«¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!»

Campesinos guatemaltecos de la comunidad La Primavera reivindican su derecho a la tierra. uvocguatemala.org

Defensores de los Derechos Humanos reciben con satisfacción el compromiso de Suiza de incrementar y mejorar los mecanismos para su protección y manifiestan su esperanza de que el aspecto político prime sobre el económico.

“Las embajadas tienen una relación especial con los Gobiernos y eso es muy importante en la lógica de la seguridad”, subraya la coordinadora del mexicano Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha (Código-CH), Sara Méndez, en entrevista con swissinfo.ch. “Esperamos que la aplicación de las nuevas directrices privilegie lo político sobre lo económico”.

El 10 de diciembre, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ministerio suizo de Exteriores publicó sus Líneas Directrices para mejorar la protección de los defensores de DDHH. Asimismo, en torno a la celebración estuvieron en Suiza activistas procedentes de diversos países que participaron en el foro de la ONU Empresas y Derechos Humanos y/o que expusieron sus problemáticas en debates públicos.

“En países como México, donde se promueve la inversión extranjera y se oferta al mejor postor la tierra y los recursos de las comunidades, se produce una nueva Conquista y así lo vive la gente”, enfatiza Sara Méndez.

Junto con Philippe Gerber, responsable de los programas en México de Médico Internacional Suiza, la jurista efectuó diversas conferencias públicas sobre la situación del suroccidental estado de Oaxaca, donde la imposición de parques eólicos- los más grandes de América Latina-, ha rasgado el tejido social,  amenaza la economía de la población y, contrario a lo que pudiera creerse, el entorno ambiental.

“Con la planeación del proyecto Puebla Panamá, México ingresa tierras mexicanas, principalmente del Sur, al desarrollo”, indica la abogada. Solamente en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) destinaron 100 mil hectáreas. “¿Quién vive ahí? ¿Qué actividades realiza? ¿Qué historia y qué vida cultural hay? Eso no importa, son territorios destinados al desarrollo de parques eólicos y ya!”

El desarrollo de la energía eólica, con torres de hasta 80 metros de altura, 45 metros de largo y 11 de profundidad, afecta al territorio, no solamente por la superficie que ocupa, sino por el desgaste del agro, la contaminación que produce el aceite de los motores, la muerte de las aves y el impacto sobre la pesca en una zona donde esa actividad sustenta a la población (un estimado de 150 mil personas).

Los beneficios de los parques eólicos son mínimos para las comunidades, pero los problemas, mayores. En algunas zonas los pescadores no pueden pasar a la playa y en otras ya les dijeron que durante un año entero no podrán pescar. “¿De qué van a vivir entonces?”, inquiere la jurista.

La tierra no es de quien la trabaja

En otro testimonio sobre la persistencia de condiciones colonialistas para  poblaciones locales, Jorge Luis Morales, de la Unidad Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), se refiere al problema del agro en Guatemala: Los labriegos trabajan tierras que no les pertenecen, en condiciones penosas y de las que son desalojados de manera inopinada.

Es el caso de la comunidad de La Primavera, de la que empresas madereras expulsaron a 700 familias que habían vivido ahí a lo largo de varias generaciones, por espacio de más de 200 años. Los dirigentes comunales y las organizaciones que los apoyan han sido objeto de agresiones y acciones legales: “Mi exposición -ante la ONU- giró en torno a la criminalización de la protesta campesina en el norte de Guatemala”, detalla el abogado a swissinfo.ch.

El jurista explica que entre el campesinado guatemalteco persiste el sistema de “mozos-colonos”; es decir, familias enteras, incluidos los niños, cumplen con las “tareas” asignadas por los terratenientes, en una relación laboral, y cultivan pequeñas parcelas para su autoconsumo.

Sin embargo, en zonas como La Primavera cuando los precios de los cultivos locales cayeron, los finqueros abandonaron los campos y se desentendieron de su compromiso laboral con los campesinos. Cuando más tarde éstos solicitaron la compra de esas tierras que han trabajado siempre, les fue negada:

La riqueza (maderera y del subsuelo) de las tierras, hizo volver a los terratenientes y atrajo a las empresas que en binomio han expulsado a los campesinos.

A mayor extracción, mayor conflictividad

Amén de cacicazgos, las actividades de las empresas trasnacionales, en particular de las mineras, impacta a las poblaciones locales.

En la Universidad de Berna, el Dr. José de Echave, fundador de la ONG peruana  Cooperacción, advierte que en los últimos 20 años América Latina ha sufrido una presión muy fuerte derivada del avance de la minería, lo que se ha reflejado en una enorme expansión territorial y una elevada conflictividad social.

Cita un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) según el cual, el 40% de los conflictos internos en la región tienen qué ver con la explotación de recursos naturales.

Las actividades mineras, dice, redundan en desplazamientos de poblaciones enteras, amén de que el territorio y el agua se convierten en recursos que escasean.

El catedrático de la Universidad de la Sorbona presentó su renuncia como  viceministro del actual Gobierno peruano en virtud de su desacuerdo con las políticas de liberalización que menoscaban los derechos de las comunidades locales e impactan el contexto ecológico.

Los testimonios del economista peruano y los abogados de México y Guatemala coinciden en diversos aspectos: la apuesta de sus países a modelos económicos de desarrollo incompatibles con el respeto al entorno ecológico y los derechos humanos y que privilegian la inversión extranjera, coptación de autoridades, polarización de comunidades, empobrecimiento…

En una síntesis de lo que sería un reclamo general de esas comunidades, la manta de una protesta en Oaxaca advertía:

“¡La tierra, el mar y el aire no se venden, se aman y se defienden!”