Nuevos acuerdos fiscales provocan ‘migraña” a Suiza
El intercambio automático de información (IAI) entre naciones es visto como herramienta de gran utilidad para atrapar defraudadores. Pero, ¿qué pasa si un país utiliza dicha información para ejercer presión política sobre sus ciudadanos? Esta perspectiva provoca un acalorado debate entre los legisladores suizos.
Esta semana, el Parlamento suizo empezará a discutir si amplía -o no- el número de tratados de intercambio de información fiscal que tiene vigentes, lo que supondría la inclusión de un nuevo lote de países y paraísos fiscales. Para memoria, Suiza tiene vigentes 38 acuerdosEnlace externo con igual número de países, entre los que se cuentan naciones de la Unión Europea.
Pero los 41 convenios que aguardan la ratificación del Parlamento helvético incluyen, en algunos casos, a contrapartes de dudosas credenciales democráticas, como China, Rusia y Arabia Saudita.
Los grupos de derechos civiles y la banca suiza intentan influir en las decisiones políticas que serán tomadas. Pero no comparten visión. Mientras los primeros argumentan que rechazar la ratificación de estos acuerdos sería una forma tácita de Suiza de escapar por la puerta de atrás al compromiso global que existe de erradicar la evasión; los segundos temen que los datos sensibles de los clientes bancarios sean utilizados de forma incorrecta o abusiva por las naciones que se adhieren a estos acuerdos.
Algunos políticos se dicen inquietos, por ejemplo, sobre la posibilidad de que esta información sea compartida con Estados corruptos, ya que Suiza estaría «alimentándolos” con información que pueden utilizar más tarde para atacar a sus enemigos políticos. Al respecto, la derecha conservadora de la Unión Democrática Suiza (UDC/derecha conservadora) exige que solo se establezcan acuerdos con países que alcancen un cierto nivel de calificación en el Índice de Percepción de la CorrupciónEnlace externo de Transparencia Internacional.
Y la UDC va más lejos, señalando directamente a Argentina, India, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, China, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Indonesia, México y Colombia, como naciones que le parecen de riesgo.
La Asociación de Banqueros SuizosEnlace externo (SBA en inglés) y la Asociación de Bancos Privados SuizosEnlace externo (ABPS) también han expresado reservas en este tema. El director general de la SBA, Claude-Alain Margelisch, pide que se supervisen estrictamente los tratados.
“Es importante que exista un cuidadoso control durante el trabajo práctico, y que se evalúe caso por caso, y siempre a partir de criterios claros. Y que el intercambio de información sea suspendido si se sospecha que la información se está usando de forma inapropiada”, dijo Margelish a principios de este mes.
Las oenegés piden más acuerdos
Las oenegés como la Red de Justicia Fiscal (RJF) y Mirada Pública, insisten firmemente en que Suiza debe seguir adelante firmando nuevos tratados con otros países. Y celebran que Suiza se haya adherido al proceso de intercambio automático de información diseñado hace algunos años por la Organización para el Desarrollo Económico y la CooperaciónEnlace externo (OCDE).
Dado que el Gobierno suizo ha negociado acuerdos previos y recomendado al Parlamento su aprobación, retroceder ahora -dicen las oenegés- enviaría señales negativas. Parecería que Suiza no es seria en su compromiso por atajar la evasión y que no cumplirá con las promesas que hizo antes.
Olivier Longchamp, de Mirada Pública, reconoce en su turno que son legítimos los temores con respecto a algunos países (como la falta de gobernanza en Rusia, por ejemplo). “Pero sería un error de Suiza decidir, unilateralmente, que Suiza no firma estos tratados porque otros países no cumplen con sus estándares (democráticos)”, dice.
Longchamp sugiere, a cambio, supervisar cuidadosamente la puesta en marcha de dichos acuerdos, dejando claro que se trata de una tarea que corresponde al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales de la OCDE.
El Foro Global, como se le conoce, está integrado por representantes de los Estados miembros de la OCDE -como Suiza-, y como organización ya tiene claros los principios que le permitirán evaluar si los países tienen las leyes necesarias y la infraestructura conveniente para un IAI.
¿Igualdad de condiciones?
Longchamp también atrae la atención sobre el hecho de que Suiza se pliegue y siga rápidamente las decisiones que toman las economías poderosas, sin acordarse de lo que requieren los países en desarrollo que necesitan de más ingresos fiscales. «No podemos considerar que hay dos clases de países, en función del desarrollo económico que tienen. Y, al menos hasta ahora, los IAI no está resultando útiles para los países más pobres del mundo».
A principios de este mes, un influyente comité parlamentario suizo especializado en temas económicos recomendó aprobar los nuevos tratados de intercambio de información, salvo en el caso de Nueva Zelanda, argumentando que las regulaciones fiscales de ese país podrían penalizar injustamente a los jubilados suizos que viven en él y no han declarado sus pensiones suizas.
Y el citado comité recomendó dos condiciones para aprobar los futuros tratados fiscales:
1) Pide que el Gobierno suizo aclare de inmediato -ya que los nuevos acuerdos entrarían en vigor en 2019- cuál es su posición: ¿firmará realmente nuevos acuerdos con países que no aseguran una verdadera protección de datos y que tampoco garantizan el respeto a los derechos humanos?
2) Exigir que los nuevos tratados solamente se firmen con países que ya tienen, a su vez, acuerdos similares con los países con lo que la plaza financiera suiza compite cotidianamente (como Gran Bretaña y Alemania, por ejemplo), para no quedar en desventaja.
La Red de Justicia Fiscal no está de acuerdo. Su portavoz, Andres Knobel, dice a swissinfo.ch que Suiza ya está rezagada en la aplicación de los acuerdos de IAIEnlace externo con respecto a otros países y argumenta que no dar ‘luz verde’ al más reciente paquete de tratados «dejaría claro que no está interesada en la transparencia total o en resolver el problema del dinero mal habido”.
Tratados de IAI de Suiza
Tras haber ratificado en 2016 la ‘Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’ de la OCDE, Suiza está lista para el intercambio de información fiscal con otros países.
Suiza se comprometió a que los bancos transfieran detalles de los clientes extranjeros a la oficina de impuestos helvética, que a su vez los retransmitirá a los gobiernos de los países con los que ha firmado un tratado de IAI.
Ya hay 38 acuerdos de este tipo en vigor. Los bancos comenzaron a recolectar datos desde inicios del 2017 y comenzarán a entregarlos a otras naciones el 1 de enero del 2018.
A su vez, Suiza recibirá información sobre los ciudadanos suizos que viven en otras naciones.
Sin embargo, un segundo lote de países fue aprobado por el Gobierno helvético a principios de este año. Si el Parlamento los valida, los datos se recopilarán en 2018 y se intercambiarán con estas naciones en 2019.
Traducido del inglés por Andrea Ornelas
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