Los suizos votan sobre la financiación del aborto
La polémica sobre el aborto renace de sus cenizas: una iniciativa popular pide que la interrupción voluntaria del embarazo no sea reembolsada por el seguro médico. Las urnas tienen la última palabra.
El veredicto popular de junio de 2002 parecía haber puesto un punto final a décadas de arduos debates sobre el aborto en Suiza. Con más del 72% de los votos, los electores aprobaron entonces la denominada ley de plazos, es decir, la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas de gestación y, con cerca del 82% de votos en contra, rechazaron una iniciativa que pretendía prohibir la mayoría de las interrupciones del embarazo.
Sin embargo, el movimiento antiabortista ha vuelto a la carga y ahora cuestiona la financiación de la interrupción voluntaria del embarazo. Después de una primera tentativa fallida -una moción parlamentaria que pretendía excluir el aborto y la reducción embrionaria de las prestaciones del seguro médico obligatorio-, en 2009 decidieron recurrir a la democracia directa.
Lanzada por un comité que integra a miembros de varios partidos, fundamentalmente cristianos conservadores, la iniciativa Costear el aborto es un asunto privado – Descargar el seguro médico excluyendo los costes de la interrupción del embarazo del seguro de base obligatorio pide que se introduzca un nuevo artículo en la Constitución.
El texto propone: “En escasas excepciones relacionadas con la madre, la interrupción del embarazo y la reducción embrionaria no están incluidas en el seguro obligatorio”.
Al tratarse de una enmienda constitucional, la iniciativa será sometida a votación el 9 de febrero de 2014 y su aprobación requiere la doble mayoría de votos (población y cantones).
Cerca de 110.000 ciudadanos con derecho a voto han firmado la iniciativa Costear el aborto es un asunto privado, por lo que debe ser sometida al veredicto de las urnas. En el Parlamento solo la respaldaron algunos demócrata cristianos (PDC), una diputada del Partido Evangélico (PEV) y una escasa mayoría de demócratas del centro (UDC, derecha conservadora).
“El aborto seguiría siendo legal, pero su financiación se regularía de forma privada”, precisa Elvira Bader, antigua diputada del PDC y copresidenta del comité de la iniciativa que integran cristianos conservadores.
Para sus detractores, se trata de un mero pretexto para obstaculizar el aborto. “Los autores de la iniciativa intentan combatirlo con otros medios, o sea, atacando el principio de la solidaridad en el que reposa el seguro médico obligatorio”, sostiene Lucrezia Meier-Schatz, diputada del PDC.
“Yo, como el resto de mi partido, hubiéramos preferido una solución diferente a la de los plazos. Pero es la opción que eligió una clara mayoría de la población y la respeto”, puntualiza. “Además, la situación no es alarmante”, porque desde la introducción de la ley de plazos, primero, disminuyeron los abortos en Suiza, y luego, su número se mantuvo estable en aproximadamente 11.000 al año. Durante los años precedentes a la modificación del Código Penal superaban los 12.000.
¿Los ciudadanos no habían entendido?
Aun así, los promotores de la iniciativa afirman que, en la votación de 2002, los ciudadanos no comprendieron lo que implicaba para la Ley de Seguro Médico (LAMal). Las enmiendas a esta ley respecto a la cobertura de los costes se sometieron al veredicto popular al mismo tiempo que las modificaciones del Código Penal relativas al aborto. Todo figuraba negro sobre blanco en la documentación electoral. En ella los adversarios argumentaban: “Es sencillamente escandaloso que quienes se oponen al aborto se vean obligados a financiarlo con sus primas, en constante aumento, del seguro médico”.
De hecho, “lo hemos comprobado durante de recolecta de firmas para la iniciativa: entonces muchos no se percataron de que con aquel sí decidían también cofinanciar el aborto a través del seguro obligatorio”, afirma Elvira Bader.
Según las cifras oficiales más recientes, el coste de una interrupción de embarazo oscila entre 600 y 3.000 francos. El coste medio de una interrupción farmacológica es de 650 francos, el de una interrupción quirúrgica, de 1.000 francos.
