¿Atentado a los derechos humanos o fortalecimiento de la democracia?
El exministro Christoph Blocher, miembro de la UDC, informó a la prensa en marzo de 2015 del inicio de la recolección de firmas para la denominada 'iniciativa para la autodeterminación'.
Keystone
La Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) entregó hoy con las correspondientes firmas que la avalan la iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’. El texto defiende la primacía de la Constitución suiza sobre el derecho internacional. ¿Cuáles son las consecuencias si la iniciativa es aprobada en las urnas?
Los suizos pueden proponer cambios en la Constitución gracias a este instrumento de democracia directa: la iniciativa popular. Pero a veces las nuevas disposiciones constitucionales entran en contradicción con los tratados internacionales suscritos por Suiza. En 2014, por ejemplo, los suizos aprobaron limitar la inmigración de mano de obra comunitaria, cuando los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea garantizan la libre circulación de personas. Desde entonces, el Parlamento está dividido sobre cómo aplicar la iniciativa.
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¿Qué es una iniciativa popular o ciudadana?
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Introducida en Suiza en1891, la iniciativa popular es uno de los principales instrumentos de la democracia directa helvética.
La UDC entregó este viernes una iniciativa que prevé hacer prevalecer el derecho nacional en este tipo de conflictos. Entre otras cosas, la iniciativa ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’ (Iniciativa para la autodeterminaciónEnlace externo), contempla:
La primacía de la Constitución suiza sobre el derecho internacional, a excepción de disposiciones vinculantes del derecho internacional, como las que prohíben la tortura, la esclavitud o las guerras ofensivas.
El Estado y los cantones no pueden contraer obligaciones de derecho internacional que estén en contradicción con la Constitución.
En caso de contradicción entre Constitución y derecho internacional, Suiza tiene que modificar o denunciar los acuerdos internacionales.
Para los promotores de la iniciativa, la legitimidad democrática también es importante: los tratados internacionales que fueron sometidos a referéndum en Suiza deben seguir siendo determinantes para los tribunales.
Es más: significaría que las sentencias del Tribunal Federal, la más alta instancia judicial de Suiza, no podrían recurrirse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según los detractoresEnlace externo la iniciativa, Suiza podría verse en una situación de incumplimiento frente a otros Estados, lo cual repercutiría negativamente en estabilidad, la seguridad jurídica y la plaza económica del país.
La UDCEnlace externo ve el asunto bajo otra óptica. Con su iniciativa, dice, pretende generar estabilidad jurídica esclareciendo las relaciones entre el derecho nacional e internacional. El objetivo no es denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, subraya el partido, sino reforzar la democracia, dado que las leyes deben emanar del pueblo o del Parlamento suizos y no de organizaciones internacionales o tribunales extranjeros.
Pueblo o jueces, esta es la cuestión
El origen de la iniciativa, afirma la UDC, es la controvertida sentencia del Tribunal Supremo, según la cual todo acuerdo internacional –y no solamente el derecho internacional vinculante– tiene primacía sobre el derecho nacional. Pero los electores nunca han podido votar sobre esta interpretación arbitraria del Tribunal Federal, dicen los defensores de la iniciativa.
“El problema de fondo de la iniciativa para la autodeterminación es la idea de que una disposición no se considera ‘verdaderamente democrática’, si el pueblo no se ha pronunciado sobre ella”, explica Oliver Diggelmann, el profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Zúrich. A su juicio, es importante que los jueces y las autoridades políticas dispongan de un margen de maniobra para determinar la relación entre derecho nacional e internacional en casos concretos.
¿En qué casos el derecho nacional debe prevalecer sobre el derecho internacional? Envíenos su opinión.
Traducción del alemán: Belén Couceiro
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(Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE)
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Suiza celebra 40 años de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), pero no todo mundo está dispuesto a sumarse al festejo. El emblemático tratado y su Tribunal en Estrasburgo son objeto de ataques, sobre todo por parte de la derecha conservadora.
El 28 de noviembre de 1974, Suiza ratificaba finalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que había adoptado el Consejo de Europa en 1950. Para conmemorar este aniversario, el Gobierno ha presentado un informe de 72 páginas en el que hace balance del trabajo realizado durante las últimas cuatro décadas, así como de las reformas en marcha y el futuro del Convenio.
En este documento, el Gobierno no solo defiende enérgicamente la labor del CEDH, sino que lo considera piedra angular de los valores fundamentales europeos.
