Suiza prevé un Plan B, unilateral
El Gobierno de Suiza anunció este viernes que contempla introducir una cláusula de salvaguarda unilateral para responder a la voluntad ciudadana de “frenar la inmigración en masa”, en caso de que no logre una solución con Bruselas sobre el Acuerdo de Libre Circulación de Personas.
El tiempo apremia para que el Consejo Federal resuelva el problema que generó la votación del 9 de febrero de 2014, cuando la ciudadanía respaldó una iniciativa de la derecha conservadora para limitar la inmigración. Desde entonces el conflicto se ha centrado en cómo hacer compatible esta decisión, ahora inscrita en la Constitución, con el Acuerdo de Libre Circulación de Personas, firmado con el socio principal de Suiza, la Unión Europea (UE).
Pese a diez encuentros con una comisión de la UE para obtener una solución, desde febrero pasado, Berna se encuentra aún con los brazos vacíos y cada vez más cerca del 9 de febrero de 2017, cuando vence el plazo para aplicar a la letra la voluntad ciudadana.
A falta de la esperada renegociación de este acuerdo de libre circulación con la UE, los siete ministros del Ejecutivo helvético anunciaron este viernes, su decisión de continuar los esfuerzos para alcanzar una medida aceptable para Bruselas, e informaron que contemplan establecer un Plan B: una solución unilateral.
El Ejecutivo considera el establecimiento de una cláusula que autorice una limitación temporal y concreta de las autorizaciones de permisos de trabajo de ciudadanos de la Unión Europea y la AELE en la Ley de Extranjería, que responda a las exigencias económicas del país, además de que pretende estimular la mano de obra local, específicamente de trabajadores mayores de 50 años y en el empleo femenino. En dos semanas, el Consejo Federal proporcionará más detalles al respecto.
Ninguna «solución milagrosa»
El ancla para que Bruselas acepte el aún inexistente modelo suizo de cuotas de mano de obra de la UE es la firma de un protocolo de ratificación del acuerdo de libre circulación con Croacia.
Pero este viernes la presidenta de Suiza, Simonetta Sommaruga, advirtió que el camino no es en lo absoluto sencillo. Y sobre detalles de las conversaciones con Bruselas o de la cláusula de salvaguarda posible, hubo poco qué decir: “No podemos dar detalles de las discusiones actuales. El objetivo es que podamos encontrar una solución común que respete, por un lado, el acuerdo de Libre Circulación de personas con la UE, y, por otro, la Constitución. La cláusula de salvaguarda no es una solución milagrosa”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Didier Burkhalter, subrayó que la solución no existe aún.
“El problema no es el plazo”
Para Burkhalter, el problema no está en el plazo para aplicar la voluntad ciudadana, sino en el hecho de que hasta ahora no haya una solución. En marzo, Berna espera tener establecidos algunos modelos posibles para el sistema de cuotas, según informó Mario Gattiker, secretario de Estado de Migración, también presente en la conferencia de este viernes del Consejo Federal, en la capital, Berna.
El Parlamento helvético tendrá, según el plazo de la iniciativa aprobada en febrero, solo nueve meses para trabajar el expediente, a partir de marzo, cuando reciba la propuesta del Ejecutivo. Pero Burkhalter subrayó que los legisladores deben tomarse el tiempo que requieran para tratar el asunto. Lo anterior marca la pauta de que será en 2018 cuando haya figuras claras de los esfuerzos del Gobierno de Suiza para limitar la inmigración, respetando la Constitución helvética, y capoteando la posición de Bruselas, en contra de una reinterpretación del Acuerdo de Libre Circulación.
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