Lo que se necesita para dirigir los derechos humanos de la ONU

La ex Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha sido criticada especialmente por su enfoque sobre China. Keystone / Martial Trezzini

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció en junio que no se presentará a un segundo mandato. Esta decisión, según ella, responde a que quiere pasar más tiempo con su familia y no está relacionada con su reciente —y polémica— visita a China. Pero ¿qué legado va a dejar y qué se espera de la persona que la suceda?

“Michelle Bachelet llegó al cargo con su única perspectiva como víctima de violaciones de derechos humanos, activista y mujer de Estado”, dice Jürg Lauber, embajador de Suiza ante la ONU en Ginebra, donde la oficina de derechos humanos tiene su sede. “Al tiempo que ha destacado las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, ha tendido puentes, dialogando y ofreciendo cooperación”, asienta. 

Expresidenta de Chile (2014-2018), Bachelet fue la primera mujer en América Latina elegida como lideresa. Estuvo detenida bajo el régimen de Augusto Pinochet y su padre murió en una de las cárceles del dictador tras sufrir torturas diarias. 

En septiembre de 2018 Bachelet se convirtió en alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y a lo largo de estos cuatro años su mandato ha conocido una pandemia de COVID-19 y graves crisis de derechos humanos, como las de Birmania, Yemen, Afganistán, Etiopía y Sudán del Sur. Crisis a las que hay que sumar el estallido, a principios de este año, de la guerra en Ucrania. Su mandato se ha visto empañado —casi al final— con la muy criticada visita a la provincia china de Xinjiang.

“Su oficina fue extremadamente receptiva a la hora de promover un enfoque basado en los derechos humanos para abordar la crisis de la COVID y sus consecuencias”, manifiesta el embajador Lauber, que ha declarado a SWI swissinfo.ch que Bachelet también ha sido “una firme defensora de abordar el reto del cambio climático, la pobreza y la desigualdad”.

El director de la ONG con base en Ginebra International Service for Human RightsEnlace externo (Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR, por sus siglas en inglés), Phil Lynch, coincide en que, en estas cuestiones, Bachelet ha desempeñado un papel importante. Así como en las de la migración, el racismo sistémico y la promoción de la igualdad en torno a las vacunas en el contexto de la COVID-19. Pero Lynch es crítico con cómo ha enfocado la alta comisionada la situación de los países, donde dice que ha “privilegiado el diálogo amistoso con los gobiernos por encima de lo que diríamos que son los intereses de un enfoque coherente, no selectivo y basado en principios para hacer frente a las crisis de derechos humanos”.

Su visita a China

El de China es, para Lynch, el ejemplo más notorio. “Donde ha fracasado por completo a la hora de abordar la situación de los derechos humanos, incluidos los crímenes contra la humanidad en la provincia de Xinjiang, así como la represión generalizada en el Tíbet y Hong Kong, la desaparición forzada y detención arbitraria en todo el país de defensores de derechos humanos y abogados”, declara. El enfoque de Bachelet sobre China ha demostrado —según Lynch— una “marcada falta de solidaridad con las víctimas o quienes defienden los derechos humanos y una incapacidad o falta de preparación para pedir cuentas a un gobierno poderoso”.

ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional —amén de algunos Estados— han criticado duramente la visita que Bachelet hizo a China a finales de mayo. Y la han acusado de ser demasiado complaciente con Pekín. También se le ha criticado a Bachelet que no haya publicado —quizás por su viaje a China— un informe de la ONUEnlace externo potencialmente explosivo sobre la violación de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, donde el Gobierno chino —según cantidad de informes creíbles— ha detenido ilegalmente a cerca de un millón de personas pertenecientes a la minoritaria musulmana uigur. El Gobierno de Pekín afirma que los campos de detención son para reeducar y formar, y niega las acusaciones de tortura, trabajos forzados y otros abusos.

“Es difícil ignorar la visita a China, que se produjo justo al final de su mandato”, explica la directora adjunta de Incidencia Política de Amnistía Internacional y directora de su oficina en la ONU en Nueva York, Sherine Tadros. “Creo que eso ha empañado su legado, es lo que básicamente la perseguirá y cómo será recordada”, añade.

Tadros ha indicado a SWI que Bachelet estaba “definitivamente a la vanguardia y muy comprometida” con los derechos económicos, sociales y culturales, y su oficina elaboró un sólido informe sobre Venezuela, que Amnistía Internacional aplaude. Pero su enfoque en la visita a China ha sido nefasto. “Creo que, si eres familiar de alguna de las víctimas o has sobrevivido a los campos, es muy difícil olvidar sus palabras allí sentada en China y hablando de campos de entrenamiento, adoptando el lenguaje propagandístico del Gobierno [chino]. Eso es sumamente dañino. Y no sé cómo se puede reparar”, declara a SWI.

Lynch coincide con ella en este punto. “El diálogo, la cooperación y la asistencia técnica son, por supuesto, formas importantes y legítimas de hacer avanzar los derechos humanos cuando hay voluntad política. Pero cuando las violaciones están institucionalizadas, son generalizadas o, de hecho, forman parte de la política del Gobierno —como es el caso de Xinjiang—, la supervisión, la denuncia y la exigencia de responsabilidades es vital”, observa a SWI.

El informe

Al anunciar su marcha al inicio de la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que ha terminado recientemente, Bachelet dijo que antes de que deje su cargo a finales de agosto publicaría una versión actualizada del informe sobre Xinjiang, que se presentará al Gobierno chino para que haga sus comentarios. ¿Podrá aún redimirse respecto a China?