“La firma de este convenio hace 40 años ha influenciado y fortalecido el Estado de derecho en Suiza… El CEDH es hoy una referencia para los Parlamentos y para los tribunales federales y cantonales… Y es muy importante mantener esta visión exterior sobre el sistema legal suizo”, señala el informe.
“Oponerse al Convenio no es una alternativa”, añade. Una alusión a la polémica que han generado algunas decisiones recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, especialmente en materia de política de inmigración y asilo.
Datos estadísticos
Entre 1959 y finales de 2013, se interpusieron 644.357 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ellos 22.764, es decir, el 4%, llevaron a un juicio.
La mayoría de los casos recibidos procedían de Rusia (16,8%), Italia (14,4%), Ucrania (13,3%), Serbia (11,3%) y Turquía (11%). La mitad de las sentencias se dictaron en contra de cinco Estados: Turquía (2 994), Italia (2 268), Rusia (1 475), Polonia (1 042) y Rumania (1 026). Los jueces condenaron a los Estados en el 83% de los casos. Aun así, 95 de cada 100 casos interpuestos no terminan en juicio al ser considerados improcedentes.
Desde 1974 hasta finales de 2013, se presentaron 5 940 causas contra Suiza, la mitad a partir de 2002. De ellas, 5 516 fueron declaradas no procedentes (93%). En 2013, se interpusieron 445 casos suizos, lo que equivale a 0,55% por cada 10.000 habitantes. La media europea es de 0,80%.
En ese lapso se celebraron 152 juicios relacionados con Suiza. Solo el 1,6% de los casos terminaron en sentencia. La decisión de los jueces suele tardar entre 4 a 5 años.
Por ejemplo, la sentencia que dictó a principios de noviembre el TEDH, por la cual Suiza no puede devolver a Italia a los solicitantes de asilo vulnerables sin obtener antes las garantías sobre su acogida. Sentencia que desató mucha polémica.
Los críticos de este tipo de decisiones –con la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) a la cabeza– se disponen a lanzar una iniciativa para exigir que el derecho nacional prime sobre el internacional.
Algunos van incluso más lejos. Al día siguiente de publicarse el informe del Gobierno, el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ (NZZ) escribió que el ministro de Defensa, Ueli Maurer (miembro de la UDC) había propuesto durante una sesión del Gobierno revocar la adhesión de Suiza al CEDH.
Walter Kälin, experto en Derecho Internacional y director del Centro Suizo de Competencia para los Derechos Humanos (CSDH), sostiene que sería un paso “serio y peligroso”. De hecho, en Gran Bretaña y Rusia se discuten iniciativas en ese sentido.
“Si Suiza y Gran Bretaña abandonaran el Convenio no sería el fin de los derechos humanos para estos países, ya que ambos cuentan con una cultura arraigada en materia de derechos humanos. Pero sí podría ser una buena excusa para muchos Estados que no conocen una tradición análoga. Y esto sí sería un gran retroceso”, afirma Kälin.
Pocos casos
Mientras los críticos quieren dar la impresión de que Suiza está permanentemente disgustada con Estrasburgo, las estadísticas reflejan una realidad distinta. Suiza es un actor poco relevante. De 1974 a la fecha se han registrado unos 6.000 casos vinculados a Suiza, de los cuales solo el 3% desembocó en un juicio y únicamente el 1,6%, en una sentencia.
La mayoría son casos declarados improcedente porque carecían de sustento legal o porque los tribunales helvéticos pudieron resolverlos.
Como sucede en la mayoría de los Estados, las sentencias que dicta el Tribunal de Estrasburgo no suelen ser recibidas con los brazos abiertos. Pero varias decisiones relativas a Suiza, como los casos Belilos (acceso a la corte), Burghartz (derecho de agregar el apellido de la cónyuge) o Jutta Huber (imparcialidad de las autoridades de detención), que al principio causaron controversia, con el tiempo terminaron por ser aceptadas y condujeron a importantes reformas legislativas.
“No se trata de fallos emblemáticos, sino una serie de decisiones respecto a detalles de leyes obsoletas que han contribuido a que la legislación progresara y brindara una mejor protección", anota Kälin.
Jueces ajenos
Martin Schubarth, antiguo juez federal en Suiza, reconoce los efectos positivos del Convenio, como favorecer la introducción del sufragio femenino y sensibilizar más sobre la discriminación. Sin embargo, considera que el Tribunal de Estrasburgo se inmiscuye demasiado en los asuntos legales de carácter nacional.
