¿Se avecina el fin de la libre circulación de personas?

La iniciativa de la UDC abre un nuevo debate nacional sobre las futuras relaciones entre Suiza y la Unión Euroopea- © Keystone / Gaetan Bally

En Suiza, la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) ha lanzado una nueva iniciativa para frenar la afluencia de trabajadores extranjeros que se someterá a votación popular en mayo. El partido exige la rescisión del acuerdo sobre la libre circulación de personas con la UE. El Gobierno considera que la UDC está jugando con fuego.

El próximo 17 de mayo, el pueblo suizo está llamado a pronunciarse sobre la Iniciativa para una inmigración moderada (Iniciativa para la limitación)Enlace externo. Será la quinta vez en el plazo de 20 años que la gestión de la libre circulación de personas con la Unión Europea (UE) se somete a una votación popular.

En 2000 los ciudadanos aprobaron la conclusión del primer paquete de acuerdos bilateralesEnlace externo entre Berna y Bruselas que, preveía, entre otros, la introducción de la libre circulación de personas entre Suiza y la UE. En 2005, el pueblo aceptó extender este derecho recíproco a los 10 nuevos Estados miembros de la UE y, en 2009, a Bulgaria y Rumanía.

Después de respaldar durante mucho tiempo las propuestas del Gobierno y el Parlamento destinadas a reforzar las relaciones con la UE, en 2014 los suizos dejaron en entredicho la libre circulación de personas al aprobar la Iniciativa contra la inmigración en masa presentada por la UDC (derecha conservadora).

Para limitar la contratación de trabajadores extranjeros, la propuesta exigía que la Confederación estableciera cuotas y contingentes anuales en función de los intereses globales de la economía suiza y de acuerdo con el principio de preferencia de la mano de obra nacional.

Ante la negativa de la UE para renegociar el acuerdo sobre la libre circulación de personas, entre 2016 y 2017, el Gobierno y el Parlamento optaron por aplicar la iniciativa (que está inscrita en la Constitución suiza) en unos términos que fueran eurocompatiblesEnlace externo. Las medidas adoptadas no fijan ni contingentes ni cuotas para limitar la inmigración, pero prevén que, en caso de que en algunos sectores o regiones se disparara el desempleo, las empresas tienen la obligación de dar prioridad a los trabajadores nacionales a la hora de contratar personal.

Una solución light que va contra la voluntad popular, según la UDC. En enero de 2018, el partido volvió a la carga y lanzó la Iniciativa para la limitación con el apoyo de la Asociación para una Suiza Neutral e Independiente (ASNI). La iniciativa, que firmaron más de 120 000 ciudadanos en seis meses, exige explícitamente la rápida rescisión del acuerdo sobre la libre circulación de personas.

En virtud del acuerdo sobre la libre circulaciónEnlace externo, en vigor desde 2002-2004, los ciudadanos suizos y comunitarios pueden elegir libremente su lugar de trabajo y residencia en el territorio de las partes contratantes. Este derecho se concede a las personas que tienen un contrato de trabajo o son autónomas, pero también a todas aquellas que ejercen una actividad remunerada, siempre y cuando dispongan de medios suficientes para su subsistencia y para el seguro médico.

La introducción de este acuerdo va acompañada del reconocimiento recíproco de los diplomas y la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social para garantizar la igualdad de trato. En 2004, Suiza puso en marcha las denominadas medidas de acompañamiento cuyo objetivo es verificar que se respeten las condiciones mínimas de trabajo y salario con el fin de reducir el riesgo de dumping para los trabajadores y las propias empresas.

Con la apertura de las fronteras a la mano de obra de la UE, Suiza ha reducido el número anual de permisos de estancia y trabajo para los ciudadanos de terceros países. La admisión de ciudadanos de Estados que no pertenecen a la UE o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se limita a los trabajadores cualificados que Suiza necesita con urgencia y cuya integración profesional y social a largo plazo parece asegurada.

Con la entrada en vigor de la libre circulación de personas aumentó ligeramente la afluencia de trabajadores europeos, sobre todo en los años subsiguientes a la crisis económica de 2008. Desde 2013 su número vuelve a disminuir y actualmente el saldo migratorio es de cerca de 30 000 personas.

