Las exportaciones de armas, un escándalo

En 1970, Dieter Bührle (a izq, con su abogado) fue condenado a una pena condicional y multado. RDB/ASL

Oerlikon-Bührle, Pilatus, Mowag. Los nombres de industrias suizas de armamento han sido asociados en repetidas ocasiones a eventos que han ocupado los titulares de la prensa. Por tercera vez desde 1972, Suiza se pronuncia el 29 de noviembre sobre la interdicción de este comercio.

En 1968 estalla el caso Oerlikon-Bührle. Se trata de uno de los escándalos más sonados de la historia de la exportación de material helvético de guerra. Un escándalo con dimensiones emblemáticas.

En plena guerra de Biafra, se informa que aviones del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron alcanzados por cañones fabricados … en Suiza. Más precisamente, en Oerlikon, cerca de Zúrich. Consternada por las severas imágenes del conflicto que desgarra Nigeria, la opinión pública reacciona.

La ley suiza prohíbe las exportaciones hacia los países en guerra. Entonces Oerlikon-Bührle simplemente la contorneó fabricando certificados falsos de exportación. En 1970, el presidente del grupo Dieter Bührle, de origen alemán, es condenado a encarcelamiento con pena condicional y a una ligera multa.

Pero la cuestión de la responsabilidad del gobierno es planteada. Desde 1938, la Constitución le atribuye la competencia de vigilar las exportaciones de armas. Las encuestas de la prensa revelarán más tarde que Oerlikon-Bührle también exportó armas ilegalmente al África del Sur del Apartheid, en 1963.

Para intentar disipar la sombras que rodean las relaciones entre la Confederación y el sector del armamento, los medios pacifistas lanzan una primera iniciativa que exige la interdicción de exportar material de guerra. Cataclismo. En 1972. Y con la guerra de Vietnam como telón de fondo, es apenas negada, con sólo el 50.3% de los votos.

«Violaciones de la neutralidad»

En realidad, la cuestión de las exportaciones de armas no es nueva en Suiza. Hizo hablar de ella desde el período entre las dos guerras mundiales. Una época en la que las autoridades federales hicieron grandes esfuerzos para atraer a los fabricantes alemanes de armamento.

Decidida a esquivar el Tratado de Versalles, Alemania busca exportar su destreza. Desde los años 1920, esa situación favorece la creación de empresas de armamento privadas en territorio helvético.

En el volumen del Informe Bergier dedicado a las exportaciones de material de guerra en la época del nacional socialismo, los historiadores mostraron que Suiza ciertamente «contribuyó menos al rearme oculto de Alemania que Suecia y los Países Bajos, o hasta que la Unión Soviética». Pero también concluyeron que sus empresas de armamento «dieron lugar a reiteradas violaciones del derecho de la neutralidad» realizando «provechos exorbitantes».

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berna decide alinearse. Las exportaciones de armas son suspendidas. Una interdicción breve. Desde 1949, a pesar de la desaprobación de los medios de izquierda y de los pacifistas, Suiza vuelve a su antigua práctica. La Guerra Fría está en pleno apogeo y las exportaciones de armas prosiguen, esencialmente hacia países no comunistas.

Los casos Pilatus

En ese contexto se produce el primer caso Pilatus, nombre de un constructor de aviones monomotores instalado en el cantón de Nidwald. Entre sus fundadores, se encuentra, por otra parte, la familia Bührle por la intervención del padre de Dieter, Emil Georg Bührle.

En 1978, Va Bien Hebdo , una revista de protesta, revela que los PC-7, destinados a tareas de entrenamiento, pueden ser fácilmente utilizados en funciones diferentes. Para armarlos, es suficiente con utilizar los puntos de anclaje bajo las alas.

«Berna comienza por negar, luego, tras una serie de revelaciones de la prensa, argumenta que no hay violación de la ley suiza sobre material de guerra ya que los Pilatus no son modificados en Suiza», explica Jean-Marie Pellaux, que dedicó una memoria de licenciatura a ese asunto.

Para él, ese caso revela otra vez la manera ambigua con la que Suiza maneja la problemática de las exportaciones de armamento. De hecho, los Pilatus tienen una reputación sulfurosa que no ha dejado de ser alimentada por las investigaciones realizadas en el curso de los 30 últimos años.

