Esperanza de que crímenes de guerra se castiguen

El Tribunal Penal Federal suizo desplazó el juicio del exlíder rebelde liberiano Alieu Kosiah. Keystone

Se espera que en los próximos meses se celebre el primer juicio internacional por crímenes de guerra en un tribunal no militar en Suiza y la ONG suiza TRIAL afirma que este tipo de casos, de "jurisdicción universal", aumentan en todo el mundo. Suiza tiene otros casos bajo investigación, indica. 

El 31 de octubre de 2019, el Tribunal Penal Federal suizo fijó el juicio de Alieu Kosiah del 14 al 30 de abril de 2020 en Bellinzona (cantón del Tesino). Sin embargo, el tan esperado juicio del exlíder rebelde liberiano ha sido aplazado debido a la crisis del coronavirus y se espera que tenga lugar más adelante este mismo año.

Valérie Paulet, editora de la Revista Anual de Jurisdicción Universal de TRIAL, publicada recientemente, espera que el juicio inyecte nueva vida a la unidad de crímenes internacionales de Suiza en el Ministerio Público de la Confederación (MPC)

«Espero que sea público y que tenga una cobertura mediática relevante. Espero que motive a la unidad a investigar y a emitir acusaciones. Tenemos que reconocer que es una noticia increíble que vaya a ser juzgado, pero desde hace seis años se espera su juicio, así que ya era hora», indica Paualet a swissinfo.ch

Kosiah, excomandante del Movimiento Unido de Liberación de Liberia para la Democracia (ULIMO), está acusado de crímenes de guerra cometidos durante la primera guerra civil de Liberia (1989-1996), incluidos actos de violencia sexual, asesinatos, canibalismo, reclutamiento de niños soldados y de obligar a los civiles a trabajar en condiciones crueles. Fue detenido en Suiza en noviembre de 2014 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

El caso fue presentado por otra ONG suiza, Civitas Maxima, en nombre de las víctimas liberianas, en virtud del principio de jurisdicción universal. Los países que como Suiza han adoptado este principio en su legislación nacional pueden utilizarlo para juzgar a no nacionales por delitos internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) cometidos en cualquier parte del mundo.  

El exministro del interior de Gambia, Ousman Sonko, también está en prisión preventiva en Suiza desde enero de 2017, mientras que la Fiscalía General helvética lo investiga por presuntos crímenes contra la humanidad y tortura. 

La jurisdicción universal en aumento 

Los abogados de derechos humanos y las ONG como TRIAL han estado a la vanguardia de la presión para que los casos de jurisdicción universal se realicen, especialmente en países donde la justicia no funciona. Liberia, por ejemplo, no ha exigido hasta ahora a nadie que rinda cuentas por los graves delitos internacionales cometidos durante sus guerras civiles.  

El uso de la jurisdicción universal en países de todo el mundo ha crecido «exponencialmente», con un número de casos sin precedentes, según el informe de TRIAL. En 2019, 16 países tenían procesos en curso y once personas estaban en el banquillo de los acusados, mientras otros 200 señalados podrían terminar en tribunales. El número de sospechosos nombrados en casos de jurisdicción universal en todo el mundo (207) fue un 40% más alto que en 2018.  

Paulet dice que la tendencia comenzó en 2015 con la afluencia de refugiados a Europa que «trajo a muchos testigos, muchas víctimas y también a muchos presuntos autores». Ahora los países europeos están adquiriendo experiencia e incluso, como Francia y Alemania, están creando unidades conjuntas que trabajan en los casos.  

«Suiza tiene algunos casos, muchos de ellos de TRIAL International», dice Paulet. «Tenemos seis grandes casos en curso, pero me temo que no se están investigando con tenacidad. Así que Suiza no es un ejemplo, claramente». 

Recursos y voluntad política  

Las ONG y otras entidades han acusado durante mucho tiempo al Ministerio Público de la Confederación (MPC) de dar largas a los casos de crímenes internacionales. Se dice que no cuenta con recursos suficientes y también ha habido preocupación por la supuesta interferencia política. En abril de 2018, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la Tortura y sobre la Independencia de los Jueces y Abogados escribieron al Gobierno suizo expresando su preocupación por las alegaciones de que la Fiscalía General se había sometido a presiones políticas, en particular en las causas contra el exministro de defensa argelino Khaled Nezzar y de Rifaat Al-Assad, tío del actual presidente sirio. 

En una respuesta escrita, el ministro de Relaciones Exteriores Ignazio Cassis refutó las acusaciones y afirmó que «Suiza concede gran importancia a la lucha contra la impunidad, especialmente en lo que respecta a los delitos que entran en el ámbito del derecho internacional». Sin embargo, dos años después, todavía no se ha avanzado casi nada en estos casos, ya que solo se ha escuchado a un testigo en el caso Nezzar, según Paulet. En el caso Sonko, que también fue llevado a juicio, dice que «no tienen ni idea» de cuándo podría llegar a juicio. 

El MPC declinó conceder una entrevista para abordar el tema, pero en una respuesta escrita indica que estas investigaciones estaban «en curso». En cuanto a Sonko, dijo que «el sospechoso sigue detenido y el proceso penal suizo continúa». El MPC sigue de cerca lo que sucede in situ y en otras jurisdicciones relacionadas». Una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones (TRRC, en sus siglas en inglés) celebra actualmente audiencias en Gambia y el nombre de Sonko ha sido mencionado con frecuencia por las víctimas, según TRIAL, que afirma haber transmitido «materiales, incluidos testimonios a la fiscalía suiza antes que la Comisión». 

Crímenes internacionales y terrorismo  

El informe de TRIAL también expresa preocupación por lo que se dice es una tendencia creciente de los fiscales de todo el mundo a acusar a los sospechosos de terrorismo, que es más fácil de probar, que de crímenes internacionales. Esto es preocupante, dice, porque no hay una definición internacional de terrorismo, y las víctimas son dejadas de lado, ya que el terrorismo es un crimen contra el Estado y no contra los individuos. Esta es «una verdad difícil de aceptar para muchos sobrevivientes”.

El informe cita el caso de los yihadistas franceses Mounir Diawara y Rodrigue Quenum, que fueron condenados por un tribunal francés en diciembre de 2019 a 10 años de cárcel por terrorismo. Los acusados habían aparecido en fotos con uniforme de combate en Siria. Uno de ellos blandía una cabeza cortada. TRIAL dice que los sospechosos «también podrían haber sido acusados, además de los cargos relacionados con el terrorismo, de ultrajes a la dignidad personal, un crimen de guerra claramente definido por los Convenios de Ginebra».  

Paulet señala que en Suiza esto no es tanto el problema como el hecho de que la unidad de crímenes internacionales, con poco personal, se ha fusionado con la unidad de terrorismo. «Podría ser bueno pensar que se tiene la unidad de terrorismo que trabaja también en casos de crímenes de guerra, porque a veces están vinculados. Pero el problema es cuando no se tienen los recursos humanos, no se tiene el dinero y cuando se tiene un Estado que está ejerciendo presión política. Se vuelve problemático tener esta unión entre el terrorismo y los crímenes de guerra, porque los crímenes de terrorismo van a tomar el control”, explica.