La lucha contra el terrorismo: entre protección e intrusión
El pueblo suizo debe pronunciarse el 25 de septiembre sobre la Ley del Servicio de Inteligencia, cuyo objetivo es hacer frente a la amenaza terrorista. Mientras la izquierda se muestra preocupada por posibles derivas tipo NSA, los defensores del texto quieren impedir un eventual ‘Molenbeek’ en Suiza.
La Ley Federal sobre la reforma del servicio de inteligenciaEnlace externo, aprobada el otoño pasado por el Parlamento, tiene como finalidad mejorar la lucha contra el terrorismo, el espionaje y el tráfico de armas.
Para llegar a este objetivo, el Servicio de Inteligencia de la ConfederaciónEnlace externo (SRC, por sus siglas en francés) contará con nuevos medios: además de escuchas telefónicas, también será posible controlar correos electrónicos, infiltrarse en los sistemas informáticos desde el extranjero o instalar micrófonos.
La nueva ley
Aprobada por el Parlamento en septiembre pasado, la Ley Federal del Servicio de Inteligencia regula el conjunto de las actividades del servicio secreto y sustituye las leyes en vigor de este sector, que, según la documentación oficialEnlace externo del Ministerio de Defensa “no se encuentran ya adaptadas a los riesgos y amenazas de nuestro tiempo”.
El texto fue aprobado por el Consejo Nacional (cámara baja) por 145 votos a favor frente a 41 en contra y 8 abstenciones. El Consejo de los Estados (cámara alta) la aprobó por 35 votos contra 5 y 3 abstenciones.
El referéndum fue convocado por la ‘Alianza contra el Estado fisgónEnlace externo’, agrupación liderada por la Juventudes Socialistas y de la que forman parte también el Partido Socialista, Los Verdes, los Jóvenes Verdes, el Partido PirataEnlace externo, el Partido de los Trabajadores, el Grupo por una Suiza sin EjércitoEnlace externo, Digitale GesellschaftEnlace externo, Droits fondamentauxEnlace externo, el sindicato de medios de comunicación SyndicomEnlace externo, y la Lista Alternativa de Zúrich.
La iniciativa fue presentada en la Cancillería Federal acompañada de 56 055Enlace externo firmas válidas.
Los ciudadanos deberán pronunciarse el 25 de septiembre de 2016. Al tratarse de un referéndum se necesita solo la aprobación de los ciudadanos (y no la doble mayoría de ciudadanos y cantones).
Para el Gobierno y la mayoría de la derecha parlamentaria estos nuevos instrumentos son indispensables para combatir la amenaza terrorista y los ataques informáticos. Los recientes atentados de París o Bruselas y la piratería a que se vieron sometidos la empresa de armamento RUAG y el Ministerio suizo de DefensaEnlace externo muestran que las amenazas son muy reales.
“Vivimos en un mundo que cambia continuamente. Por lo tanto, necesitamos una ley específica que tenga en cuenta la situación actual. Creo que es imprescindible dotarse de los medios necesarios para poder luchar”, afirma el diputado liberal-radical (PLR, derecha) Hugues Hiltpold.Enlace externo
“Hoy podemos llevar a cabo un cierto número de acciones, pero no todas. La idea, por tanto, es dotar al SRC de los medios necesarios para que pueda hacer su trabajo correctamente”, añade el diputado del PRL.
Los adversarios de esta iniciativa, que se encuentran fundamentalmente en la izquierda política, consideran que los medios previstos son desproporcionados. “Es una ley que introduce la vigilancia masiva y el control preventivo, dos medios tan ineficaces como contrarios a los derechos fundamentales”, sostiene el diputado socialista Jean-Christophe SchwaabEnlace externo.
Derrotados en el Parlamento, los detractores de la iniciativa consiguieron recoger las firmas necesarias para convocar un referéndum, razón por la cual el pueblo debe pronunciarse sobre este tema.
Recelos
Los opositores temen que la nueva ley abra la vía a un control en masa y generalizado de la población. Y consideran, como factor agravante, que el procedimiento podría iniciarse incluso en ausencia de amenaza real.
“La vigilancia preventiva quiere decir que se puede vigilar a alguien de manera intensa no porque exista la sospecha firme de un crimen grave, sino porque se tiene una intuición. Quizá se trata de un terrorista potencial porque su barba es demasiado poblada o porque frecuenta asiduamente una mezquita. Se viola así la presunción de inocencia y se atenta gravemente contra los derechos fundamentales”, continua el diputado.
