Juicio a Ríos Montt: ¿misma vía que el de Pinochet?

Funeral de Justo Raxon (28), una de las víctimas de la batalla entre aquellos que pretenden construir una cementera en San Juan Sacatepequez, y los opositores. Keystone

El nuevo proceso contra Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, inicia el 5 de enero en un país que a 18 años de firmada la paz no ha logrado conjurar el fantasma de la guerra: La persistencia de injusticia, inequidad, impunidad y violencia caracterizan el paisaje actual de Guatemala, denuncian en Berna. 

“El significado de un nuevo juicio es más bien artificial. Al final se torna un proceso viciado a favor de los acusados”, señala el investigador y docente de la Universidad de San Carlos, Mario Celada, en entrevista con swissinfo.ch.

Explica que además de las argucias legales o ilegales para frenar el proceso,  como el uso de certificados médicos para no asistir a las audiencias, se busca controlarlo mediante la injerencia en el sistema de justicia a través de las comisiones de postulaciones para cortes y magistraturas.

“Como va la cosa, pareciera que el juicio a Ríos Montt sigue un rumbo similar al de (Augusto) Pinochet, en el sentido de que esperan que el acusado muera para cerrar el caso, quedando así en la impunidad”, deplora el también coordinador del Centro Internacional para Investigaciones y Derechos Humanos (CIIDH).

Cabe recordar que Ríos Montt se hizo del poder (1982-1983) vía un golpe de Estado y que bajo la divisa de “quitarle el agua al pez”, promovió diversas campañas para arrasar a comunidades enteras que consideraba la base social de la guerrilla. La masacre de cerca de dos mil indígenas mayas ixiles en el norteño departamento de El Quiché es parte del catálogo de su barbarie.

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En mayo de 2013, el militar fue condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 más por crímenes de lesa humanidad. Empero, 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena arguyendo fallos de procedimiento y ordenó un nuevo juicio.

Para Celada, tras la anulación de la sentencia, el juicio a Ríos Montt generó una sensación no solo de frustración, sino de falta de credibilidad en el sistema de justicia superior, representado en la Corte de Constitucionalidad.  

Empero, subraya que el hecho de llevar al banquillo de los acusados al ex dictador reviste una importancia capital y necesaria para la justicia transicional en Guatemala. “El juicio marcó un precedente histórico en el país y para las víctimas del Conflicto Armado Interno, especialmente las y los ixiles que participaron en el juicio”.

En su opinión, “el juicio ya tuvo las repercusiones necesarias para abrir un debate sobre la justicia transicional, independiente de la impunidad y la debilidad del sistema judicial guatemalteco y el discurso de sectores de poder que se oponen al mismo”.

Ante sala de una nueva guerra

Mario Celada viajó a Suiza en el seno de una delegación de organizaciones sociales que participaron en el examen de Guatemala por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) de la ONU, en Ginebra.

Asimismo, los representantes de la sociedad civil guatemalteca (defensores de derechos humanos, campesinos, académicos, indígenas, trabajadores, organizaciones de mujeres) ofrecieron una conferencia en la Universidad de Berna sobre el momento actual de esa nación centroamericana:   

“El país se sustenta en la práctica histórica del racismo”. “Al reclamo social se responde con persecución”. “Se favorecen los intereses de grandes empresas en detrimento de la población”. “Las condiciones laborales son deplorables y los salarios mínimos no alcanzan ni para satisfacer las necesidades básicas” “Las mujeres son víctimas de tratos injustos, machismo y exclusión…”, denunciaron.

En ese contexto, Mario Celada advirtió que “hay un nuevo modelo de dictadura. Los Acuerdos de Paz están estancados y copadas las instituciones. Estamos en la ante sala de una nueva guerra”.

En la capital helvética, los ponentes expusieron los puntos clave del Informe AlternativoEnlace externo presentado ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU en el LIII período de sesiones por organizaciones de derechos humanos, movimiento sociales y redes de Guatemala (17 y 18.11)

 Estado de Guatemala

Antonio Arenales Forno encabezó la delegación guatemalteca que compareció ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en Ginebra.

En su alocución se refirió al establecimiento de instituciones y políticas para la eliminación de las desigualdades, la discriminación y la exclusión y al mejoramiento “en alguna medida” de la vigencia de los derechos humanos.

Dijo que la presencia de las delegaciones de la sociedad civil “nos debe fortalecer para que concertemos esfuerzos para superar las condiciones adversas que desafortunadamente aún nos caracterizan en el ejercicio pleno de nuestros derechos económicos, sociales y culturales”.

Ese rezago, más acentuado entre la población indígena, indicó, constituye “el principal obstáculo para transitar de la democracia formal, surgida de la Constitución de 1985, a una democracia real y participativa”.

Entre los mecanismos implementados se refirió al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, al Acuerdo Socioeconómico y Agrario y al de Identidad y Derechos de los pueblos Indígenas, aún pendiente de aprobación.

“La ausencia de consensos nacionales ha permitido que prevalezcan los intereses más conservadores que se oponen, por temor, a cualquier modificación constitucional”, señaló.