Denominados «bombarderos del pobre» debido a su moderado costo de adquisición, estos aparatos habrían sido utilizados por la CIA en 1962 en Laos. También en Birmania, Guatemala, México, Chile, Bolivia y Nigeria. A finales de la década de los 80, Irak habría bombardeado una ciudad turca con esos aparatos, y en 2006, uno de ellos uno de ellos habría sido advertido durante bombardos en Darfur.

«Las discusiones en torno al asunto Pilatus son interesantes porque se encuentran argumentos que reaparecen hoy. Se dice que la industria del armamento corre el riesgo de perder su destreza en caso de interdicción de las exportaciones y que la autonomía en materia de armas debe ser preservada. Los temores en cuanto a las pérdidas de empleo también son evocados siempre», subraya Jean-Marie Pellaux.

Zona gris

En el plano político, los múltiples escándalos Pilatus han dado lugar a diversas iniciativas parlamentarias. Pero en diciembre de 2008 todavía, la cámara baja del Parlamento se negó a asimilar estos aviones al material de guerra y, por tanto, a prohibir su exportación hacia las zonas en conflicto.

Empero, varios asuntos de los que la prensa se hizo eco en estos últimos años parecen indicar que continúan produciéndose infracciones a esta regla. Por ejemplo, en el caso de las granadas de mano RUAG – una empresa que detenta la Confederación – entregadas a Gran Bretaña pero utilizadas en Iraq (2000), o de los carros Mowag exportados hacia los Emiratos Árabes Unidos (2004) o a Rumania (2007) y utilizados en Marruecos, Irak y Afganistán.

En resumen, los promotores de la iniciativa reúnen en su página web un centenar de «escándalos», vinculados con las exportaciones de armas. «Aún hay que ponerse de acuerdo sobre lo que se define como un escándalo», observa Jean Marie Pellaux.

Pero subraya también que la «zona gris» que existe entre la ley y la práctica es problemática. Llamados a pronunciarse la última vez sobre este tema en 1997 con ocasión de una iniciativa lanzada por el Partido Socialista, los suizos habían rechazado entonces, con 77.5 % de los votos, prohibir las exportaciones de armas.

Carole Wälti, swissinfo.ch
(Traducción, Marcela Águila Rubín)

La situación actual

En agosto de 2008, el Consejo Federal (gobierno) recomendó rechazar la iniciativa del GSsA.

Paralelamente, revisó el ordenamiento sobre el material de guerra precisando los criterios de autorización para las exportaciones de armas.

Si el país de destino está implicado en un conflicto armado interno o internacional o si viola sistemáticamente y gravemente los derechos humanos, la exportación de material de guerra queda prohibida.

Ninguna venta tampoco a los Estados menos avanzados entre los beneficiarios de la ayuda pública al desarrollo así como si hay riesgos fuertes de que las armas sean utilizadas contra la población civil o transmitidas a un destinatario final no deseado.

El GSsA consideró que estas restricciones eran insuficientes y que no permitían impedir que armas fabricadas en Suiza sean utilizadas en países en guerra.

Los Pilatus no están concernidos por estos nuevos criterios ya que no están sometidos a la ordenanza sobre el material de guerra, sino a la ley sobre el control de los bienes utilizables con fines civiles y militares.

La iniciativa

La iniciativa, en torno a la cual Suiza se pronunciarán el 29 de noviembre, pide la interdicción de exportar material helvético de guerra.

De aprobarse, quedarían prohibidas las exportaciones de armas de bajo calibre y sus municiones, de aviones militares de entrenamiento, pero también de material militar obsoleto que ya no es utilizado por las fuerzas armadas suizas.

Las armas de caza y las de deporte, los aparatos que servirían para la limpieza humanitaria de minas y los bienes exportados temporalmente por autoridades suizas no serían sometidos a la interdicción.

La iniciativa prevé, por otro lado, que los poderes públicos se encarguen del sostén económico a las regiones golpeadas por la interdicción. Ante todo, los cantones de Nidwald, Zurich, Turgovia, Berna y Lucerna.

Lanzado por el Grupo por una Suiza sin Ejército (GsSA) y presentado en septiembre de 2007, el texto ha sido firmado por más de 109.000 ciudadanos.