Se estima que los costes totales suman cerca de 8 millones de francos anuales. Las intervenciones sucesivas a un aborto se sitúan entre los 10 y 12 millones de francos y representan cerca del 0,05% de los costes a cargo del seguro médico obligatorio. Sin embargo, las mujeres embarazadas asumen una parte de estos gastos (seguro con franquicia y porcentaje de participación), por lo que no recaen en el seguro obligatorio.
Se calcula que los costes corresponden a una carga media de 5 a 6 céntimos mensuales por asegurado, según precisó en el Parlamento el ministro de Salud, Alain Berset.
Una cuestión de ética
Una cofinanciación forzada que, según los autores de la iniciativa, genera un gran conflicto de conciencia entre los adversarios de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, va en contra de los principios de la LAMal, cuyo “objetivo es promover la salud, curar o aliviar enfermedad y, sobre todo, proteger vidas humanas, y no destruirlas”, agrega Elvira Bader, haciendo hincapié en los aspectos ético y moral.
“En el plan ético, lo que debe primar es la salud de la mujer. Pero, en realidad, esta iniciativa se vuelve un debate en torno al dinero y no a la conciencia”, responde Lucrezia Meier-Schatz.
Según la diputada demócrata cristiana, si se privatiza la cobertura de los gastos del aborto se volvería a la situación previa al año 2002, con aplicaciones diferentes de la ley y una desigualdad de trato. Las mujeres con recursos económicos que decidan interrumpir un embarazo constituyen una minoría y seguirán beneficiándose de buenas condiciones, mientras que muchas mujeres en condiciones precarias buscarán soluciones fuera del marco jurídico.
“Las primas de los seguros privados no son tan elevadas como para que no se lo puedan permitir”, impugna Elvira Bader. “Además, un aborto no es muy caro hoy día: no conduce a la pobreza. En Austria, hace casi cuarenta años que los abortos se practican en régimen privado, sin que hayan aumentado los abortos ilegales o los riesgos de pobreza”. Por otra parte, “varios estudios en Estados Unidos muestran que cuando el aborto se financia de forma privada, el individuo adquiere una mayor conciencia y responsabilidad en la sexualidad”.
Abortos clandestinos
Los detractores de la iniciativa insisten en que la tasa de abortos en mujeres en edad fértil en Suiza es inferior a la de Estados Unidos (7,1 por cada 1.000 frente a 19,6 por cada 1.000, según cifras de la ONU para el año 2011) y que es una de las más bajas del mundo. Y sobre todo, la tasa de abortos en jóvenes de entre 15 y 19 años ha descendido de 6 a 4,5 por cada 1.000 entre 2005 y 2012.
Son precisamente las adolescentes que no cuentan con el respaldo de su familia que, privadas de una cobertura de seguro y los recursos económicos necesarios para costear una interrupción del embarazo, se verían abocadas a salir del marco legal. “Retrocederíamos a los tiempos de los abortos clandestinos”, advierte Lucrezia Meier-Schatz.
A su juicio, esto aumentaría los costes en detrimento del seguro obligatorio. En otras palabras: se obtendría el efecto contrario a uno de los principales objetivos de la iniciativa que quiere disminuir la carga del seguro médico básico. “Porque los tratamientos consecutivos a una interrupción del embarazo practicada en malas condiciones sí serían reembolsados”.
Corresponde a la población sopesar los pros y los contras. Todo parece indicar que la campaña previa a la votación será emocional.
Se procede a la eliminación de uno o varios embriones durante un embarazo múltiple generalmente para reducir los riesgos, sobre todo de un parto prematuro, y para mejorar el pronóstico de los embriones restantes.
Actualmente, la reducción embrionaria está sometida a las mismas disposiciones legislativas que la interrupción del embarazo, según la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).
De acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, la interrupción del embarazo está despenalizada “si un médico certifica que es necesaria porque existe un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer” o “si, en una solicitud escrita, la embarazada alega hallarse en un estado de angustia, un médico habilitado puede practicar el aborto en las doce semanas posteriores al inicio de la última menstruación”.
El seguro médico obligatorio cubre los gastos.
“Desde el punto de vista jurídico, no es significativo si se trata de un embarazo natural o por fecundación in vitro, FIV”, precisa la OFSP. Cabe señalar que en el caso de una FIV, solo está permitido desarrollar tres ovocitos por ciclo.
(Traducción del italiano: Belén Couceiro)
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