“Es inaceptable que un pequeño grupo de jueces, que generalmente no tienen los conocimientos de una autoridad legislativa, atienda temas jurídicos de forma poco democrática en lugar de las autoridades responsables”, declaraba recientemente al diario ‘Blick’.
Y el hombre fuerte de la UDC, Christoph Blocher, se hizo eco de estos comentarios. “¿No debemos acaso confiar en los jueces federales para la resolución de los problemas ligados a los derechos humanos? Esos son los principios asentados en nuestra Constitución desde mucho antes de que naciera el CEDH. El problema es que el Convenio decide las cosas a la distancia. Y las consecuencias, lo que sucederá posteriormente, no les preocupa a estos jueces”, afirmaba en un reciente entrevista al dominical ‘Le Matin Dimanche’.
Convenio y Tribunal
El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el tratado más importante del Consejo de Europa. Fue adoptado en 1950 y entró en vigor en 1953. Su ratificación es un requisito previo para adherirse a la organización.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Convenio en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.
Cualquier persona puede presentar denuncias de violación de derechos humanos ante el Tribunal de Estrasburgo, una vez agotadas todas las posibilidades de apelación en el país miembro en cuestión.
Pero Kälin replica que los jueces de Estrasburgo no deberían ser considerados “ajenos”, ya que al ratificar el Convenio y el Protocolo Adicional de 1994 –que dio paso al establecimiento formal del TEDH– “Suiza tomó la decisión soberana de aceptar la jurisdicción de Estrasburgo”.
Además, Suiza puede designar a uno de los 47 jueces –puesto que actualmente ocupa Helen Keller- e influir en la elección de los magistrados a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, donde está representada por una delegación. Por otra parte, no se puede pronunciar ninguna sentencia contra Suiza sin consultar antes a un miembro del tribunal de nacionalidad helvética, agrega Kälin.
Reformas en marcha
En su informe, el Gobierno dice también que tiene muy en cuenta las críticas, porque le permitirán sopesar y fijar su posición ante futuras reformas del Convenio y el Tribunal.
Pero una forma de avanzar y reducir la tensión actual es poner más énfasis en el llamado principio de subsidiariedad. Es decir, que Estrasburgo tenga menos peso y que la responsabilidad primaria de garantizar y proteger los derechos humanos en un país recaiga en sus propias instituciones (Gobierno, Parlamento y tribunales).
Kälin destaca que este enfoque no es nuevo. Sin embargo, reconoce que si se compara la forma en la que son abordados algunos casos en el presente y la manera en la que se atendían en la década de los 90, podría criticarse al TEDH por ir demasiado lejos en la actualidad y por olvidar el principio de subsidiariedad.
Como ya sucedió en otros países, el Parlamento suizo realizó hace poco una consulta sobre si debe ratificar o no el llamado ‘Protocolo 15’ del Convenio, que ancla el principio de subsidiariedad en su preámbulo, haciéndolo también más transparente y accesible. Con excepción de la UDC, los partidos políticos parecen apoyar el proyecto.
Varias reformas han mejorado el funcionamiento del Tribunal. Algunas, como la introducción de jueces individuales, ayudaron a reducir la demora en el tratamiento de las demandas interpuestas. Actualmente, hay cerca de 80.000 casos pendientes, la mitad de los que había en 2011. Y el TEDH estima que será capaz de equilibrar el número de casos nuevos y el de casos resueltos próximamente.
Pero Suiza, que ha defendido las reformas del Convenio desde los años 90, pide más. Durante su más reciente visita a Estrasburgo, la ministra de Justicia, Simmonetta Sommaruga, afirmó que apoyaba la conferencia ministerial prevista en Bélgica para el verano de 2015 en la que se discutirá uno de los principales problemas a largo plazo que enfrenta el TEDH: la aplicación de las sentencias por parte de los países miembros.
Miles de casos similares a los que ya ha despachado llegan a las manos de los jueces de Estrasburgo procedentes de países que carecen de una estructura jurídica eficiente.
“Tal vez las conferencias para realizar reformas que tuvieron lugar en Interlaken (1998), Izmir (2011) y Brighton (2012) despertaron cierto grado de conciencia entre las diversas autoridades, pero aún hay mucho trabajo por hacer”, afirma Frank Schürmann, experto legal de la Oficina Federal de Justicia.
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