Hugues Hiltpold rechaza la idea de una deriva de esa naturaleza. “No vamos a empezar a espiar a cualquier persona porque su barba sea demasiado larga. En Suiza no estamos en la misma situación que en otros países. Se trata simplemente de un control estricto y dirigido a personas que puedan plantear problemas, es decir, unos diez o veinte casos al año”.
Salvaguardas
El diputado liberal-radical considera que la nueva ley representa un “buen compromiso” entre el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los medios puestos a disposición del SRC. “No estamos creando una NSA (Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU.) en Suiza. Solo queremos dar al SRC los medios necesarios para hacer su trabajo”.
Se han previsto salvaguardas para evitar posibles desviaciones. “En concreto, cuando se sospecha que una persona puede cometer un acto terrorista, debe presentarse una solicitud de vigilancia que tendrá que estar firmada por tres instancias: el jefe del Ministerio de Defensa (ministro), la delegación del Consejo Federal (gobierno) para la seguridad y el Tribunal Administrativo Federal. Son tres entidades con una visión totalmente diferente, y creo que este hecho permite garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Los adversarios no confían en la eficacia de este tipo de salvaguardas. “Un juez que va a tratar una veintena de casos al año no está en una posición favorable, porque no se enfrenta a este tipo de decisiones a menudo y, por tanto, no se dan las condiciones necesarias para elaborar una jurisprudencia suficiente. La autoridad política tiene el mismo problema. Si tienes un agente del servicio secreto que te dice que hace falta imponer una vigilancia por sospecha de atentado, nadie se va a negar –ni en la izquierda ni en la derecha-, sobre todo en un clima de paranoia generalizada”, señala Jean-Christophe Schwaab.
El recuerdo de las fichas
Los detractores de la nueva ley recuerdan que los servicios de seguridad tienen una desafortunada tendencia a abusar de los medios de vigilancia. Por ejemplo, pueden evocarse las desviaciones de la NSA en Estados Unidos, denunciadas por Edward Snowden. O, en la propia Suiza, el caso de las fichas, destapado hace un cuarto de siglo. Durante la Guerra Fría, los servicios de seguridad ejercieron una vigilancia masiva sobre los ciudadanos, a veces simplemente por haber visitado algún país del Este o haber militado en una organización de izquierdas.
“No hay que olvidar este asunto que pone de manifiesto la tradición de fisgonear en Suiza, es decir, el hecho de espiar preventivamente a las personas porque se piensa que el ejercicio de actividades políticas o civiles, perfectamente legítimas y legales, podría ser indicio de un posible ataque a la seguridad del país. La tradición subsiste y no parece buena idea dotar de instrumentos tan arriesgados a unos servicios secretos que son difíciles de controlar”, advierte Jean-Christophe Schwaab.
¿Vigilancia eficaz?
Para los adversarios de la iniciativa, más vigilancia no equivale necesariamente a más seguridad. “Los autores de los atentados de París u Orlando eran conocidos por los servicios de seguridad. El problema es que los servicios de seguridad no colaboran y utilizan mal sus informaciones. La nueva ley permite la exploración de redes por cable, lo que supone el control general del tráfico de Internet. Pero también será ineficaz en ese sector, porque el volumen de datos es tan ingente que lo hace inútil”, subraya Schwaab.
Por el contrario, Hugues Hiltpold considera que el argumento de la ineficacia no es válido. “Nunca se mencionan todos los atentados que han sido desactivados porque fueron detectados a tiempo. Es cierto que esta ley no resolverá todos los problemas, pero si gracias a ella se evitan algunos atentados, eso habremos ganado”.
El diputado liberal-radical ve asomar también otro problema en caso de que la ley fuera rechazada. “Todos nuestros países vecinos han actualizado sus normas legales para mejorar su protección ante posibles atentados. Si por casualidad Suiza no lo hiciera, podemos apostar que en este país tendrá lugar un nuevo Molenbeek, porque si nos ponemos en el lugar de los terroristas, lo más probable es acudir a un país donde apenas se vigila y donde pueden moverse con total libertad”.
Traducción del francés: José M. Wolff
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