido a la pandemia de la COVID-19, las repatriaciones se han retrasado, pero actualmente no está prevista una suspensión general».
Así que, a pesar de las preocupaciones que Suiza ha expresado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su política de asilo con respecto a los esrilanqueses no cambia por el momento. Sin duda, los tamiles de Suiza seguirán presionando junto con las organizaciones de derechos humanos.
Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín
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