“Tendremos que ver lo que indica el informe y si la aportación del Gobierno chino —que permitió al final— suaviza lo que entendimos que era un informe bastante fuerte. Porque las pruebas sobre el terreno, documentadas por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros muchos, son muy sólidas y persuasivas”, dice Tadros.

¿Desaparecida en combate?

Lynch opina que Bachelet también ha estado “desaparecida en combate” respecto a la situación de otros países, como Egipto, Arabia Saudí, Bahréin y Venezuela, donde su evaluación de la reforma de los derechos humanos —en su opinión— ha sido “excesivamente optimista”. Y Lynch añade que tampoco consultó ni se comprometió con la sociedad civil “ni por asomo” en la medida en que lo hicieron algunas de las personas que la precedieron, como la sudafricana Navanethem Pillay o el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein.

El director del Centro para los Derechos Humanos del Golfo, Khalid Ibrahim, está de acuerdo y afirma que durante el mandato de Bachelet mucha gente defensora de los derechos humanos —en países como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos— ha sido encarcelada y que Bachelet “hizo muy poco para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestros países”. También lamenta la falta de disponibilidad que Bachelet ha tenido de cara a los grupos de derechos humanos como el suyo. 

Ibrahim admite que quien ocupa el cargo de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se enfrenta a una tarea ardua, pero cree que Bachelet ha pasado demasiado tiempo hablando con los Estados y no el suficiente haciéndolo con la sociedad civil. Si quiere ser la voz de los sin voz, “tiene que escuchar a quienes defienden a esas personas sobre el terreno, tiene que saber lo que está pasando”, señala a SWI.

En busca de quien ocupe el Alto Comisionado

Según reconoció a mediados de junio un portavoz de las Naciones Unidas en Ginebra, el proceso de contratación de quien suceda a Bachelet ya estaba en marcha, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, someterá al próximo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a la aprobación de la Asamblea General, una vez que se identifique una candidatura adecuada. El anuncio se realizará “a su debido tiempo”.

¿Qué importancia tiene este puesto, sobre todo si se tienen en cuenta las limitaciones políticas? “Es vital. Es la voz de la comunidad de derechos humanos”, expresa Tadros, de Amnistía Internacional. “Creo que es un trabajo increíblemente duro, igual que el del secretario general de la ONU. Nadie quita lo delicado que es tener que negociar, por un lado, con los Estados, buscando el acceso y manteniendo a salvo a tu propio personal y, por otro, decir la verdad al poder y exponer lo que está pasando en diferentes países. Es un equilibrio realmente difícil, pero es uno en los que se ha equivocado Bachelet”.  

El embajador suizo ante la ONU en Ginebra, Lauber, afirma que cualquier persona que acceda al puesto de Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe mostrar un “fuerte compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y tener la seriedad necesaria para entablar un diálogo con todos los Estados”.

Lynch cree que hace falta algo más. “Consideramos que el papel del Alto Comisionado es defender los derechos humanos. Es ser el principal defensor de los derechos humanos en el mundo, a diferencia del papel de un diplomático o enviado político”.

Pide un proceso “transparente”

En junio, más de 60 ONG —entre ellas ISHR, Amnistía Internacional y Human Rights Watch— enviaron una carta abiertaEnlace externo al secretario general de la ONU, Guterres, en la que le piden un “proceso consultivo transparente y basado en los méritos” para elegir a la persona que ocupe en adelante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, en su escrito dicen que “debe incluir una consulta amplia y significativa con las organizaciones de derechos humanos independientes y quienes defienden los derechos humanos. Dado que el mandato de la alta comisionada, Bachelet, terminará el 31 de agosto de 2022, es imperativo que este proceso avance rápidamente”.

“Es importante recordar que el Alto Comisionado fue una iniciativa de la sociedad civil. Ya que fue esta la que —en los prolegómenos de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993— identificó la necesidad y la importancia de contar con alguien que liderara y defendiera los derechos humanos a nivel mundial para hacer avanzar los derechos humanos en todo el mundo”, indica Lynch.

Para Ibrahim, miembro del Centro de Derechos Humanos del Golfo, —que también ha firmado la carta— “tiene que haber consultas con la sociedad civil”. Y confirma que su organización está harta de que los altos comisionados de la ONU se seleccionen “a puerta cerrada”.

En esto está de acuerdo otra persona que rubricó dicha carta, Neil Hicks, director de promoción del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, quien señala: “Nos gustaría que se incluyera públicamente a la sociedad civil, para que la comunidad internacional pueda ver que la ONU se esfuerza por garantizar que las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil tienen voz en este proceso”. En su opinión, esto sería un importante reconocimiento de su papel. Especialmente en un momento en el que en muchas partes del mundo —Oriente Medio y el Norte de África incluidos— estas organizaciones corren el riesgo de ser “eliminadas”.   

“Lo que ahora mismo tenemos es un anuncio de empleo, que todo el mundo puede ver en internet, para solicitar el puesto de jefe de derechos humanos de la ONU. Más allá de eso, no sabemos nada. No sabemos quién se ha presentado, cuáles son los criterios reales, si es un proceso real o solamente uno de esos ejercicios de marcar casillas”, afirma Tadros, de Amnistía Internacional.

Editado por Imogen Foulkes

Adaptado del inglés por Lupe Calvo