La iniciativa de la UDC prevé que en la Constitución suiza se agregue un nuevo artículo 121b titulado ‘Inmigración sin libre circulación de personas’. En un futuro, Suiza decidirá sobre inmigración de manera autónoma y no se podrán concluir nuevos tratados internacionales que concedan la libre circulación de personas a ciudadanos extranjeros.

Además, Suiza debe entablar negociaciones con la UE para que el acuerdo de libre circulación de personas deje de ser vigente a más tardar doce meses después de la aceptación del nuevo artículo constitucional en las urnas. Para ello se requiere la aprobación por parte de la mayoría de la ciudadanía y de los cantones. Si no se alcanzara este objetivo, el Gobierno deberá rescindir el acuerdo en los 30 días sucesivos.

Para la UDC, la libre circulación de mercancías, servicios y capitales dentro del mercado único de la UE contribuye a la prosperidad de Europa. La libre circulación de personas, en cambio, tiene solamente efectos nefastos para Suiza. La población helvética ha aumentado en más de 1 millón de personas desde la entrada en vigor del acuerdo con la UE. A finales de 2018 en Suiza residían 8,5 millones de personas, de los cuales el 25,1% eran extranjeros.

Según la UDC, Suiza es incapaz de absorber semejante flujo de inmigrantes y el constante aumento de los trabajadores fronterizos, que ya suman 322 000 personas. La libre circulación de personas reduce la posibilidad de empleo para la población nativa, sobre todo de las personas mayores en activo que pierden su trabajo en beneficio de jóvenes extranjeros. Las viviendas escasean cada vez más, mientras aumenta el precio de los alquileres y de los inmuebles. El paisaje está cada vez más cementado y las infraestructuras – carreteras, trenes, escuelas, etc. – están abarrotadas. La inmigración pesa además sobre el sistema social y hace aumentar la delincuencia.

El partido sostiene que rescindir el acuerdo sobre la libre circulación de personas no llevará a Bruselas a abrogar el conjunto de los acuerdos bilaterales I (los siete tratados están ligados entre sí por la llamada cláusula guillotina: si se anula uno, en el plazo de seis meses se abrogan los otros seis). A la UE le interesa mantener los acuerdos, ya que Suiza es el tercer mercado de exportación más importante después de Estados Unidos y China. Sea como fuere, el partido más votado de Suiza sostiene que los acuerdos bilaterales I no son vitales para el país.  

“Con esta iniciativa, la UDC está jugando con fuego”, declaró la ministra Karin Keller-Sutter en nombre del Gobierno el año pasado. Una visión que comparten todos los partidos nacionales de centro e izquierda, para los que el proyecto de la derecha soberanista compromete las relaciones con la UE, que es el principal socio comercial de Suiza. En la óptica de los miembros de la UE, la Confederación no puede exigir tener acceso al mercado único europeo sin la libre circulación de personas.

El Gobierno considera que la libre circulación de personas reviste una importancia crucial para Suiza, porque permite que las empresas puedan reclutar a especialistas en los países europeos de forma rápida, flexible y sin grandes costes administrativos. Y esta ventaja refuerza la competitividad de la economía helvética y garantiza el empleo. La abolición de la libre circulación de personas tendría, por tanto, graves consecuencias: no solo para la plaza económica helvética, sino también para la investigación y la ciencia.

Desde la entrada en vigor del acuerdo, la inmigración no ha provocado un aumento del desempleo – Suiza tiene uno de los índices más bajos en Europa – ni de las solicitudes de prestaciones de la asistencia social, subraya el Consejo Federal (Gobierno). Suiza seguirá dependiendo en el futuro de los trabajadores extranjeros para completar su propio potencial de mano de obra y afrontar los desafíos que supone el envejecimiento de la población. Según varios estudios, sin los acuerdos bilaterales I, el Producto Interior Bruto de Suiza disminuiría entre un 5 y un 7% en menos de veinte años.

Los ciudadanos suizos residentes en países de la UE se encuentran entre los principales beneficiarios de la libre circulación de personas, ya que les permite establecerse y trabajar en cualquier lugar sin obstáculos. Si la iniciativa de la UDC se aprobara, muchos suizos residentes en estos países perderían sus derechos y tendrían dificultades mayores para acceder al mercado laboral europeo.

Traducción del italiano: Belén Couceiro