Los suizos deciden el destino del divisivo certificado Covid

Aunque la ley contiene varias medidas, el certificado COVID es claramente el aspecto clave del escrutinio de este domingo. Keystone / Laurent Gillieron

Al cierre de las urnas al mediodía de este domingo, las tendencias iniciales apuntaban hacia una aprobación pública de la política del Gobierno en torno al coronavirus. Los resultados finales se conocerán a última hora de la tarde.

Es la segunda vez en este año que los ciudadanos suizos se pronuncian sobre la respuesta a la crisis: en junio, el 60% respaldó el texto inicial de la ley COVID-19, el marco legal para las medidas financieras y de salud adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.

Este domingo, cinco meses después, y con un alarmante incremento en los números de casos y hospitalizaciones, y fuertes tensiones sociales, los votantes volvieron a pronunciarse, esta vez sobre una serie de enmiendas a la ley que incluyen una ayuda financiera ampliada, así como la base legal para el certificado COVID.

Y aunque las encuestas apuntaron sistemáticamente a una mayoría a favor del Gobierno, el certificado especialmente (que restringe el acceso a muchos lugares públicos a personas vacunadas, recuperadas o examinadas) se ha convertido en el punto focal de protestas ruidosas e inclusive  violentas por parte de los opositores desde su introducción, a mediados de septiembre.

En horas de la mañana de esta jornada de votación, la policía bloqueó las calles alrededor de los edificios del Parlamento en Berna y estableció una barrera protectora ante la posibilidad de eventuales protestas convocadas en línea por algunos opositores.

Los analistas descartan un rechazo de la ley (las tendencias iniciales al mediodía del domingo, por parte del instituto de investigación gfs.bern, también apuntan hacia la aprobación), y se espera una participación en la votación mucho mayor que el promedio, merced a que el tema en escrutinio se ha vuelto extremadamente emocional y debatido.

En contra

Los opositores, que reunieron 187000 firmas para impugnar la ley (se necesitan 50 000), dijeron en su campaña que la legislación y el certificado eran una amenaza para las libertades individuales y la armonía social, y que equivalían de facto a una obligación de vacunación.

También temen que el poder del Gobierno se incremente. La ley otorga al Gobierno «el poder exclusivo para decidir sobre medidas de endurecimiento o flexibilización», dijo Josef Ender a la televisión pública SRF. Ender representa a un grupo de críticos del centro de Suiza que hicieron campaña contra la Ley COVID junto con asociaciones como los Amigos de la Constitución y el movimiento Mass-Voll (ya es suficiente).

A estas asociaciones, inexistentes antes de la pandemia, también se unió el grupo político más grande del país, la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora), que aprobó la ley en el Parlamento pero que ha criticado el lanzamiento del certificado.

«El certificado es la única razón por la que se ha convocado a este referéndum», dijo Jean-Luc Addor, de la UDC, a la televisión pública RTS. Señaló que su partido no estaba en contra de las medidas de ayuda financiera, que fácilmente podrían ser aprobadas nuevamente por el Parlamento, sino en contra de lo que llamó una «inmersión cada vez más profunda en una especie de régimen autoritario».