Además de la comparecencia de la delegación oficial, el Estado de Guatemala presentó sus respuestasEnlace externo a los planteamientos de ECOSOC relativos al 3er. Informe Periódico de Guatemala.   

Una lucha centenaria

“En el informe insistimos en que el Estado de Guatemala no reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, lo que invalida el derecho a una consulta previa, libre e informada, puntualizó Juana Sales, historiadora maya kaqchikel y representante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, en referencia los dos ejes de la lucha indígena.

Explicó que las consultas comunitarias no son reconocidas como legítimas. “Nos tildan de ser una negación al desarrollo, pero no nos han preguntado qué modelo queremos y el actual está en contradicción con la visión de los pueblos indígenas. Responde a los intereses de las grandes empresas antes que a los de la población e incumple los compromisos contraídos a escala internacional”.

Las comunidades indígenas, dice, son víctimas de una nueva colonización por parte de las empresas extractivas (minería) y mono productoras (palma africana) que desalojan a los campesinos y/o contaminan la tierra y el agua.

 “Y los movimientos sociales que luchan por evitar el saqueo del territorio son criminalizados y sus líderes, encarcelados e incluso asesinados”.

Índices alarmantes

A 18 años de firmados los Acuerdos de PazEnlace externo luego de casi cuatro décadas de una guerra civil que cobró más de 200 000 víctimas entre muertos y desaparecidos, las condiciones de pobreza y exclusión de los sectores más desfavorecidos, principalmente de la población indígena, no han cambiado sustancialmente.

Guatemala, con un coeficiente de Gini por ingresos de 55,9, se coloca entre los tres países más desiguales de América Latina y entre los diez peores situados del mundo. El 20% de la población acapara el 60% de la riqueza nacional, asienta el informe de las entidades civiles.

En el índice Gini referente a la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra, es el segundo más alto en América Latina con 84%: 92,06% de las y los pequeños productores ocupan el 21,86% de la superficie cultivable, mientras el 1,86% de los productores comerciales ocupan el 56,59%, destaca el documento.  

“En 2013, la economía guatemalteca creció 3,8%, pero este crecimiento no se expresa en mejores condiciones de vida para la población”, precisó Mario Celada.

Más para los menos, menos para los más

Sin embargo, agregó, ese crecimiento no se expresa en mejores condiciones de vida para la población. “Hay una estructura tributaria débil e inequitativa, con baja recaudación y carácter regresivo”.

Las ONG deploran que el Estado guatemalteco otorgue privilegios, exenciones y exoneraciones a las elites económicas y facilite la defraudación y la evasión fiscal con la consecuente merma de los recursos públicos, el sacrificio del gasto social y el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

A guisa de ejemplo: Las autoridades laborales no tienen la capacidad para monitorear los salarios de los trabajadores agrícolas que faenan hasta 12 horas diarias, sin contratos y por remuneraciones inferiores al salario mínimo, denuncian las entidades sociales.

Se produce además un acentuado proceso de privatización de la educación (que apenas recibe el 3% del PIB) y de la salud, lo que dificulta el acceso a ambos sectores por parte de la mayoría de la población y, en particular, de aquella de las zonas rurales.

La infraestructura de salud del primer y segundo nivel de atención es equivalente a la necesaria para satisfacer las demandas de la población de 1950 y 1955, respectivamente. Hay 4,68 médicos y enfermeras por 100 000 habitantes, cuando el estándar es de 25 por cada 100 000, añade Celada.  

“El Estado de Guatemala ha sido estructurado en función de garantizar una serie de privilegios a un pequeño grupo de la población en detrimento de la mayoría (…) se ha asentado sobre las bases de la exclusión, el racismo, el patriarcado y la concentración de la riqueza”, sentencia el informe de las organizaciones, movimientos y redes sociales.

En sus observaciones finalesEnlace externo sobre el tercer informe periódico de Guatemala, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU comparte las preocupaciones de las entidades sociales y recomienda a las autoridades establecer los mecanismos necesarios para resolver los rezagos.

Manifiesta su beneplácito por la adopción de diversas leyes, incluidas aquella en materia de vivienda y contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, así como la creación de instancias en pro del desarrollo rural y la alimentación.

Sin embargo, entre otras, expresa su preocupación por la persistencia del clima de impunidad y el temor de las víctimas en casos de violencia contra las mujeres; de las desigualdades entre hombres y mujeres y de discriminación por la orientación sexual.

La insuficiencia de los salarios mínimos para asegurar un nivel de vida digna, la disparidad salarial, las violaciones a los derechos laborales, la cuantía de trabajadores del sector informal, carentes de cobertura social, y la explotación económica de los menores, inquietan igualmente a la entidad de la ONU.

Amén de las recomendaciones para resolver ese rezago, el Comité establece la necesidad de otorgar un reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos indígenas y de su derecho a la tenencia colectiva de la tierra; consultarlos en la toma de decisiones para la explotación de los recursos naturales de sus territorios e incrementar los presupuestos asignados para prevenir y combatir la desnutrición, particularmente infantil,  y garantizar el acceso a la salud de toda la población.